Juana Rivas ha presentado una denuncia contra su expareja Francesco Arcuri por los presuntos delitos de "maltrato, lesiones y amenazas de muerte" hacia sus hijos. Lo hizo el pasado día 22 de julio ante el juzgado de instrucción número 3 de Granada, donde se encuentra desde el pasado 9 de junio con sus hijos. En la denuncia, Rivas pide que se adopten de forma urgente "medidas penales y civiles de protección" para los menores antes de que el próximo 14 de agosto vuelvan con su padre a la isla de Carloforte.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Público, afirma que los menores "presentan trastornos de sueño y crisis puntuales de ansiedad", y relatan haber "seguido sufriendo maltrato, incluidas amenazas de muerte por parte de su padre", Francesco Arcuri, en las semanas anteriores a la entrega a su madre, y posteriores a las denuncias que se han presentado con anterioridad".

La denuncia relata hechos ocurridos desde la última denuncia presentada por Rivas en Italia el pasado 13 de mayo y el 6 de junio, fecha en la que Arcuri entregó a los menores a Rivas para que vinieran a España. 

Entre 2016 y 2018 Juana Rivas había presentado un total de siete denuncias contra Arcuri por presuntos malos tratos continuados hacia ella y hacia sus hijos. Entre ellas figura una denuncia que Rivas interpuso en Granada por violencia de género y que nunca ha sido tenida en cuenta en su proceso penal en España, ni el civil de Italia, que decidía sobre la custodia de los menores.

Todas esas denuncias están siendo revisadas por un juzgado penal Italiano que deberá decidir si las archiva, tal como pidió la fiscalía de Gagliari o si debe abrirse un proceso penal para investigarlas. La vista se produjo el pasado 3 de julio y aún no se ha emitido ninguna resolución la respecto.

Pediatría y salud mental confirman posibles malos tratos

La denuncia ante el juzgado de Granada se presentó pocos días después de que la Coordinadora de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Atarfe, tras valorar el estado de los menores, pusiera en marcha de oficio el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), un procedimiento de notificación que los profesionales de la sanidad pública están obligados a activar cuando detecten un posible caso de malos tratos infantiles en el ejercicio de su profesión. El pasado día 19 de julio, esta profesional también remitió un informe a la Fiscalía, para que tuviera conocimiento de los hechos. 

Los dos menores también fueron evaluados por la pediatra del servicio de salud que les correspondía por zona, quien ante los indicios, remitió a los menores al servicio de salud mental de Artafe, que coordina la zona en la que se encuentra Maracena.

En la denuncia ahora presentada, Rivas pide que se "incoen diligencias previas a fin de investigar los hechos denunciados y dado el lugar de comisión de los hechos (Carloforte, Italia), se proceda a remitir inmediatamente dicha denuncia (con toda la documentación existente al respecto) a las autoridades competentes del Estado italiano" en aplicación del artículo 17 del Estatuto de la víctima del delito.

Este artículo permite interponer una denuncia en un lugar distinto al de residencia y afirma que: "Las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea. En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante".

Tal como han denunciado fuentes jurídica de este caso en el pasado, este artículo fue ignorado cuando Rivas presentó una denuncia por violencia de género en Granada en 2016 y ésta tardó más de año y medio en llegar a Italia.

Entre las peticiones de la denuncia, Rivas suplica al juzgado de Granada que se apliquen medidas penales, como "el alejamiento e incomunicación de Arcuri hacia sus hijos" y cualquier otra necesaria necesaria para apartar a los menores "del peligro que supone la relación con su progenitor". También pide la "suspensión cautelar de la patria potestad custodia y régimen de visitas de Francesco Arcuri respecto a sus hijos" y que se adopte cualquier disposición que se considere oportuna, que podría incluir desde entregarle a ella la custodia de los menores, hacerlo a la madre materna o, incluso, ponerlos bajo al tutela de la Administración.

Por último, la denuncia solicita que, ante la gravedad de los hechos denunciados, se impongan "medidas cautelares urgentes" para la protección de los menores "a fin de evitar la continuidad de realización de actos similares a los denunciados, incluso peores, que atacan seriamente a derechos fundamentales y bienes protegidos como la vida y la integridad física, moral y psicológica de los menores".