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Plan Permuta Casi un centenar de ancianos, obligados a comprar sus pisos o a abandonarlos

Sobre esta cuestión, fuentes municipales insistieron ayer en que ninguna de las personas incluidas en el Plan Permuta se quedaría en la calle, bien sea porque opten por comprar la vivienda pública que habitan, "siempre por debajo del precio del mercado", o bien por recuperar su piso en propiedad.

Vista aérea de Alcorcón.

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Un juez ha obligado a revocar el contrato que en torno a noventa ancianos tenían firmado con la empresa municipal Emgiasa por el que cedían sus casas en el centro de la localidad por otras más accesibles en el nuevo barrio del Ensanche Sur.

Estos ochenta y tres vecinos se adhirieron en 2011 al Plan Permuta en el municipio de Alcorcón. La iniciativa consistía en cambiar su vivienda por otra adaptada, gestionada a través de la empresa municipal.

La actual administración concursal de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa) les reclama las viviendas en base al auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 "que acuerda una modificación puntual del Plan de Liquidación (...) en la que dice que se debe proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado Plan Permuta", según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

"Ninguna persona quedará en la calle" 

Sobre esta cuestión, fuentes municipales insistieron ayer en que ninguna de las personas incluidas en el Plan Permuta se quedaría en la calle, bien sea porque opten por comprar la vivienda pública que habitan, "siempre por debajo del precio del mercado", o bien por recuperar su piso en propiedad, "que le sería devuelto en el estado original y libre de cargas", que son las dos opciones que se les presenta. Ambas con compensación económica por perder el carácter vitalicio del acuerdo.

Además, incidieron en que se les va a atender personalmente y que ya habían hablado "con el 80% de ellos, 60 de los 83 afectados por la sentencia"; que por parte del Consistorio se había pedido unas aclaraciones al auto "para proteger la situación de estas personas"; y que "se tomarán acuerdos ad hoc, personalizados".

También, añadieron que habían puesto a su disposición todos los servicios jurídicos, así como la atención de Servicios Sociales "para cualquier duda y asesoramiento", además de ofrecer una reunión personal con todos ellos.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se mostró preocupada y al tanto de la situación: "Son decenas de familias de ancianos puedan ser expulsados de sus domicilios, de sus casas", una situación "preocupante porque son personas especialmente vulnerables y estamos aquí para interesarnos por lo que está sucediendo", ha asegurado. 

Emgiasa ha empezado a notificar por carta a los mayores la situación en la que se encuentran. Algunos de ellos desconocen el alcance exacto de esta acción, ya que sus hijos se lo han dulcificado para evitarles preocupaciones, según informa El País.

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