Un grupo de activistas contra la pobreza energética de Catalunya ha logrado acceder este viernes a la junta de accionistas de la empresa energética Endesa y participar en el turno de palabra ante el Consejo de Administración y el presidente, Borja Prado, en el acto celebrado en el Hotel Marriott Auditorium de Madrid. Un momento que la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), María Campuzano, ha aprovechado para señalar "las vergüenzas" de la empresa recordando casos reales de personas y familias vulnerables que, a lo largo de los últimos años, han pasado por las asambleas de la APE al no contar con ingresos suficientes para poner la calefacción en invierno. La Junta de este viernes, opinan los activistas, ha sido especialmente tensa, ya que había una concentración de trabajadores de la empresa a las puertas del hotel que llevaban a cabo una acción de protesta enmarcada en la primera jornada de huelga general de en la historia de la compañía.

"¿Saben cuánto ocupa el apartado de acceso a la electricidad a clientes vulnerables en su Informe de Sostenibilidad 2018? Una página del total de 340 que componen el documento. Una mísera página en la cual se nos quiere hacer ver que Endesa es, cito literalmente "una empresa fuertemente comprometida en la lucha contra la pobreza energética", ha dicho Campuzano ante el consejo de administración de la empresa energética.

La activista ha denunciado cómo empresas de recobro y despachos de abogados contratados por Endesa generan "grandes dosis de angustia a las familias con deudas pendientes" a través de cartas  y constantes llamadas telefónicas, actuaciones que —recuerda la plataforma— ya han sido rechazadas por el Síndic de Greuges de Catalunya. "Tenemos el caso de la compañera Encarna, vecina de  Gavà, quien entre el 11 de enero y el 3 de abril de 2018 recibió 137 llamadas al número fijo de su domicilio requiriéndole el pago de su deuda. Son sólo ejemplos entre un gran número de personas que se encuentran en una situación de acoso similar. Por ello, les pedimos un mínimo sentido de la responsabilidad. Son necesarias políticas empresariales que pongan a las personas por delante de los beneficios anuales y en este sentido es imprescindible que cese el acoso por parte de su compañía y de sus empresas subcontratadas a familias en situación de vulnerabilidad", ha pedido la portavoz de la APE.

La APE también ha exigido a Endesa el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Han pedido que se erradiquen por completo los cortes de suministro a hogares vulnerables y también que se firmen los necesarios convenios con la Generalitat para sufragar las facturas impagadas y las deudas contraídas hasta día de hoy.

Campuzano ha recordado que esta norma fue "impulsada por la sociedad civil a través de una iniciativa legislativa popular, que prohíbe los cortes a hogares vulnerables y que ha permitido a millares de familias"vivir sin la angustia" de una interrupción de sus suministros de agua, luz y gas. "Somos conscientes de que esa ley no les gusta. Han hecho lo imposible para saltársela, recibiendo sanciones por ello. De hecho, Endesa es líder acumulando casi 70% de las sanciones impuestas por el Gobierno catalán, pero no pueden seguir dándole la espalda a la ciudadanía. Asuman ustedes el coste de las facturas impagadas. No hagan como en los 272 convenios de los cuales se sienten tan orgullosos, en que acaba siendo la Administración quien asume las facturas impagadas. ¿No es el momento de afrontar el tema de la deuda de las familias?", ha sentenciado la portavoz el mismo día que Endesa anunciaba un beneficio neto ordinario en 2018 de 1.511 millones de euros.

"Observando estos datos, es imprescindible seguir pidiendo responsabilidades a las integrantes del oligopolio en la erradicación total de la pobreza energética. Más teniendo en cuenta el anuncio de despedida del presidente Borja Prado, después de diez años al frente de la compañía, y que se embolsará una indemnización mínima de 12 millones de euros, contrastando con las penurias que tienen que pasar muchas familias para hacer frente a sus facturas", han expresado los activistas en un comunicado tras la acción de denuncia.

La portavoz también ha denunciado las trabas que Endesa pone a sus clientes a la hora de acogerse a los descuentos ofrecidos por el bono social, con la tasa de solicitudes rechazadas "más alta entre las empresas del oligopolio". Del mismo modo, los activistas han puesto sobre la mesa "la grave vulneración de derechos que supone que personas que por necesidad se encuentran ocupando una vivienda en precario no puedan acceder a un contador y se vean abocadas a pinchar la luz".

La respuesta del presidente de Endesa

El presidente de la compañía ha respondido en una intervención de poco más de un minuto que la APE considera "vergonzante", ya que "ha obviado por completo el tema del acoso" y sólo se ha centrado en los convenios firmados con las Administraciones Públicas. "Con esta respuesta, una vez más hemos sido testigos del nulo compromiso de Endesa con la pobreza energética y las familias en situación de vulnerabilidad", opina la plataforma.