Una total de 186 funcionarios interinos especializados en acogida, asilo y migraciones cesarán próximamente después de cumplir los tres años en su puesto que la ley permite. En concreto, 92 técnicos de la Secretaría de Estado de Migraciones, dependientes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMYSS), tendrán que abandonar sus puestos el próximo 26 de octubre. Los trabajadores advierten de que serán sustituidos —hasta que se cubran las plazas con funcionarios de carrera— por otros tantos interinos de una bolsa genérica de empleo de Administraciones Públicas que no tendrán una formación específica en el campo de inmigración, acogida y asilo ni experiencia en ese campo.

Al mismo tiempo, otros 94 técnicos de la colapsada Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, serán despedidos el próximo diciembre por los mismos motivos. “No se les puede dejar más tiempo en el puesto por imperativo legal. La ley marca que el periodo máximo de interinidad es de tres años y que no se puede volver a contratar a los mismos interinos para el puesto otra vez”, explican a Público fuentes de Interior. Sin embargo, las mismas fuentes precisan que no serán sustituidos por otros interinos, sino que “se va a intentar por todos los medios” que la Oferta de Empleo Público que ya se ha anunciado para cubrir esos y más puestos con funcionarios de carrera esté lista para diciembre o, incluso, antes.

La salida de estos trabajadores, que acumulan ya tres años de experiencia en un área compleja y especializada, no puede llegar en un momento más inoportuno. Las llegadas de migrantes a España se han triplicado respecto al año anterior y, en los diez primeros meses de 2018, han arribado a las costas españolas más de 40.000 personas en precarias embarcaciones, según datos de ACNUR, superando por primera vez la histórica cifra de llegadas de migrantes por mar de 2006, cuando lograron llegar a España (sobre todo, a Canarias), algo más de 39.000 personas, durante la conocida como la “crisis de los cayucos”.

La situación es más acuciante en la Secretaria de Estado de Migraciones, según han denunciado a Público los trabajadores afectados. Calculan que estos 92 empleados cesados y sustituidos suponen más del 60% de los trabajadores del área y que la situación llevará al “colapso” del Sistema Nacional de Acogida, la “saturación de otros servicios médicos y sociales secundarios” y un “incremento de la vulnerabilidad” de los migrantes que llegan cada día a nuestro país. También han expresado su preocupación en varios escritos dirigidos a la ministra Magdalena Valerio; al subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Raúl Riesco Roche; y a José Antonio Benedicto, Secretario de Estado de Función Pública. Lo mismo han hecho los sindicatos CGT y CCOO, aunque por el momento, nadie ha recibido respuesta alguna.

Estos 92 trabajadores fueron contratados de forma urgente en 2015, cuando la llamada “crisis de los refugiados” obligó a la Unión Europea a poner en marcha el programa de reubicación y reasentamiento de refugiados, sobre todo, procedentes de Siria, que estaban llegando de forma masiva a Italia y a la islas griegas. Un programa cuyo plazo finalizó el año pasado sin alcanzar las cifras de acogida dictadas por Bruselas en prácticamente ninguno de los países de la UE. En el caso de España, apenas se superó el 12% de la cuota obligatoria y el Tribunal Supremo ha condenado al Estado y le ha obligado a continuar la tramitación de las solicitudes de asilo que restan.

La contratación de estos interinos se realizó en el marco de un programa bautizado con el mismo nombre pero no necesariamente vinculado a éste, precisan los empleados. El “programa de reasentamiento y de reubicación, en el marco del sistema de acogida e integración de solicitantes de asilo y refugiados” es de carácter temporal y financiado hasta al 100% con fondos europeos. “Su objeto era dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por España derivadas de la Agenda Europea de Migraciones. Se inició el 26 de octubre de 2015 y, por tanto, finalizará el 26 de octubre de 2018”, explican desde el MITRAMYSS.

Contratación "urgente, específica y exigente"

A los interinos se les contrató en un proceso selectivo “urgente, específico y exigente”, apunta una de las trabajadoras afectadas. “Pedían experiencia en atención al colectivo de inmigrantes y, en especial, en el campo de asilo. Experiencia en diseño y elaboración de programas sociales, en valoración de necesidades sociales, en gestión de proyectos, de subvenciones y de fondos europeos, formación en atención de necesidades sociales, inglés nivel alto y formación específica en el campo de las migraciones y atención y ayuda humanitaria”, enumera esta afectada. El colectivo denuncia además que han desempeñado funciones “básicas y habituales” en esta administración, “puestos estructurales cubiertos por trabajadores temporales y que siguen siendo necesarios para el funcionamiento básico de la Secretaría de Estado de Migraciones, no sólo relacionado con ese programa concreto”.

Desde el MITRAMYSS afirman a Público que en julio de este año se ha autorizado una “oferta de empleo público extraordinaria” con la que se cubrirán esas 92 plazas, “lo que permitirá desarrollar funciones en este ámbito con una plantilla estable”, y que “en este momento se está tramitando la cobertura inminente de 88 de esas plazas con funcionarios interinos que serán sustituidos posteriormente por aquellos que superen esos procesos de selección”.

“De la noche a la mañana, la gestión de los flujos migratorios y el fortalecimiento y desarrollo de una política común en materia de asilo y de inmigración para el periodo 2014-2020 dejará de ser gestionada por funcionarios con formación, trayectoria y experiencia especializada en el campo de las migraciones, para ser gestionada por funcionarios sin experiencia contrastada en migraciones”, denuncian los interinos, que piden mantener sus puestos hasta que la plaza sea cubierta con personal funcionario, algo que podría retrasarse “más de un año”. “Es absurdo tirar a la papelera la experiencia y la formación adicional que se nos dio cuando llegamos al puesto, una formación que corrió a cargo de los Presupuestos generales del Estado”, asegura una afectada, que precisa que desde esta semana, el personal que va a cesar en sus funciones “está formando a los nuevos interinos que les van a sustituir” cuando “legalmente no hay impedimento para prorrogar los contratos más tiempo”.

Agilizar la llegada de funcionarios

La Oferta de Empleo Público con la que se cubrirán estos puestos fue publicada en el BOE el pasado verano y contempla la creación de un total de 323 plazas. De ellas, 231 corresponden a personal de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, donde en diciembre cesarán 94 interinos. De esta forma, la oficina saldrá reforzada tras la consolidación de estos puestos, aunque está por ver si las plazas se cubren antes de cese de los interinos, ya que el plazo marcado para estas oposiciones va de 2019 a 2020.

Sin embargo, sólo 92 de estas plazas serán para la Secretaría de Estado de Migraciones, las mismas que los interinos cesados, por lo que no habrá creación de empleo neto ni refuerzo de ningún tipo en un departamento que, según trabajadores y sindicatos, necesita mucho más personal del actual.

Desde el sindicato CCOO critican que el Gobierno vaya a “sustituir personal temporal por personal temporal hasta que se cubran puestos de forma definitiva”. “Va empeorar el problema y el atasco que estos servicios tienen”, explican en un comunicado. “Estos servicios necesitan más plantilla, no sustituir temporales por otros sino mantener a los existentes y nombrar adicionalmente nuevo personal interino”, exige el sindicato.