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Desactivación de yacimientos ilegales de oro y casiterita en el estado brasileño de Pará./Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA).

La selva amazónica, más herida de muerte que nunca

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Minería, hidroeléctricas, carreteras, agricultura intensiva y deforestación son los principales enemigos de la Amazonia, pero uno engloba todos: la pasividad –e incluso la complicidad– gubernamental.

Sociedad

El gobierno peruano, en constante ebullición durante la breve gestión de Pedro Pablo Kuczynski, se tomó un respiro a finales de 2016 gracias a los Acuerdos del Acta de Saramurillo. Contenía de ese modo los ánimos de las comunidades indígenas, encolerizadas por los innumerables vertidos y derrames petrolíferos en la selva amazónica. No se imaginaban el presidente y sus ministros que los vecinos de la región de Loreto iban a vigilar a conciencia el cumplimiento de ese acta punto por punto. No es para menos: la selva está más herida de muerte que nunca.

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De pronto, todo Suramérica quiso ser testigo de la lucha ecologista peruana. Los Acuerdos del Acta de Saramurillo prometían tratar los accidentes contratando estudios internacionales "con participación efectiva de una comisión de diez representantes de los pueblos indígenas". Prometían también debate político "sobre la viabilidad de una nueva matriz energética nacional". Otras voluntades versaban sobre compensaciones a las comunidades indígenas, sobre “la remediación de los sitios impactados como consecuencia de la actividad petrolífera”, y anunciaban para 2019 la petición de un Plan de Abandono a la empresa PlusPetrol Norte, S.A., para el lote que actualmente explota, cinco años antes del vencimiento del contrato de operación.

En febrero del año pasado, ante el desentendimiento del gobierno peruano, las comunidades indígenas presionaron para firmar un nuevo pacto –el Acta de Nauta– en la que la administración se comprometiera a fijar plazos exactos y presupuestos. Tras la firma continúan persistentes, porque el Plan de Abandono de PlusPetrol Norte es casi una utopía, teniendo en cuenta que aún no se han ejecutado las medidas de reparación ambiental para el anterior lote que explotó. Han conseguido, eso sí, que por lo menos el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, apueste por esa diversificación de la matriz energética: Perú buscará alcanzar el 15% de renovables en 2030. No llega ni al 5% al día de hoy.

Según investigadores de Greenpeace Brasil consultados por Público, entre las cuestiones técnicas de protección más importantes en manos de los gobiernos que comparten la selva amazónica destacan "el control de la pérdida de superficie de los bosques y el esfuerzo de creación de Unidades de Conservación, así como el grado de implementación y eficiencia de las mismas". Para la organización, es necesario analizar el momento político de cada país: "A pesar de que las iniciativas de protección de la selva deberían ser siempre prioridades de todos los países, en general son bastante rehenes de la alternancia política, siendo difícil decidir cuál es el país que mejor funciona en ese sentido".

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Formas contundentes de acabar con la selva amazónica hay varias. La organización no gubernamental WWF Colombia (World Wildlife Fund) identifica por lo menos seis: concesiones mineras, aumento de represas hidroeléctricas, construcción de carreteras, expansión de la agricultura intensiva, deforestación y cambios en la legislación en torno a las áreas protegidas.

Desactivación de yacimientos ilegales de oro y casiterita en el estado brasileño de Pará./ Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA).

Incertidumbre en el Brasil de Bolsonaro

El caso de los vertidos de petróleo en Perú es trascendental ya que afecta al segundo país con mayor superficie amazónica. El primero es Brasil. Sobre la Amazonia brasileña, con Bolsonaro al frente del Ejecutivo, se cierne una incertidumbre que angustia a ecologistas y ambientalistas. El país va camino de acelerar el ya rutinario declive, reinaugurado en 2012. En mayo de aquel año se aprobó el Novo Código Florestal ese que, entre otras cosas, otorgaba la amnistía a todo aquel que hubiera cometido “infracciones antes del 22 de julio de 2008 –fecha en la que fue aprobado el decreto de crímenes ambientales– relativas a la supresión irregular de vegetación en Áreas de Preservación Permanente, de Reserva Legal o de uso restringido”.

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La por aquel entonces presidenta, Dilma Rousseff, logró vetar algunos capítulos, pero nada pudo hacer por frenar la entrada en vigor de la ley. El Frente Parlamentario del Agronegocio –la denominada Bancada Ruralista– ganó la partida. El desencanto de los votantes del Partido de los Trabajadores con respecto a sus representantes, comenzando por Lula da Silva, en el ámbito medioambiental fue aumentando con el paso de los años.

Peor aún es la actualidad. Los datos que anunció Greenpeace al final del año pasado llamaban al pesimismo: la deforestación en la Amazonia brasileña registró un aumento del 13,7% entre agosto de 2017 y julio de 2018, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Brasil perdió en esos doce meses 7.900 km2, más de mil millones de árboles.

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Los problemas para la selva, sin embargo, no han hecho más que comenzar. Conocida es la estrecha relación del nuevo presidente brasileño con la bancada ruralista, y no es ninguna casualidad el perfil de dos de los ministros del recién estrenado gabinete. La ministra de agricultura es Tereza Cristina, la antigua líder del lobby del agronegocio. El ministro de medio ambiente, Ricardo Salles, es el exsecretario de medio ambiente de São Paulo y está siendo investigado por el Ministerio Público en un caso de alteración ilegal de un Área de Protección Ambiental para favorecer a empresas de la Federación de Industrias de São Pãulo (FIESP). Lo primero que ha hecho Salles como ministro es publicar una circular por la que notifica la suspensión de la ejecución de todos los convenios y contratos de colaboración con organizaciones no gubernamentales durante un plazo de 90 días. Buscan ese rígido control a los activistas que tanto ha anunciado Bolsonaro.

Desactivación de yacimientos ilegales de oro y casiterita en el estado brasileño de Pará./ Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA).

Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, en mitad de una crisis política, económica y social que va a más, seguidos de Surinam, Guyana y Guayana Francesa completan la lista de países amazónicos. Todos ellos, en mayor o menor medida, ven cómo la selva sobrevive con respiración asistida. Algunos de los atentados ecológicos están analizados en el proyecto periodístico transnacional “Madera Sucia”, orquestado por Ojo Público y Mongabay Latam, en alianza con El Deber, Semana, Connectas, El Espectador e Infoamazonia.

El futuro es inaccesible porque el poder cada vez pisa más fuerte en las zonas más debilitadas de la selva amazónica. Las ilegalidades se acumulan, y se blanquean, mientras los mandatarios miran hacia otro lado. Célebre es el caso de la región brasileña de Pará, donde la falsificación de títulos de propiedad de tierra ha sido tan generalizada que la superficie resultante triplica la real: el territorio del estado necesitaría contar con primer piso, segundo piso y tercer piso.

Los modelos de resistencia, hoy por hoy, pasan por federaciones indígenas como las peruanas de las Cinco Cuencas, que tras coleccionar acuerdo sobre acuerdo no se conforman con los “mínimos avances” que les ofrece su gobierno. No les van a callar con unas cuantas mejoras que mitiguen vacíos como el de no tener agua potable: “En definitiva, eso no es nada extraordinario”, apuntaban en su pronunciamiento del pasado mes de septiembre, “sino obligaciones básicas del Estado”.

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