Un juez Instrucción y Primera Instancia de la localidad coruñesa de Betanzos tomará declaración este viernes a seis de los diecinueve activistas acusados por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y por la familia del dictador de asaltar el Pazo de Meirás el 30 de agosto del año pasado. Se trata de la primera actuación judicial en la que participan los encausados, para quienes los demandantes reclaman penas que suman 247 años de cárcel y casi medio millón de euros en multas e indemnizaciones.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 30 de agosto del 2017, poco después de que la familia Franco encomendara a la FNFF la gestión de las visitas públicas al inmueble, declarado por la Xunta Bien de Interés Cultural en el año 2008. La Fundación anunció que las aprovecharía para hacer apología del legado político del tirano.

Diecinueve personas, relacionadas con las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, con el Bloque Nacionalista Galego y con la central nacionalista Confederación Intersindical Galega (CIG), entraron a mediodía en el pazo, ubicado en el municipio coruñés de Sada, y accedieron por el interior a una de sus torres. Lo hicieron justo a las once de la mañana, la hora en la que debía abrirse el pazo al público según el régimen de visitas pactadas con la Xunta y que los Franco llevaban incumpliendo todo el mes de agosto, durante el que acostumbran a usar el pazo como residencia de verano.

Una vez en lo alto de la torre, los diecinueve desplegaron una gran bandera gallega estrellada sobre la que se leía la leyenda “O pazo é do pobo galego. Franquismo Nunca máis!”. También colgaron una pancarta de diez metros sobre la balaustrada del jardín, frente a la buganvilla ante que los miembros de la familia de Franco suelen ofrecer posados estivales para la prensa del corazón: “Que nos devolvan o roubado!”. Poco después, otro grupo de activistas asaltó la Casa Cornide, otro de los inmuebles expoliados por los Franco, en pleno casco antiguo de A Coruña.

El asalto de Meirás fue pacífico y simbólico, los activistas sólo permanecieron en el pazo unas horas y aseguran que no causaron daño alguno. La Guardia Civil, que llegó a los veinte minutos de iniciado el asalto alertada por el guía que dirigía las visitas al inmueble, los identificó a todos, pero no detuvo a ninguno.

Pocas semanas después, la nieta de Franco, Carmen Franco Polo, heredera y propietaria del pazo, presentó una denuncia contra esas diecinueve personas. Aunque la Fiscalía aún no se ha pronunciado, los abogados de los Franco piden trece años de cárcel para cada uno de los asaltantes por los delitos de daños, odio, allanamiento de morada y contra el honor. Dos meses después de la querella, Carmen Franco falleció. Pero la causa sigue.

“No creo que el juez debiera abrir ni siquiera juicio oral. Lo que hicimos fue un acto reivindicativo y pacífico para defender una demanda que comparte la mayoría de la sociedad gallega, para visibilizarla e incluirla en el debate político en el resto del Estado”, afirma Néstor Rego, portavoz del autobautizado grupo de los 19 de Meirás.

Rego, profesor de instituto y secretario xeral de la Unión do Povo Galego, uno de los partidos fundacionales del Bloque Nacionalista Galego, recuerda que Franco y su familia robaron el pazo y asegura que todos los que participaron en el acto eran conscientes de las consecuencias que podía tener su actuación, en un contexto en el que muchas otras personas estaban siendo objeto de persecución jurídica y policial en toda España por hacer uso de su libertad de expresión.

“Lo más preocupante es ver cómo mientras se habla de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, no se habla de exhumar los restos del franquismo que aún perviven en las instituciones políticas, económicas y judiciales. Pero confiamos en que la lógica democrática acabe triunfando”, aclara.

Este diario ha tratado de obtener la versión de la familia Franco a través de la FNFF, que se ha limitado a recordar que no son “parte demandante en la causa”, en la que solo están personado “como perjudicados”. “No tenemos que decir nada al respecto”, apuntan fuentes de la Fundación.

Recientemente, la FNFF también se ha querellado contra el Gran Wyoming, Dani Mateo y laSexta por “vulnerar el derecho al honor” del dictador en un sketch humorístico del programa El Intermedio.

El colectivo 19 de Meirás, creado en apoyo de los activistas, ha convocado una concentración en los juzgados de Betanzos a la hora en la que están previstas las declaraciones, a la que acudirá la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.