Luis Grigelmo forma parte de un grupo de 172 familias afectadas por un proyecto cooperativista de viviendas protegidas de tipo básico (VPPB) en el madrileño barrio de Villaverde Bajo, un plan que lleva atascado desde hace casi un año y que "está siendo una verdadera pesadilla" para los demandantes. "Solamente pedimos que nos dejen construir nuestra casa", critica.

El periplo de la cooperativa Vitra comenzó realmente en 2011, cuando compró mediante un concurso público una parcela para construir 172 VPPB. La sociedad, impulsada por CCOO, pagó a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) lo previsto en el contrato, esto es, el 5% del precio del terreno más un millón de euros por la totalidad del IVA. El resto tenía que abonarlo en dos plazos antes de finalizar 2013. 

Vitra acordó el préstamo hipotecario con Bankia, pero después de que la entidad bancaria tuviera que ser rescatada por el Estado, la cooperativa se quedó sin financiación y no pudo realizar los pagos previstos, es decir, el 95% del precio de la parcela, que asciende a un total de 6.716.000 euros.

Desde 2013 hasta el año pasado, la situación ha estado en un "limbo", según cuentan a Público miembros de esta cooperativa. En este sentido, Luis Grigelmo, que pertenece a la comisión de representantes de vecinos, señala que el organismo instrumental del Gobierno "no se había interesado lo más mínimo en este terreno durante esos cuatro años".

Concentración de los miembros de la cooperativa Vitra frente a la parcela situada en el barrio de Villaverde Bajo (Madrid). SONRYE FOTOGRAFÍA

El proyecto de la cooperativa dio un giro de 180 grados a mediados de 2017, cuando Vitra, que había devuelto el dinero a las familias que en 2011 se quedaron sin la vivienda demandada, consiguió la financiación mediante un acuerdo con Caixabank. De este modo, la sociedad comunicó a Sepes su intención de pagar el monto restante.

La cooperativa volvió a lanzar la oferta y comenzó a captar a los nuevos socios. "Pese a la existencia de financiación y a los nuevos cooperativistas, Sepes, dos o tres meses después, interpuso una demanda para recuperar la titularidad del suelo", comenta Grigelmo, que entró a formar parte de Vitra en enero de este año y ha pagado ya 24.000 euros. Desde entonces, "no hemos podido avanzar en el desbloqueo de dicha problemática", añade.

Hasta el momento, los cooperativistas han dirigido numerosos escritos a la empresa pública y al Ministerio de Fomento. En este sentido, el pasado 2 de octubre consiguieron reunirse con el nuevo director de Sepes, Alejandro Soler —relevó a la anterior directora con el Gobierno de Mariano Rajoy, Lucía Morales—, que "se comprometió" a volver a convocarles en noviembre para darles una respuesta, pues, según alegó, "estaba esperando un informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad del proyecto".

En ese encuentro, además, Soler advirtió a los cooperativistas de que tendrían que hacer frente a los intereses de demora, que podrían ascender a un millón de euros, tal y como señala a Público el miembro de la comisión de representantes de vecinos. "Lo que queremos es que nos dejen pagar los casi siete millones de euros pendientes. Queremos que nos den el el visto bueno para empezar a construir ya. Pero si encima tenemos que abonar los intereses de demora, no sé hasta qué punto sería viable el proyecto, teniendo en cuenta que hemos adquirido una VPPB y no una vivienda normal", agrega Luis Grigelmo.

Por su parte, Vitra, que volverá a reunirse con Sepes el próximo 15 de noviembre, ha enviado al organismo público un dictamen elaborado en un bufete de abogados en el que ya se avala jurídicamente la legalidad del plan de viviendas.

Los cooperativistas, en otro intento de desbloquear la situación, han mantenido reuniones con el concejal del distrito de Villaverde, Guillermo Zapata, y con diputados de Unidos Podemos y del PSOE. "Sumamos el apoyo de todos ellos, incluso de los socialistas, pero ahora que han llegado al Gobierno, nos hemos encontrado con el mismo bloqueo", matiza José Miguel García, otro afectado que participó tanto en el anterior proyecto como en el actual. "Decidí volver a apostar por esta cooperativa por su honestidad a la hora de devolver el dinero", cuenta a Público este vecino, que ha depositado ya unos 30.000 euros en este nuevo proyecto.

Un fondo buitre con diferentes condiciones

Los vecinos también critican la existencia de un fondo buitre propietario de un conjunto de nueve parcelas localizadas en la misma urbanización. "Las condiciones del pliego de ese concurso parecían hechas a medida: un solo lote de nueve parcelas, lo cual hizo imposible, por su monto económico, la concurrencia de promotoras o cooperativas", consideran los socios.

Asimismo, los demandantes se quejan del plazo de cinco años que Sepes concedió al fondo Alquila Capital para pagar los terrenos. "Cinco años es un plazo aún mayor que el que había solicitado Vitra y que fue rechazado. Obviamente, la cantidad que debe depositar el fondo es mucho más superior, pero estamos hablando de un fondo buitre, que tiene mucha más capacidad económica que una cooperativa", rechaza Grigelmo. "En este país, si no tienes dinero estás jodido", justifica.

En el caso de las parcelas de Alquila Capital, los vecinos cuentan a este medio cómo "en cuestión de poco tiempo" han comenzado los trabajos de construcción de las viviendas. "Siento impotencia al ver cómo van edificando en las parcelas de alrededor mientras nosotros seguimos igual", reprocha una afectada anónima de 27 años, que ya ha depositado 23.000 euros. "Hemos invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto porque sabemos que es viable jurídicamente y además disponemos de la financiación necesaria para ponerlo en marcha", añade.

Desde Sepes explican a Público que la decisión dependerá del informe solicitado a la Abogacía del Estado. También, aclaran que la judicialización del asunto fue obra de la anterior dirección, liderada por Lucía Morales. "Nos hemos encontrado con este problema. El desbloqueo de la situación está muy complicado, pero actualmente estamos haciendo todo lo posible por solucionarlo", alegan fuentes del organismo estatal.

Mientras tanto, los vecinos esperan como agua de mayo a la próxima reunión con la entidad pública, pues confían en que este "proceso frustrante" finalice y la conclusión sea favorable. "Llevamos mucho tiempo esperando una solución porque los meses pasan y se nos acaba la paciencia. Necesitamos una respuesta ya", clama a este medio una vecina afectada.