La lucha contra la incineración de residuos ha llegado esta semana a Bruselas. Vecinos afectados por las instalaciones y las cementeras que llevan a cabo esta actividad continúan extendiendo un frente común por el residuo cero y contra los efectos nocivos de las emisiones. En el encuentro de este movimiento global en la capital europea, han participado plataformas serbias, italianas, griegas, eslovenas o mexicanas, entre otras. En el caso del Estado español, han acudido representantes de diversos colectivos firmantes de la Declaración de Ponferrada del pasado 13 de octubre de 2018.

Son vecinos de El Bierzo, Sagunt, Bunyol, Montcada i Reixac, Madrid, Toledo o Andalucía, que vienen denunciando la amenaza que supone la incineración para la salud pública. “Las administraciones autonómicas están favoreciendo las autorizaciones ambientales aún a costa de sentencias de tribunales que han anulado algunos permisos concedidos para estas empresas”, explica desde Bruselas José Luís Conejero, miembro de la Plataforma Anti Incineració de Montcada i Reixac, que habla en representación de todos los colectivos asistentes a la asamblea.

El portavoz pone el acento en los problemas respiratorios derivados de los humos y las partículas que emanan de estas plantas. Sustancias en combustión que los movimientos ecologistas señalan como más contaminantes que el material de partida. Denuncian que estos gases van asociados con dioxinas y furanos que afectan al sistema endocrino y neuronal. Conejero remite a algunos estudios hechos públicos los últimos años, como el llevado a cabo en 2013 por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, que concluyeron que las personas que viven en un radio de 5 kilómetros de una cementera tienen más probabilidades de padecer cáncer a lo largo de su vida. Recientemente, la Agrupación de Vecinos de Can Sant Joan de Montcada i Reixac aportó datos en los que manifestaban que cinco empresas incineradoras producen más CO2 que todos los coches que circulan por Catalunya.

El encuentro en Bruselas ha sido organizado por el grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. La eurodiputada Marina Albiol denuncia que son las organizaciones ciudadanas las que hacen la tarea de estudio y registro del impacto de las plantas cuando este trabajo le correspondería a la Administración. “En cambio, disponen de datos sobre, por ejemplo, el coste sanitario de los problemas que causan las cementeras y plantas incineradoras, que evidencian que es mucho más alto que el presunto beneficio que supone mantener estas instalaciones en funcionamiento”, sostiene la eurodiputada.

Sobre el papel de la Unión Europea ante la problemática, Albiol se muestra especialmente contundente ante la puerta trasera del espacio comunitario. Apunta que velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales se debe dar a todos los niveles, no solo con declaraciones institucionales y gestos de buena voluntad. “Se deben cumplir las directivas, eliminar las ayudas públicas que aún reciben algunas de estas plantas y avanzar en un modelo de residuo cero”, argumenta.

Durante dos días, las plataformas de afectados han podido cruzar reivindicaciones y exponer ante las autoridades comunitarias su demanda por una gestión eficiente de los residuos, rechazando una actividad que el lobby cementero presenta con eufemismos como “valorizar” y que hacen pasar por energía neutra y limpia. Conscientes de que se enfrentan a empresas con un gran poder, su causa gana visibilidad después de ocho encuentros a nivel estatal y tres a nivel internacional. El próximo se celebrará en El Salvador.

Lupa sobre territorio valenciano

El caso valenciano puede servir para ilustrar el fondo del contenido. Durante el año 2016, se incineraron 189.898 toneladas de residuos, lo que significa que alrededor de una cuarta parte de todas las toneladas del Estado (788.601) se prendieron en territorio valenciano. El País Valenciano, con tres cementeras en funcionamiento (Bunyol, Sagunt y Alicante), encabeza las cantidades en combustión seguido de Andalucía (179.401) y Catalunya (174.463). Son datos proyectados por el Institut Cerdà, en su apartado de consumos totales de lo que se explicita como “combustibles alternativos”. El estudio, que se actualiza cada año, lo publica la Fundación Laboral del Cemento y del Medio Ambiente (CEMA), formada por la patronal del sector, los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT-FICA) y la Federación de Industria, Construcción y Agro.

La legislatura iniciada en 2015 insufló esperanzas a las corrientes ecologistas pero la evolución del curso político ha puesto en evidencia limitaciones y contradicciones. El gobierno del Botànic ha gestionado la materia con cambios de tercio y poca coherencia. Así lo manifestó la Mesa Autonòmica contra la Incineració, que hace menos de un año denunciaba que la Generalitat se había rendido ante las empresas.

Los hechos se remontan a finales de 2017. Les Corts aprobaron, a propuesta de Podem y con el apoyo de Compromís y PSPV-PSOE, una enmienda a la ley de los presupuestos que consistía en un impuesto a los vertidos y a la incineración. Sin embargo, días después, el president Ximo Puig prometió bonificaciones a la industria después de reunirse con ellos. A aquella reculada cabe sumar nuevas modificaciones y ampliación de exenciones a mediados del 2018, que evitaban cualquier impuesto o canon a la incineración.

Casi un año después, con Les Corts ya disueltas, la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular no ha llegado a tiempo. Sin embargo, este viernes el pleno del Consell ha aprobado el decreto de modificación del Plan Integral de Residuos (PIR), coincidiendo con el final de la legislatura y el encuentro en Bruselas. Informa la Generalitat que desestima el desarrollo de infraestructuras de incineración en relación con los residuos domésticos y asimilables. Además, introduce nuevos criterios para la gestión adecuada de residuos industriales y no se contempla la incineración, coincineración ni valorización energética de residuos peligrosos de cualquier tipo susceptibles de tratamientos previos o alternativos. Se descartan también futuros macrovertederos o macroplantas.

Está por ver el recorrido de la nueva planificación y si supone un efecto verdadero contra la incineración. Durante los próximos días se conocerá en detalle el texto y las valoraciones de todos los actores implicados. A falta de analizar en profundidad el nuevo PIR valenciano, la eurodiputada Albiol se congratula de que finalmente se hayan introducido cambios donde impera la lógica, a pesar que recuerda que todavía funcionan incineradoras que provocan problemas contra los cuales el gobierno valenciano ni ha actuado a lo largo de los últimos años ni tan siquiera ha mostrado el suficiente interés en las afecciones causadas sobre hábitats y personas. “El PIR no dará los pasos atrás que nos temíamos, pero se tiene que actuar con más valentía y determinación contra las incineradoras que aún ensucian el territorio valenciano”, concluye Albiol.