España elimina la mínima garantía judicial para cerrar webs 'piratas' mientras que en el seno de la UE se busca una protección extra del 'copyright' en internet. La tensión entre la libertad de expresión y los derechos de autor vuelve a poner de manifiesto, como siempre, la dificultad de establecer un campo de juego legal en un entorno cambiante que nada tiene que ver con el de hace unos años.

El Senado ha terminado de rematar la mínima garantía judicial que existía hasta ahora para eliminar contenidos y, en su caso, incluso cerrar sitos web acusados de infringiur derechos de autor, con la aprobación del dictamen de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Mientras, en la UE se discute el texto de una directiva sobre 'copyright' que inicialmente planteaba la censura mediante algoritmos y nueva restricciones a la reproducción de contenidos con la generalización de una tasa por cita, entre otras polémicas medidas.

En España, la Cámara Alta ha fijado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que incluye, en una de sus medidas más polémicas que afectan a la red, la agilización del procedimiento de retirada de contenidos 'piratas'. Tras esta votación el texto pasará al pleno del Senado y el próximo día 19 será avalado para volver al Congreso, donde se votará en febrero dado que enero es un mes inhábil.

Si bien el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado había presentado una enmienda que buscaba mantener el sistema actual de la llamada ‘comisión Sinde’, que exige hasta la fecha una mínima garantía judicial para poder eliminar contenidos supuestamente 'piratas' e incluso cerrar sitio web infractores, al final no ha prosperado, tal y como estaba previsto.

De esta forma, esta enésima reforma de la LPI consagrará, entre otros preceptos, la eliminación de la figura del juez en el procedimiento administrativo de retirada de contenidos infractores o, en su caso, el cierre de páginas web que faciliten de forma reiterada el acceso a contenidos no autorizados.

"El asunto recuerda a lo que sucedió hace ya nueve años y unos días, cuando se pretendía eliminar la figura del juez para el cierre de sitios web infractores de la propiedad intelectual en la reforma que se conoció como 'Ley Sinde'", recordaba en una charla en la Universidad Complutense de Madrid hace una semana Virginia P. Alonso, directora de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y en plena campaña contra estas normativas. "Se coloca los derechos de autor por encima de la libertad de expresión, y nos parece gravísimo", añadió.

Ya entonces, la presión social surgida de las redes obligó a incluir una garantía judicial en el procedimiento, algo que con la reforma actual prácticamente ha desaparecido. La industria de contenidos celebra este "avance" como una medida necesaria para agilizar los trámites, pero entre los críticos hay una explicación muy diferente.

Para el abogado David Bravo "estas reformas legislativas encajan como un guante con las peticiones de la industria" y siguen un camino que arranca con "la demonización de internet como origen de todos los males (con titulares en los medios como 'Terror en la red', 'Peligro en internet', 'Internet y el populismo acabaron con la verdad', 'Internet te mata', etc…)., de modo que los ciudadanos acepten normas que en la vida real no tragaría".

En este contexto, se empiezan a anunciar las medidas legislativas como la mencionada 'Ley Sinde'. El abogado explicó, como contexto, que "como la industria estaba perdiendo los pleitos contra las páginas de descargas, se abrió una vía alternativa administrativa, y las infracciones de los derechos de autor en internet las iba a decidir el Ministerio de Cultura, que curiosamente aplaudía las redadas contra las páginas de enlaces". Unas redadas policiales que, casi siempre, terminaban judicialmente en vía muerta.

"Ahora la ley se endurece de nuevo y se elimina la única garantía judicial", comentó Bravo, "y creo que la forma que tiene la industria de no seguir perdiendo es, sencillamente, forzar los cambios en las normas del juego". Y puso como ejemplo el escándalo Wikileaks, por el que se destapó la labor de presión de la industria de contenidos a través de la embajada de EEUU para que España endureciese la lucha legal contra la 'piratería'.

Manuel Sánchez de Diego, abogado y periodista, profesor de la UCM, sostuvo que "hay una batalla por regular la internet". Para él, medidas como la nueva LPI "vuelven a resucitar el control de contenidos en función de la propiedad intelectual, sin intervención judicial". "Queremos un sistema jurídico que sea coherente, y que proteja la libertad y la igualdad", apuntó, y añadió: "De lo contrario, habrá más negocio quizá, pero menos libres e iguales". "Hay que hacer buenas normas, porque si funciona todo a base de los trabajos de los lobby, parece que nos termina emprobreciendo culturalmente", concluyó.

El 'copyright' en Europa

Mientras tanto, la guerra del 'copyright' que se libra en Bruselas tiene como penúltimo capítulo la tramitación de una polémica directiva que se discute a puerta cerrada y que ha ido soliviantando a prácticamente todo el mundo.

Ni las principales organizaciones de defensa de ciberderechos, ni las asociaciones de consumidores, ni las compañías tecnológicas, ni los gigantes de internet... ni siquiera las ligas de futbol profesionales están contentos con la futura directiva sobre derechos de autor, cuyo texto definitivo se discute en estos momentos a puerta cerrada en el corazón de la UE. Preocupan, por diversos motivos, principalmente los artículos 11 y 13 del texto conocido.

La futura directiva europea sobre 'copyright' sigue discutiéndose a puerta cerrada en los trílogos, o negociaciones entre la Eurocámara, la Comisión y el Consejo (los estados miembros), de donde saldrá un texto definitivo se se votará en el Pleno del Parlamento Europeo para su aprobación.

Con la última versión del mismo, que emanó de la Eurocámara el pasado mes de septiembre, las posiciones iniciales se suavizaron aunque tal es el desacuerdo —los más críticos denuncian que la industria de contenidos quiere que las compañías de Internet asuman respunsablidades mucho más allá que mertos intermediarios, lo que hará que sea literalmente imposible que alojen cualquier contenido generado por el usuario; en definitiva, buscan convertir internet en una TV— que está programada una nueva reunión para el próximo 14 de enero.

El abogado Carlos Sánchez Almeida explicó sucintamente los puntos más controvertidos de ambos proyectos.

Artículo 13 de la futura directiva de 'copyright': "A pesar de las mejoras en los considerandos sobre todo, sigue siendo un peligro porque va directamente en contra de la libertad de expresión. Si se incorpora en el texto que "toda reclamación se tramitará rápido y será susceptible de revisión humana”. ¿Por qué se dice esto? Quizá porque la primera decición será algorítmica". Además, al hacer responsables a los intermediarios, privatiza la censura y lo deja en manos de empresas como Youtube, Google, Facebook, Twitter… "El peligro está en que aunque tengamos derecho a la sátira, el algoritmo puede no identificar un meme como tal y lo censure", alega.

Artículo 12 bis de la futura directiva de 'copyright': "Introducido de tapadillo en septiembre, lo que dice es que a partir de ahora organizar el campo genera derechos de autor: el artista no es Messi, sino Enrique Cerezo. ¿Pero cómo puede ser esto? La explicación, los derechos de las TV privadas sobre el fútbol, pero poner al mismo nivel el futbol con una ópera; ni el peor de los populismos".

Artículo 11 de la futura directiva de 'copyright': "Traslada a la UE el art 32.2 (LPI), o sea, el canon AEDE. Vamos, el pago por click, cobrar por esos contenidos. Conclusión: compartir noticias va estar prohibido, sólo se podrá compartir enlaces vinculados a “palabras sueltas”. Es decir, todo lo va a cobrar Cedro y de ahí, al editor (no al periodista, porque el trabaja en un medio participa en una obra colectiva). Es además la muerte de Menéame, porque no se podrá reproducir libremente extractos: tendremos que rescribir todo como los indios".

"Hay esperanza"

Para la profesora Loreto Corredoira (UCM), el panorama jurídico no es estable. "La directiva parece que va a producir daños". No obstante, "aún hay esperanza" para esta experta, aunque recuerda que "en enero entra nueva presidencia y hay unas elecciones próximamente: si no se aprueba, habría que empezar de cero otra vez".

Según Corredoira, el Gobierno de España siempre ha votado a favor, pero en privado los responsables no están contentos con varios aspectos, como por el riego de que se consagre una suerte de censura previa. "Por eso es bueno hacer presión, porque hay dudas".

El sociólogo Luis García Tojar cree que detrás de todo esto "parece que hay una voluntad sostenida de regular todo esto". "Se puede plantear un paralelismo histórico con lo que pasaba hace un siglo, en la edad dorada de la prensa de masas: de repente ya no es un producto de élites, la esfera pública se amplía, y trajo con ello problemas políticos y sociales, las masas tienen acceso a los discursos colectivos".

"Con internet pasa lo mismo, y el poder tiene miedo al descontrol", comentó. "Hay que convencer a los políticos de que hay otro camino, menos “paternalista” y con menos tutelas; existe el miedo a que estas regulaciones desemboquen en mecanismos legales que terminen con el libre discurso público".