"En nuestro país aún persisten disparidades entre mujeres y hombres, y las mujeres siguen siendo mayoritarias en sectores laborales peor retribuidos y están infrarrepresentadas en puestos de responsabilidad. El escaso apoyo a la maternidad y paternidad limita las tasas de empleo femenino, y en el hogar las mujeres siguen trabajando más horas, sin salario, que los hombres. Las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales, imponen una pesada carga a la economía y suponen un despilfarro de talento para nuestra sociedad". Así arranca el punto IV de la exposición de motivos de la Ley de Igualdad de Andalucía, que se publicó este lunes en el BOJA y hoy entra en vigor y que reforma la norma del año 2007. El texto fue aprobado en el Parlamento de Andalucía el pasado 26 de septiembre con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y PP y el rechazo de Podemos, que considera que el PSOE practica un "feminismo de moqueta que no cambia la vida de las mujeres reales".  

"Se trata de avanzar en el desarrollo de la normativa de igualdad de género andaluza a fin de conseguir profundizar en los instrumentos y las herramientas imprescindibles para que la igualdad legal se plasme en la realidad cotidiana de las mujeres y hombres de Andalucía", prosigue la exposición de motivos. La norma prevé sanciones administrativas de hasta 120.000 euros por "el comportamiento contrario a los derechos previstos en esta ley, de naturaleza sexual o no, realizado en función del sexo de una persona, que produzca el efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma". 

La norma da las siguientes definiciones: "Se entiende por acoso sexual el comportamiento de tipo verbal, no verbal o físico de índole sexual realizado por el hombre contra la mujer, que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral".

"Se entiende por acoso por razón de sexo el referido a comportamientos que tengan como causa o estén vinculados con su condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral". 

"Se entiende por lenguaje sexista el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo". Y, por último, "se entiende por interseccionalidad la situación de discriminación múltiple en que una mujer padece formas agravadas y específicas de discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o discapacidad".

La ley prevé también un plan contra la trata y la explotación sexual. En su artículo 47 establece lo siguiente: "Los poderes públicos de Andalucía adoptarán las acciones necesarias para la atención social a las mujeres prostituidas y víctimas de trata y explotación sexual, para lo que elaborarán un Plan integral para la erradicación de la trata y la explotación sexual". El Plan aún no tiene contenido y le tocará al próximo gobierno que salga de las urnas elaborarlo y ejecutarlo.

Novedades de la norma

Entre las novedades más importantes que esta ley introduce, su exposición de motivos destaca: "En materia educativa, se profundiza en los principios de una escuela coeducativa y en la corresponsabilidad, aportando herramientas para facilitar la integración de los objetivos coeducativos en el currículum escolar. Para la revisión de los libros de texto y el resto de materiales curriculares se constituye, en el seno de la Administración educativa, una comisión de personas expertas para valorar su adecuación a estos principios. En la enseñanza universitaria se reconocen las unidades de igualdad de género de las universidades de Andalucía. Es de destacar el nuevo artículo dedicado al papel de las mujeres en la ciencia y en I+D+i, con el fin de ayudar a superar los obstáculos que hoy todavía encuentran las mujeres en estos campos del conocimiento, incluyendo mecanismos que eviten el sesgo de género en todo el proceso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, extendiendo estas medidas al ámbito de competencias del Sistema Andaluz del Conocimiento". 

Luego, indica: "En las políticas de empleo, se incluye un nuevo artículo dedicado a la cuestión de la brecha salarial entre mujeres y hombres en Andalucía. Se trata de desarrollar acciones específicas para abordar esta problemática que aún persiste en nuestra sociedad, conciliando los objetivos con los agentes económicos y sociales más representativos y realizando análisis y auditorías que permitan valorar de forma continuada esta situación y evaluar las acciones. En la nueva disposición adicional que se introduce se prevé la realización de un plan especial para abordar este asunto". Tampoco tiene contenido aún y también le tocará elaborarlo y ejecutarlo al nuevo gobierno. 

A continuación, la exposición de motivos se ocupa de las políticas de promoción y atención a las mujeres y dice que la ley "aborda temas que hoy son importantes en nuestra sociedad, como son los relativos al deporte y mujer, cultura y mujer y cooperación al desarrollo. En estas cuestiones se aplican los mismos principios de evitar la discriminación y el fomento de estereotipos sexistas vinculados a esta y se introducen aspectos reguladores de la política de la Junta de Andalucía en estas materias que favorezcan la integración de la perspectiva de género y prevengan situaciones de discriminación".

"En materia de garantías para la igualdad de género, se introduce un nuevo aspecto no contemplado previamente por nuestra legislación en materia de igualdad, que es el papel de la Administración en la defensa del principio de igualdad de género. Se define y delimita esta función y se establecen mecanismos que permiten a la ciudadanía reclamar ante situaciones donde entiende que se conculcan sus derechos a la igualdad de género y a la no discriminación, otorgando a la Administración competente de la Junta de Andalucía, en este caso al Instituto Andaluz de la Mujer, la facultad de recoger, investigar e informar sobre estas cuestiones".

Así, dice la exposición de motivos: "Una de las grandes aportaciones de esta ley es la inclusión de un nuevo título V, que aborda las infracciones y sanciones, con pleno respeto a los regímenes ya existentes en materia de empleo, a las competencias atribuidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a las cuestiones relacionadas con los supuestos de la publicidad considerada ilícita, reguladas en la legislación general sobre publicidad y en la legislación básica en materia de competencia".

Soledad Pérez es diputada del PSOE en la Cámara andaluza y es una de las artífices de la reforma, sobre la que subraya los siguientes aspectos: "La ley andaluza es una de las pocas que incluye sanciones, ni siquiera la ley nacional las tiene. El Instituto Andaluz de la Mujer amplía sus funciones, se empodera al organismo de igualdad de la Junta para que pueda abrir expedientes incluso de oficio y emitir dictámenes. Somos las únicas en blindar los centros municipales de información a la mujeres con 50% financiación y las únicas en obligar a planes locales de igualdad recuperando competencias locales. Los permisos de paternidad también son los únicos establecidos por ley e incluso mayores que los compromisos PSOE-Podemos estales en el acuerdo de los nuevos PGE y también se blinda el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, que hasta ahora era solo resolución de Consejo de Gobierno. La igualdad después de 11 años no solo se consigue con concienciación, sino con compromisos claros y sin miedo al feminismo". 

Razones del no de Podemos

Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos y candidata a la presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, explica a Público por qué decidieron votar en contra de esta norma: "Votamos que no por varias razones. En primer lugar, las mujeres estamos hasta los ovarios de leyes de igualdad. Estas leyes de igualdad ni se comen, aunque algunas coman de ellas, ni se han cumplido, ni han evitado que la crisis y los ajustes se ceben con nosotras. El PSOE practica un feminismo de moqueta que no cambia la vida de las mujeres reales. Durante tres años se ha negado a cualquier propuesta que acabe con la precariedad de las kellys de la Junta, el personal subcontratado y feminizado cuya explotación consiente y promueve el Gobierno andaluz. Defienden un feminismo que es para ellas, para seguir viviendo del cuento. Mientras, siguen llenando los bolsillos del ÍBEX a costa de la salud y los derechos de nuestras madres y hermanas. No nos prestamos a lavados de cara. Nosotras queremos rescatar servicios privatizados, que están muy feminizados".

"En segundo lugar, -prosigue Rodríguez- el incremento del IPC a las pensiones no contributivas es un insulto. Se gastan 12 millones al año en pensiones y 14 millones en autobombo de una sola empresa pública. Es un insulto a nuestras madres y abuelas que se han partido el alma trabajando toda la vida sin ser reconocidas. Ellas cobrarán con el magnífico incremento previsto 386 euros al mes, lo mismo que algunos diputados en dietas sin justificar a la semana ¿Quién vive con 386 euros? Eso también es violencia machista. Nosotras proponemos equiparar las pensiones no contributivas al IPREM y blindarlas con el IPC".

"En tercer lugar, votamos que no porque se han negado a garantizar el aborto en la sanidad pública con total normalidad. Las señoras del PSOE obligan a las mujeres y a las chavalas a ir una clínica privada, muchas veces en otro municipio, con una sensación horrible de clandestinidad. Y, por último, la ley permite sancionar debates sobre prostitución mientras jefazos del PSOE andaluz se han gastado decenas de miles de euros de los parados y de las paradas en puticlubs. Las prefieren sin voz y en la oscuridad del club de alterne. Hasta para abolir la prostitución hay que hablar de ella. No queremos ninguna ley mordaza", remacha Rodríguez.

Rodríguez se refiere al artículo 76. g) de la ley, que considera infracción grave de la norma y por tanto, sancionable con entre 6.000 y 60.001 euros, la organización o desarrollo de "actos culturales, artísticos o lúdicos que, por su carácter sexista o discriminatorio por razón de sexo, vulneren los derechos previstos en esta ley o justifiquen o inciten a la prostitución o a la violencia de género".