Una vez más, y ya van cinco, el desahucio de Josefa Santiago ha quedado suspendido y sin próxima fecha. La mujer, de 65 años, y sus dos hijas podrán permanecer en la vivienda del edificio del número 11 de la calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés, donde llevan viviendo de alquiler desde hace 20 años. Al menos será así hasta que el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid vuelva a fijar el día y la hora para el lanzamiento. "Es muy duro, no se puede describir cómo es vivir pensando siempre en que puede ser el último día en tu casa. Yo no tengo otro sitio a donde ir. Hay que vivirlo para saber la angustia que se siente", aseguraba la afectada a los numerosos medios de comunicación que han acudido a la concentración.

La lucha de Pepi, que es también la de los inquilinos de todo el bloque, es ya un símbolo de resistencia del movimiento por el derecho a la vivienda, contra la burbuja del alquiler y la especulación inmobiliaria en Madrid, y también una potente muestra de que la movilización ciudadana y la atención mediática sirven para paralizar desahucios.

La mujer, viuda, con dos hijas y una prestación social no muy elevada ha pagado siempre los 400 euros mensuales de alquiler, pero eso no ha impedido que la nueva propietaria del gran parte del bloque se niegue a renovar los contratos de alquiler. Su plan es vaciar la viviendas, reformarlas y sacarlas al mercado a un precio de hasta el 300% más de lo que Pepi y sus vecinos pagan. Pero en lugar de aceptar la nueva situación, los vecinos de Argumosa, 11 han decidido pelear para quedarse en su barrio de toda la vida y no formar parte de los más de 7.500 desahuciados por impago del alquiler que se registraron en el último trimestre, casi un 8% más, la cifra más elevada hasta ahora relacionados con la Ley de Arrendamiento Urbanos, según datos del Poder Judicial.

Desde muy temprano, alrededor de las 5.00 horas, han ido llegando vecinos y activistas a la puerta del edificio, convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid o el colectivo Bloques en Lucha, entre otros. El objetivo era claro: presionar para que Pepi se quedara. Y lo han conseguido. Tras una larga hora esperando a que llegara el despliegue policial, a las 6.30 llegaban a la calle Argumosa cuatro furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Era la hora que había fijado la jueza para el desalojo. Muy temprano, para evitar concentraciones ciudadanas que pudieran impedir el lanzamiento.

En su auto, al que ha tenido acceso Público, la jueza había decretado “horas y días inhábiles”, es decir, fuera del horario habitual de los funcionarios judiciales, para que la comisión judicial se personase en el inmueble, "ya que al menos en tres ocasiones se ha tenido que suspender [el desahucio] por circunstancias ajenas al trámite procesal”, especificaba en el auto. Pero no ha servido de nada. Los activistas temían un dura intervención policial y, en cuanto llegaron los antidisturbios, bloquearon la puerta y las escaleras del edificio. Arriba, en el cuarto piso, en la que aún es la casa de Pepi, otro grupo de activistas acompañaba a la afectada y a su familia. Fuera, un cordón humano compuesto por mujeres, con cascos de obra azules y chalecos, ocupó la primera fila. Las consignas estaban claras: resistencia pasiva, nada de violencia, aguantar.

Policías antidisturbios llegan a la calle Argumosa de Madrid para ejecutar el desahucio de Josefa Santiago. -JAIRO VARGAS

"Saben ustedes que están impidiendo que se ejecute un mandato judicial", advirtió el agente al mando del operativo, pero los concentrados se mantuvieron firmes y respondieron que otro mandato, el del Comité de Derechos Económicos y Sociales (DESC) de la ONU, había dejado claro que el desahucio de Pepi no podía llevarse a cabo sin una alternativa habitacional.

No hubo tensión. Los agentes pidieron a Pepi que bajase a la calle para entrevistarse con la comisión judicial. La mujer se abrió paso entre los concentrados, que coreaban "no estás sola", y junto a su abogada, Alejandra Jacinto, salía al encuentro cruzando los dedos para no tener que irse a la calle. "No sé que va a pasar", explicaba a los medios con un rostro visiblemente agotado, aunque tenía esperanzas. Ya había salvado los muebles otras cuatro veces.

No ha sido el doble escrito del Comité DESC pidiendo la suspensión de desalojo lo que ha hecho a la jueza aplazar el desahucio. Tras más de media hora de incertidumbre, la abogada de Pepi daba la buena noticia. "El desahucio se ha suspendido sin fecha otra vez". Los aplausos no se hicieron esperar. Incluso empezaron a volar algunos globos. No era sólo que se hubiera paralizado el desahucio, sino que la propia Policía reconocía que no podía ejecutarlo porque no podía garantizar el orden público. "Dada la afluencia de gente que ha venido, han suspendido el desahucio porque no pueden garantizar el orden público. Han dicho que, de intervenir se crearían graves disturbios que quieren evitar para garantizar la seguridad", explicaba Jacinto.

Un grupo de activistas hace un cordón humano frente a la Policía, en la puerta del edificio del número 11 de la calle Argumosa, en Madrid, para evitar que se ejecute el desahucio de Pepi Santiago.- JAIRO VARGAS

La victoria, de nuevo, es parcial. El representante de la empresa propietaria de la vivienda, Inversiones Proindivisos S.L. también estaba presente durante la negociación con la comitiva judicial. "La propiedad ha manifestado su oposición a que se paralizara el desahucio y presentará automáticamente un escrito en el juzgado solicitando una nueva fecha de desahucio", aclaró la abogada. Pero será dentro de un tiempo, y la cara de Pepi cambiaba el cansancio por el alivio. No tenía que decir nada que no hubiera dicho otras veces. "Gracias a todos por estar aquí. Me he sentido muy arropada en esta incertidumbre. Esta situación no tiene que pasarla nadie más. Ahora no se qué va a pasar, la situación no ha cambiado, pero bueno, al menos aquí estoy", afirmó Pepi.