2x1, 50% de descuento, operaciones low cost, entrega de regalos en el momento de contratar un tratamiento, precios gancho que solo anuncian una parte del tratamiento, presuntas subvenciones para los sectores más vulnerables después de inflar el presupuesto, letra pequeña, publireportajes a página entera y uso de rostros famosos como reclamo. Son máximas comerciales agresivas, prácticas publicitarias que inducen a confusión y a engaño, y que incitan al consumo. Y todas ellas aplicadas sobre el bien más preciado del ser humano: su salud.

La banalización de la sanidad mediante la aplicación de criterios economicistas tiene precisamente en la publicidad un punto de partida muy notable a través de la cual se han expandido clínicas, franquicias o cadenas marquistas que ofrecen servicios sanitarios. “Únete a la Dentocracia” era uno de los lemas más visibles empleado por las clínicas iDental, protagonistas de uno de los últimos fraudes sanitarios más sonados. Un año después del cierre de todos los locales de la cadena, los cabecillas de este entramado están en prisión y el caso, que ha causado un perjuicio millonario a la Seguridad Social y ha afectado a centenares de miles de pacientes, está siendo instruido desde la Audiencia Nacional por el juez José de la Mata.

A esta estafa le han precedido otros episodios enmarcados en la burbuja de las clínicas dentales de “bajo coste”. Funnydent cayó en 2016, el mismo año que los propietarios de Vitaldent fueron detenidos por supuesto fraude fiscal (unos meses después la cadena dental fue rescatada por Javier Botín, hermano de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín). Fuera del ámbito bucodental, cabe recordar que en octubre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid abrió un expediente sancionador contra 15 clínicas oftalmológicas por presunta publicidad engañosa. Más alejado en el tiempo se sitúa el cierre de Corporación Dermoestética, que dejó a miles de personas sin el tratamiento que habían pagado por adelantado.

Sin fórmulas extrañas de financiación

Especialmente desde el caso de iDental, afectados, profesionales sanitarios y organizaciones de consumidores han señalado la necesidad de reforzar el control sobre la publicidad sanitaria, una realidad poco común en otros países de nuestro entorno como Francia, Bélgica o Alemania, donde o bien está prohibida o bien fuertemente restringida. Antes de la convocatoria de las elecciones, y después de las reuniones con los principales representantes sanitarios, ya se presentó por parte del grupo del Partido Popular una proposición de ley que pretende endurecer la regulación existente. Parece haber consenso en todo el espectro parlamentario para desarrollar medidas en esta dirección durante la legislatura viniente.

A nivel autonómico, el último territorio que ha emprendido acciones es el País Valenciano. La Conselleria de Sanidad expone estos días a información pública el proyecto de decreto regulador que contempla, entre otros mecanismos, una comisión donde estén presentes colegios profesionales y consumidores en la tarea de control e inspección de la publicidad sanitaria.

Facua-Consumidores en Acción es uno de los actores que ha realizado aportaciones al texto. La organización no gubernamental pone el acento en una información rigurosa, veraz, comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico y que no contenga elementos que mercantilicen la salud de la ciudadanía. Sobre el procedimiento de autorización, FACUA aboga por limitaciones a los contenidos publicitarios, por un registro público de las autorizaciones conseguidas, por una identificación de esa autorización en la publicidad y por mecanismos de control periódicos, ágiles y eficaces que debe incorporar el cese y la suspensión como medida cautelar y un régimen sancionador disuasorio.

Varias personas se congregan ante una clínica de Funnydent. - EP

El Colegio Oficial de Dentistas de Castelló, consultado a la vez para este artículo, también respalda al Consejo General de Dentistas de España y al Consejo Valenciano de Odontólogos y Estomatólogos en todas las reivindicaciones que están lanzando para lograr esta regulación. Defienden que la publicidad sanitaria debe regirse por la misma ética que exige su profesión, aunque reconocen que la publicidad no es la única causa en el estallido de casos como el de iDental. Reconocen que estas estafas han generado desconfianza y han dañado la imagen del sector por las consecuencias que ha tenido en las personas, en su salud y en sus bolsillos.

Asimismo, consideran injusto que el buen trabajo que desarrolla la gran mayoría de profesionales de la odontología quede cuestionado por casos como este. Por ello, siguen empeñados desde hace años en lanzar campañas de sensibilización incidiendo en que las personas recurran al dentista como profesional que escucha sus necesidades e inquietudes, que les asesora sobre el mejor tratamiento, simplemente el que este requiere, sin imposiciones ni fórmulas extrañas de financiación.

En este sentido, han sido muchas las voces en este sector que en los últimos tiempos han denunciado la falta de aplicación estricta de la ley de sociedades profesionales para exigir que el control de la toma de decisiones en las clínicas dentales recaiga en los profesionales y no en inversores ajenos al sector sanitario. El respaldo de grandes entidades financieras en los créditos de estas macroclínicas y la precarización del empleo propugnada por los empresarios siguen siendo permitidos sin contemplaciones ante la pasividad institucional.

¿Para cuándo la universalización de la salud dental?

La salud bucodental es el agujero negro del sistema público de salud en el estado español. Limitada precariamente a situaciones de emergencia o a extracciones puntuales, sin esta cobertura muchas personas con bajos recursos se ven obligadas a recorrer a estas cadenas ultraliberales que se publicitan dirigiéndose precisamente a las personas más vulnerables, a través de las cuales han acabado conformando un negocio basado en el beneficio empresarial y no en las necesidades de estas personas.

La lejana reivindicación de incorporar la salud bucodental a la cartera pública de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) planeó en algunos de los programas electorales de las pasadas elecciones. Unidas Podemos fue la formación que más claramente se posicionó a favor de su universalización para toda la ciudadanía. En las últimas apariciones públicas, la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, dice que el gobierno español "pretende avanzar con cuidado y de forma progresiva" en la introducción de servicios y prestaciones del cuidado de los dientes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Una actuación que el Consejo General de Dentistas de España ve urgente, atendiendo a la situación de exclusión en que se ven miles de ciudadanos, lo que supone una merma en su calidad de vida. No es extraño que algunos estudios indiquen que los españoles son de los ciudadanos europeos que menos van al dentista, siendo la causa económica el principal motivo. El registro de clínicas con prestaciones de salud dental en relación a 2018 muestra un total de 22.372 clínicas, de las cuales el 96,5% son privadas, el 2,1% corporativas y el 1,4% aseguradoras.

Óscar Castro, presidente de la organización colegial, subraya la importancia de coordinar acciones a nivel estatal, respetando las transferencias autonómicas y combatiendo las grandes desigualdades interterritoriales en el acceso a planes preventivos y terapéuticos. “Hay que incidir en los sectores más susceptibles y necesitados: niños, ancianos con pensiones no contributivas y discapacitados”, apunta. Y añade: “Mediante ayudas y planes preventivos se puede llegar a una mayor cobertura. Y, para ello, deben contar con nosotros, los sanitarios”.