"Universal: que comprende o es común a todos en su especie, sin excepción de ninguno". Así define la RAE el adjetivo que siempre había ido aparejado al sistema sanitario público de España. Hace un año, la entonces ministra de Sanidad, la dimitida Carmen Montón, se felicitaba porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez había devuelto ese adjetivo a la sanidad pública a través del Real Decreto Ley 7/2018 de 27 de julio “sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud”.

Ha sido uno de los logros más defendidos por el actual Gobierno, sobre todo, porque fue una enmienda al Real Decreto Ley 16/2012 con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en aras supuestamente de la “sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” y en plena crisis económica, excluyó de prácticamente toda atención sanitaria gratuita a las personas extranjeras en situación irregular, unas 800.0000, calcularon entonces diversas ONG.

El decreto de Sánchez, que hoy cumple un año de su entrada en vigor, recogía además que los efectos económicos en los que se sustentaba la excluyente medida del PP “no han sido evaluados y por tanto no han demostrado una mejora de la eficiencia en el ámbito sanitario”. A lo que sí afectó aquella decisión fue a la salud de un colectivo de personas ya de por sí vulnerable, explica a Público José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, quien recuerda que la mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, según un estudio de 2018 del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Una media de 70 muertes al año, concluía el informe.

La medida del Ejecutivo de Rajoy fue ampliamente criticada por la oposición y numerosas organizaciones de sociedad civil, y fueron varias las Comunidades Autónomas – que tienen las competencias en Sanidad – , las que intentaron con mayor o menor éxito esquivar una norma que reducía la atención sanitaria a las urgencias por enfermedad grave o accidente y durante el embarazo, parto y posparto.

“El acceso a la atención sanitaria en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho básico de toda persona”, aseguró Montón en rueda de prensa tras la aprobación de su Real Decreto, saludado por las organizaciones. “Se inició con muy buen espíritu y muchas organizaciones sociales fuimos convocadas por el Gobierno para desarrollarlo, pero al final se ha quedado sólo en el preámbulo”, lamenta Hoyo, que considera que esta medida ha sido “decepcionante”. Según denuncia su organización, junto a Yo sí Sanidad Universal y la plataforma Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), que agrupa a más de 300 organizaciones, “a día de hoy sigue habiendo exclusión sanitaria”.

Según estas organizaciones, en lo que va de año han contabilizado “más de 1.300 casos de vulneración del derecho a la salud”, entre los que han detectado mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, facturaciones en urgencias, personas reagrupadas y las que “no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes”.

Desde Yo Sí Sanidad Universal, Juan Luis Ruíz-Giménez argumenta que el Real Decreto “sólo sugería la vuelta” a la universalidad. “Fue algo positivo que se volviera a la condición de ciudadano y no de cotizante a la Seguridad Social, pero cuando vimos el desarrollo legislativo ya advertimos al equipo de la ministra de los problemas que iban a generarse”, sostiene. “Había trabas que dificultaban el acceso y, en algunos casos, incluso aumentaban las restricciones del Real Decreto del PP”, lamenta el activista, aunque reconoce que “evidentemente, con este decreto se ha avanzado algo pero no se ha restituido el derecho a la sanidad como antes del decreto del PP”.

Exclusión durante 90 días

Según detallan, uno de los principales problemas que está generando el articulado de esta normativa viene provocado por un requisito que antes no existía. Para recibir la atención sanitaria, las personas indocumentadas deben acreditar una estancia en el país de al menos 90 días, bien sea a través del empadronamiento u otras fórmulas válidas. “Este requisito deja ahora desprotegidas a personas que a las que antes sí les reconocía una excepcionalidad en la exclusión, como son las mujeres embarazadas y los niños. Ahora no pueden ser atendidos hasta que pasen 90 días aquí”, sostiene Hoyo. Ruíz-Giménez va más allá: “No es sólo el riesgo para mujeres embarazadas o para niños recién nacidos, sino que excluye a personas que no puedan acreditar su estancia por carecer de vivienda u otras causas comunes en población que ha entrado en el país de forma irregular”.

Fuentes del Ministerio de Sanidad argumentan que este requisito puede sortearse con un informe de los trabajadores sociales. Reconocen que está generando problemas pero que se está trabajando para solucionarlos y que se han dado instrucciones homegeneizadas a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la realidad se convierte en un laberinto burocrático para muchas personas que necesitan visitar al médico. Un laberinto que, en muchos casos, sólo tiene dos salidas: esperar tres meses o recurrir a la sanidad privada.

Es el escenario que se encontraron Aroldo Huttl y su mujer, Leticia Medeiros, cuando llegaron a Valladolid en abril procedentes de Brasil. Este matrimonio, de 35 y 34 años respectivamente, decidió probar suerte en España, donde residía el hermano de Huttl desde hace 15 años. Venían un con hijo de tres años y una niña en camino. “Mi mujer estaba embarazada de siete meses y yo no tenía ni idea de que había cambiado la ley. Nos encontramos con que no podía ir a revisiones médicas al final de su embarazo”, relata el padre. Asegura que en el centro de salud le dijeron que tenían que llevar 90 días empadronados y se queja del coordinador del centro, que le puso “muchas trabas, incluso cuando recurrimos a los trabajadores sociales”. Tras casi dos meses de burocracia, ventanillas y ayuda de Médicos del Mundo, lograron que su mujer tuviera asistencia pocos días antes de que diera luz.

“Tuve que ir a consultas privadas hasta el parto”, afirma el padre, que no logró cobertura para él y para su hijo hasta hace pocos días. “Creo que es absurdo. Y mucho más absurdo me parece que ahora, mi hija recién nacida tampoco vaya a poder ir a revisiones hasta dentro de tres meses”, sostiene. Al menos, eso es lo que le ha dicho la trabajadora social. “Me dijeron que la nueva normativa venía para mejorar las cosas pero, al menos en mi caso, lo ha empeorado. Primero con mi mujer embaraza y ahora con mi niña que acaba de nacer. Somos personas que están agobiadas con su situación sanitaria y parece que nadie lo entiende en los centros de salud”, sostiene.

Excluidos por el INSS

No es la única exclusión que deja patente que la sanidad española no es universal. Su caso, al menos, es temporal, aunque los activistas critican el elevado riesgo al que expone la Administración a niños recién nacidos y mujeres en avanzado estado de gestación. “También es extensible este peligro a personas con enfermedades infeccionas o crónicas que necesitan tratamiento y revisiones periódicas”, explica Ruíz-Giménez.

No obstante, uno de los casos que más llega a los buzones de orientación de las organizaciones sociales es el de personas mayores que vienen a España por la vía de la reagrupación comunitaria, gracias a que sus hijos ya han logrado la nacionalidad española. “Hablamos de padres y madres que vienen a estar con sus hijos, que son españoles ya de pleno derecho. Y ellos llegan con permiso de residencia”, explica el presidente de Médicos del Mundo.

“Suelen ser personas mayores, padres y madres de emigrantes”, coincide Ruíz Gutiérrez. Según este activista, en este caso se mezclan cuestiones de la Ley de Extranjería con la sanitaria. “Es un conflicto heredado del decreto del PP que no sólo no se ha resuelto con el PSOE, sino que se ha agravado, a pesar de que llevamos años de lucha con sentencias favorables de los Tribunales Superiores de Justicia”, indica, con las frustración de haberlo advertido sin éxito al Ministerio.

Uno de los requisitos que Extranjería pone a estas personas para entrar en el país y tramitar su permiso de residencia es la contratación de un seguro médico privado “sin que en ningún caso la residencia de éste pueda generar una carga para la asistencia social", dice literalmente la norma. “El problema es que tienen una edad avanzada o ya tienen enfermedades serias. Muchas veces no consiguen que ninguna aseguradora les cubra o, si lo logran, es por precios muy elevados, difícil de asumir por ellos o sus hijos”, explica Hoyo, que insiste en que, en estos casos, la desprotección es total.

Patricia Forero, de 41 años, vive angustiada. Sabe que en cualquier momento, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le va a retirar la tarjeta sanitaria a sus padres, de 68 y 74 años. Ella vino a España en 2011 desde Colombia para cursar estudios universitarios y, finalmente, logró la nacionalidad. “Hace ya casi cinco años pensé que lo mejor era que mis padres vinieran aquí también. Vendieron su casa, pasaron su pensión a España y se compraron una vivienda en Rivas (Madrid)”, detalla Forero.

No tuvieron problemas para tramitar la residencia, porque sus padres habían contratado un seguro de viaje con cobertura médica durante unos meses. Pero ese seguro caducó y, explica Forero, ninguno de ellos sabía siquiera que ese requisito era obligatorio. Lo descubrieron en 2016, cuando estaban de vacaciones en Torrevieja y su padre sufrió una hemorragia nasal grande. “Fuimos a urgencias y descubrimos que no teníamos ningún tipo de cobertura. Nos dieron una factura de 200 euros”, recuerda la mujer.

Fue entonces cuando empezó a preocuparse. Descubrió que su caso no era tan raro, que el INSS denegaba sistemáticamente la tarjeta sanitaria en estos casos, que se podía recurrir y que había incluso una plataforma de afectados por el INSS que, asesorados por organizaciones como Yo Sí Sanidad Universal, estaban ganando en los tribunales su derecho a la tarjeta sanitaria. No hay datos de cuántas personas se han quedado sin su tarjeta por esta razón, aunque las organizaciones hablan de más de 70 sentencias ganadas al INSS desde 2012. “Y nosotros sólo vemos la punta del iceberg, por lo que calculamos que son miles”, insiste Ruíz-Gutiérrez.

Los padres de Forero llegaron incluso a perder el permiso de residencia cuando solicitaron la tarjeta sanitaria. “Recibimos una carta del Gobierno en la que decían que, si estábamos solicitando atención sanitaria, quería decir que no teníamos seguro privado, un requisito fundamental”, recuerda indignada esta mujer. Aunque recurrió y ganó tanto el derecho a la salud pública como la residencia, el INSS ha recurrido este veredicto, como tanto otros. “En la mayoría de casos los afectados han ganado la batalla legal, pero en algún caso, un juzgado superior le dio la razón al INSS y la causa se elevó al Supremo”, resume Ruíz-Gutiérrez.

El Tribunal Supremo contradice a Pedro Sáchez

El pasado junio, el Supremo habló, y su sentencia contradice las palabras del presidente del Gobierno cada vez que insiste en que su partido ha devuelto a todas las personas el derecho a la atención sanitaria. El Supremo dio la razón al INSS, que alegaba este requisito del seguro privado en una sentencia “desastrosa”, en palabras de Ruíz-Guitérrez y de REDER. “Esta decisión genera jurisprudencia. Todos los casos que estén pendientes seguirán ya esta doctrina que excluye a personas que tienen residencia legal en España”, afirma. Y lo más sangrante para las organizaciones es que “en la última sentencia conocida tras el fallo del Supremo, el juez menciona la ley del PSOE como argumento principal para denegar el derecho a la atención sanitaria”, apunta.

Y en esa situación están los padres de Forero. Esperando su exclusión. “No quiero pensarlo, me genera una ansiedad terrible porque no tenemos medios económicos para pagar un seguro privado si es que nos lo dan”, explica la afectada. Al menos, se consuela, sus padres no tienen graves enfermedades. “En la plataforma hay casos de personas con cáncer a las que nadie quiere asegurar, o personas que necesitan tratamientos muy caros que no cubre la Seguridad Social. Es una injusticia tremenda”, añade.

Ante estas situaciones que prueban que el término “universal” quizás no sea el adecuado, Amnistía Internacional, REDER y Yo Sí Sanidad Universal han convocado para este miércoles una protesta ante el Ministerio de Sanidad para exigir que la universalidad sea efectiva. Desde el Ministerio de Sanidad se excusan en que el Real Decreto probado era sólo el primer paso de una ley de sanidad universal que, tras la convocatoria de elecciones, decayó. Mientras, los líderes políticos que hacen campaña prometiendo la sanidad universal siguen sin alcanzar un acuerdo de Gobierno con el que desarrollar esta ley.