La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) entra en su recta final y ahí, más vivas que nunca, siguen las modificaciones más polémicas impuestas por PP, PSOE y Ciudadanos. Estos grupos han decidido convencer al Congreso (PDF) para eliminar la figura juez de en algunos supuestos de bloqueo de archivos, concretamente cuando la conducta vulneradora sea reiterada, en virtud de una modificación del artículo 195.6 de la LPI.

Incluso el juez quedará al margen de todo el procedimiento si, en un primer lugar, el supuesto infractor retira voluntariamente contenidos de su sitio web: la segunda denuncia (y las sucesivas) será considerada como reiteración, así que no habrá juez que valga.

Parece grave, ¿verdad? Pues en un contexto en el que tanto desde el Legislativo español como desde el comunitario se están debatiendo y votando, una tras otra, varias medidas que pueden restringir las libertades en la red, la ausencia de una verdadera movilización contrasta con situaciones anteriores, desde las manifestaciones contra las primeras redacciones de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), hace más de 15 años, hasta la propia 'Ley Sinde' hace ya seis años.

Si bien Podemos ya ha anunciado que se opone, esta postura no variará el resultado. "Lo cierto es que detectamos en su día la enmienda de marras, la 32, porque en su momento nos topamos con ella", lamenta el abogado especilizado en nuevas tecnologías David Bravo, una de las voces más activas de denuncia de esta modificación.

"A la gente cada vez nos la suda más todo lo que tiene que ver con internet", afirma a las claras Bravo. "Mientras que el 'lobby' de la industria puede pagar a sus 'lobbistas', y pueden estar décadas y décadas haciendo el mismo trabajo de presión, los que hicimos un poco de contrabalanza dentro de nuestras posibilidades terminamos muy cansados, agotados y con la acumulación de responsabilidades familiares y laborales propias de la edad. No ha habido un relevo generacional porque las nuevas generaciones han dado por hechos derechos que no venían dados sino que existían porque había gente que los estaba peleando y manteniendo".

"Es muy sintomático que el artículo 13 de la nueva directiva de copyright se bautice por los activistas como una ley 'anti memes' para ver si así se consigue algún tipo de reacción", afirma. "Todo esto demuestra que el 'lobby' de la industria de contenidos puede pasarse décadas haciendo su trabajo de presión, mientras que los activistas tienen un tiempo limitado y si no son sustituidos la batalla se la termina llevando la otra parte”.

Para el abogado y director jurídico de la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Carlos Sánchez Almeida, esta "desmovilización" y aparente apatía ciudadana responde quizá a un asunto sociológico "Durante mucho tiempo la forma de protesta de la ciudadanía eran las redes. Todo ello funciona hasta el 15M, que es el punto culminante en el que se logra constituir un movimiento desde las redes. Ahora, existe una desmovilización que creo que viene desde la politización del mismo, como ya pasó en la Transición".

"Hay un problema serio con el uso partidista de las redes sociales hace que sólo vean las cosas desde su prisma, se obsesionan con los 'hashtag'...", apunta Almeida, que añade: "Todo lo novedoso, en el momento en el que queda en manos de un partido o de un director de comunicación, pierde su gracia y su impulso, y la gente se da cuenta de eso".

"Ojalá hubiese equipos de personas analizando frase por frase cada una de las leyes y normas que nos quieren colar, porque al final ese trabajo lo estamos haciendo abogados, de forma completamente amateur, al margen de nuestras obligaciones personales y sin ser remunerados por ello", subraya Almeida.

La ley hasta ahora y lo que viene

"El juez que ahora los partidos van a eliminar, como garantía mínima frente a las decisiones de la 'Comisión Sinde', es una figura que metió Zapatero en su momento porque la gente se le echó encima", comenta David Bravo. "No diré que era una figura cosmética, pero casi: el juez no podía meterse en la cuestión que más problemas daba al Ministerio de Cultura, es decir, en la cuestión de fondo, porque el Ministerio quería ser el que decidiera si existía o no infracción en los casos de páginas de enlaces".

Imagen de David Bravo proporcionada por él mismo. ARCHIVO

“Cuando los jueces estaban diciendo que no [los litigios en los tribunales terminaban, casi siempre, estableciendo que no existe infracción], llegó la 'Ley Sinde' que mantuvo a los jueces lejos de ahí en los procedimientos administrativos y comenzaron a llegar resoluciones en esa vía que decían lo contrario que lo que venían sosteniendo los juzgados", añade este abogado, uno de los litigantes con más éxito en demostrar que la actividad de enlace en la web no tiene por qué suponer una ilegalidad.

"El juez que prevé la normativa vigente hasta ahora es del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, que tiene que validad las ejecuciones de las resoluciones a las que llegue la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura ('Comisión Sinde'), aunque sin discutir la legalidad de la resolución; y sólo puede denegar la aplicación si afectaba al derechos fundamental a la libertad de expresión y de información, fuese errada o no la resolución". "Ahora, con la enmienda 32, en los procedimientos sancionadores se eliminará esta figura como algo innecesario", añade.

"Es importante recordar cómo se llega a un procedimiento sancionador: bien cuando un sitio web —y a criterio de la citada Comisión, esto es importante— ha infringido varias veces, en ese caso se abre procedimiento sancionador; o bien cuando en un primer moneto el responsable de la web hizo caso a la Comisión y retiró los contenidos, y después —también a criterio de la Comisión— reanudó la actividad. Con la nueva ley, en este segundo caso nunca habrá habido un juez", subraya Bravo.

Razones para una enmienda

"En general, la 'Comisión Sinde' se endurece al máximo posible, prescindiendo de la figura del juez, que estaba reservado para los casos de protección de los derechos de libertad de expresión e información", comenta Bravo, y añade que, "por lo tanto, en los procedimientos sancionadores — con multas que pueden llegar incluso a los 600.000 euros— podrá cerrar páginas web sin que un juez aparezca en todo el proceso".

Si bien hay quien defiende esta medida por una cuestión de celeridad en los procesos, existen otros múltiples supuestos en los que la eliminación de contenidos 'online' (como los contenidos de carácter pederasta o los que aluden a la venta de sustancias no autorizadas) no cuenta con mecanismos tan polémicos, elaborados y enrevesados como los que prevé la LPI.

Según Bravo, existen sobre todo dos razones, una más práctica y otra más de fondo. "La primera, por el inmenso trabajo de 'lobby' que se hace por parte de la industria cultural de EEUU, que homogeneiza las leyes en todos los países y si un país se 'descuelga' un poco lo meten en la lista 301 con las sanciones comerciales que lleva aparejado, como sucedió con España tras las resoluciones favorables a las webs de enlaces", afirma este abogado.

"Por otro", añade, "creo que es un síntoma de que la obstinación de regular la propiedad intelectual como una propiedad, pese a que es algo que no es apropiable por definición ni tiene las notas características de una propiedad, lo que hace que el Legislador tenga que estar permanentemente constriñendo los supuestos o aumentando los castigos porque sencillamente está intentando un imposible: conseguir un efecto de exclusión de un bien inmaterial en un entorno digital".

"Es decir, los costes de exclusión para mantener a terceros fuera del uso de mi propiedad material son asumibles y generalmente eficaces; sin embargo cuando se regula el trabajo creativo creando la ficción de que los bienes inmateriales son también una propiedad y se pretende un efecto de apropiación semejante los costes de exclusión se disparan y son además generalmente ineficaces", explica Bravo a Público.

"Como los bienes intelectuales no tienen las características propias de la propiedad y el legislador se ha empeñado en tratarla como si lo fuera, el único modo de intentar conseguirlo es con una batería de leyes desmesuradamente punitivas o que buscan atajos mediante algoritmos como con el artículo 13 de la directiva comunitaria del 'copyright' o prescindiendo de jueces, como con la 'Ley Sinde'".

Para Bravo, existe un peligro claro de que el derecho fundamental a la libertad de expresión pueda ser menoscabado. "Ya se ha visto, de hecho, en el caso GoEar, que era una web igual que YouTube pero si el dinero que tiene YouTube, alojaba contenido de audio; intentaron cerrarla por la 'Ley Sinde porque sus contenidos eran subidos por los usuarios. Así, la Comisión Sinde dijo que había que cerrarla, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo dijo que no se cerraba porque había archivos de todos tipo, incluso de partido políticos y sus mítines. Y luego, la Audiencia Nacional terminó cerrándola".

"Ahora ni siquiera va a haber juez", remarca el abogado: "Si en el caso GoEar sólo con cambiar el tipo de procedimiento y de jueces (de los del orden civil al administrativo) ya pasó lo que pasó, imagina ahora el panorama, sin juez en absoluto y con un órgano administrativo decidiendo a su arbitrio.”

"El trabajo de filtro judicial para comprobar si una decisión de la Comisión Sinde afecta al derecho fundamental de la libertad de expresión ya ni siquiera existirá por vía judicial: lo decidirá todo un órgano administrativo", concluye.

La otra enmienda: la cuestión de los intermediarios

Otra de las enmiendas incorporadas, la 33, también propuesta por PP, PSOE y Ciudadanos, excluye al intermediario no infractor del proceso como parte interesada, al modificar el artículo 195.3 de la LPI. Un intermediario puede ser Google, pero también un foro abierto o un servicio de hosting, en la medida en que no son partes directamente infractoras pero pueden alojar o distribuir material ilícito de terceros.

Esta propuesta se justifica, asimismo, para aportar más agilidad al procedimiento: sólo la parte denunciante y la denunciada podrán participar —y presentar alegaciones— en el procedimiento ante la Comisión de Propiedad Intelectual.

Pero ¿cómo agiliza el proceso eliminar a los intermediarios de la ecuación? Pues normalmente el hecho de tener que contactar con esas empresas, que a veces están situadas fuera de España, puede retrasar la acción ‘antipiratería’ del Ministerio de Cultura. Con esta enmienda, al situar al intermediario fuera del procedimiento, no hay obligación de informarle y, por tanto, se puede desarrollar el procedimiento sin contar con él.

"En el caso QueDeLibros, se declaró la nulidad del expediente precisamente por no haberse dirigido contra el verdadero responsable, que era la página donde estaban los contenidos denunciados", recuerda Almeida. "La idea de dejar fuera de un procedimiento administrativo a alguien a quien le pueda perjudicar vulnera su derecho de defensa", añade el abogado.

Para David Bravo, que tuvo una breve pero intensa experiencia en el Congreso como diputado, los parlamentarios viven casi siempre al margen de los ciudadanos. "Creo que los políticos viven en general en un limbo muy alejado de la realidad", comenta Bravo. "Recuerdo que cuando estuve en la Comisión de Cultura, las cosas que decía allí —que eran completamente evidentes para cualquiera que no fuera un político de aquella sala— eran percibidas como una cosa muy extraña". "Al final, yo lo que sostengo es que la propiedad intelectual es un medio, no un fin".

"El 'copyleft' español se agotó en el 15M, la idea de integrar esto en un movimiento más amplio desactivó el movimiento en las redes", comenta por su parte Carlos Sánchez Almeida. "Y no nos engañemos: miremos lo que ha pasado por la protección de datos, que ha tenido el voto de todos los partidos porque algunos ni siquiera se habían enterado de lo que había ahí", remarca, en relación a lo que confesaron desde Podemos a eldiario.es, que "no vieron" el precepto que permite a los partidos barrer las redes en busca de las opiniones políticas de los usuarios.