El juicio a Fernanda de la Figuera, la activista más veterana de España por la legalización del cannabis, ha sido suspendido este jueves en el Juzgado de lo Penal 5 de Málaga por la falta de alguna documentación original considerada fundamental para la celebración de la vista oral en la que el fiscal solicitaba cuatro años de cárcel para ella por cultivo de marihuana.

La vista, según ha informado la activista, ha sido aplazada hasta el próximo 30 de octubre. “Hubiera preferido que se hubiese celebrado hoy para quitarme esto de encima, pero espero que todo sea para bien”, ha dicho tras haber pasado por la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Unas treinta personas de diferentes colectivos de usuarios de cannabis de diferentes partes de España han acompañado a Fernanda de la Figuera en su comparecencia en el juzgado, para mostrar su solidaridad con esta activista procesada por unos hechos que se remontan a 2014, cuando le requisaron las plantas de su huerto con las que se abastecían más de un centenar de socios de una asociación cannábica de mujeres que se valían de los frutos de ese cultivo con fines fundamentalmente terapéuticos.

“Yo soy una activista y no hago negocio con el cannabis. La maría es un placer y una delicia y sirve para curar enfermedades también, y yo lo que hago es compartirla con mis amigos. Nada más. Nunca me he dedicado al tráfico. Soy una apóstol del autocultivo, porque considero que es la mejor forma de consumir, de saber lo que estás consumiendo”, había declarado la activista a Público en la víspera del juicio.

Fernanda de la Figuera es una de las primeras activistas de España por la legalización del cannabis, fundó en 1996 la Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis de Andalucía (ARSECA), organizó en Córdoba en 1998 la Bella Flor, las primeras jornadas en España de cata, encuentro y formación sobre cannabis, y puso en marcha en Málaga Marías por María, la entidad que se abastecía del cultivo que dio lugar al juicio que ha sido suspendido hoy. En 1995 y 2010, ya había sido procesada en otras dos causas por los mismos motivos y en ambas fue absuelta.

El movimiento asociativo cannábico de nuestro país, formado por cerca de un millar de entidades, ha criticado el tratamiento judicial y policial que recibe su causa. La Confederación de Asociaciones Cannábicas (CONFAC) ve en estos procedimientos judiciales un “ataque político” al movimiento asociativo que defiende el cultivo de la marihuana para autoconsumo y, tras ello, falta de interés por emprender una regulación y acabar con la indefensión que sufren cientos de personas. Y el Grupo de Acción para la Legalización del Cannabis en España (GALCE) cree que además de intereses políticos, hay motivos económicos para priorizar a grandes empresas a las que se han concedido licencias para cultivar y producir cannabis, mientras cientos de pequeños cultivadores siguen en la ilegalidad.