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Planta de biomasa en Güeñes./ Plataforma Güeñes-Bizia

Un pueblo de Bizkaia se levanta contra la nube de cenizas de una empresa energética

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Los vecinos de la localidad vasca de Güeñes llevan desde 2016 protestando contra el humo que produce Glefaran, una empresa que se dedica a la producción de energía a través de la quema de madera. Los ciudadanos, aglutinados en una plataforma ciudadana, denuncian que las licencias ambientales de la compañía no son validas y acusan a las administraciones locales de haber prevaricado en la concesión de las mismas.

Sociedad

Güeñes es un pequeño pueblo de Bizkaia que, desde hace años, ve como el verde de sus laderas queda ensombrecido por una nube negra de contaminación. El humo procede de la quema de maderas para la obtención de energía que realiza la empresa Glefarán a escasos metros del núcleo central de la localidad y en el linde con el municipio de Zalla. Esta rutina de vivir bajo polvo de cenizas ha derivado en el hartazgo de los vecinos. Un hartazgo que se canaliza por todas las vías: la de la protesta, la de la difusión en redes y, por último, la de la justicia.

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La preocupación de la sociedad de este municipio ha llevado a algunos vecinos a agruparse en una plataforma llamada Güeñes-Bizia. Su portavoz, Gorka L., explica a Público que la situación es insostenible a nivel sanitario y apunta que "este tipo de plantas deben estar en un radio mínimo de la población", ya que los escenarios de emisiones aumentan los riesgos de enfermedades.

Pero la salud no es el principal escollo. También hay otros problemas que tienen que ver con la higiene y la suciedad en la que se ha sumido el municipio. "Muchos de nosotros hemos tenido que cambiar las ventanas para poder aislarnos del ruido" explica, para poner el foco en las manchas negras que deja el humo en fachadas, cristales y vehículos de los vecinos.

Esta encrucijada medioambiental radica en el origen de esta planta, cuyo funcionamiento comenzó en enero de 2016. La empresa Glefaran compró algunos de los activos de Pastguren, una papelera que terminó quebrando y que contaba con una planta de cogeneración para producir energía con la que autoabastecer su principal actividad económica. De esta forma, la compañía adquirió parte de las instalaciones y se subrogó a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la anterior sociedad dedicada a la fabricación de pasta de papel

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Para Javier Fernández, abogado que representa los intereses vecinales, la concesión de la subrogación de la AAI es un verdadero "fraude", ya que la actividad productiva de Glefaran –generación de energía a través de la quema de biomasa– no tiene nada que ver con la que llevaba a cabo la empresa papelera Pastguren. "Es lo primero que vi nada más meterme en el caso", informa a este periódico el letrado, que interpreta que el Gobierno Vasco, concretamente el departamento de Medio Ambiente, ha incurrido en "un delito de prevaricación" por admitir la subrogación de las licencias.

Desde Glefaran, sin embargo, explican a este diario que la subrogación de la Autorización Ambiental Integrada "es habitual" en este tipo de casos. Algo que viene apoyado por algunos de los informes externos del Ayuntamiento de Güeñes, que dicen que "la trasmisión de la AAI tras el procedimiento concursal se adapta a lo contemplado en la Ley Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación".

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El problema, señalan desde la plataforma vecinal, es que la administración, tanto local como autonómica, no está teniendo en cuenta que en 2016 Glefaran sólo heredó las instalaciones de la anterior compañía papelera, y no la actividad económica. El hecho de que Pastguren contase con unas instalaciones de cogeneración no tenía que ver tanto con sus actividades comerciales como con su forma de abastecimiento. No obstante, la compañía extinta contaba con ciertos permisos para comercializar los excedentes energéticos, siendo este uno de los argumentos que pueden explicar el porqué de la subrogación de las licencias.

La concesión de la AAI, principal motivo de discordia, implica directamente a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que explica a Público que se han realizado las inspecciones oportunas y que desde la Institución se han modificado algunos de los criterios de la licencia para que se ajusten a las nuevas actividades económicas de la empresa. Sin embargo, el abogado de la plataforma opina que el Ejecutivo "va por detrás del problema", puesto que "sólo ha actuado cuando ha habido quejas".

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Asimismo, los vecinos señalan de manera directa al alcalde y comparan su gestión con la del Ejecutivo de Zalla, un pueblo vecino en el que se sitúa una parte las instalaciones de la compañía de biomasa. Este consistorio, a diferencia del de Güeñes, optó "por suspender de manera cautelar la licencia de actividad municipal", explica Fernández.

Con la denuncia admitida a trámite, la empresa se muestra "tranquila" y explica a este medio que han presentado a los juzgados "todos los documentos" requeridos. "Esta es una empresa y una planta ejemplar que cumple con todos los requisitos de la Unión Europea", detalla un portavoz de Glefaran.

Humo y ruido

En las últimas semanas, los ruidos molestos y las torres de humo procedentes de la fábrica han disminuido notablemente. Esta realidad tiene que ver con la última obra en la caldera que ha rebajado las emisiones de partículas. Sin embargo, el portavoz del grupo vecinal, sin esperanzas de que esto dure mucho en el tiempo, explica que la vida en el municipio ha estado manchada por nubes negras. "El funcionamiento de la planta ha sido lamentable porque empezaron a funcionar sin un sistema de retención de partículas", explica Gorka, quien detalla que en algunas ocasiones se han llegado a "arrojar 795 partículas por mm3". Una cifra muy superior a los límites de 75 p/mm3 expuestos en la AAI.

"Estamos ante un intento masivo de fuga del pueblo. Hay mucha gente que está intentando vender las casas y otra que ya se ha ido, pero ¿quién te compra una casa aquí? No nos podemos marchar, porque le tienes que 'encalomar' a alguien el marrón y eso no es honesto”, cuenta.

El Ayuntamiento, por su parte, ha contratado a una empresa externa para elaborar un informe con la intención de encontrar las irregularidades contaminantes. Aunque el estudio afirma que el funcionamiento de la caldera ha sido, en ocasiones, "muy deficiente", señala que "no se tiene constancia de un incremento de las enfermedades de tipo respiratorio en los residentes en los núcleos que rodean la instalación". Una realidad sanitaria que preocupa a la sociedad de Güeñes, que ha adjuntado a la Justicia varios trabajos científicos que demuestran que los niveles de contaminación alcanzados en la localidad vasca pueden aumentar los riesgos de algunos tipos de cáncer.

Los picos de contaminación tienen que ver, principalmente, con parones y arrancadas en el proceso de combustión de biomasa. Unos parones que son habituales en todas las fabricas del sector y que se realizan una vez al año por motivos de limpieza y mantenimiento. Sin embargo, en el caso de la antigua papelera de Güeñes, los parones han sido constantes debido a los percances técnicos de la maquinaria, explican desde la plataforma vecinal.

 "Tiene una avería cada diez días según las estadísticas. Cada diez días hacen parada, normalmente por atasco, y durante esos días tenemos el pueblo teñido de negro", expone el portavoz, para denunciar que "las primeras mediciones de partículas se hicieron después de 14 meses de las primeras denuncias en 2016".

En cualquier caso, la evaluación de los hechos realizada por la consultora externa, sin señalar responsables, reconoce la "gravedad" de los hechos y los riesgos para la salud a los que se ha sometido a la población durante los últimos años.  "No estaría de más desde todas las partes pedir disculpas a los ciudadanos afectados que pueden haberse sentido indefensos ante los hechos acaecidos y que les han llevado en sus reivindicaciones hasta donde están", concluye el texto del informe al que ha tenido acceso Público.

La situación, por el momento, se encuentra bloqueada y las partes involucradas –vecinos, administración y empresa– esperan ahora a que los juzgados den los primeros pasos. 

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