El juzgado de instrucción número 3 de Granada ha rechazado la petición de Juana Rivas de establecer medidas cautelares urgentes para proteger a sus hijos de su padre, Francesco Arcuri, en virtud de la denuncia que la granadina presentó contra Arcuri el pasado 22 de julio por "maltrato, lesiones y amenazas de muerte" hacia los menores mientras éstos estaban en Italia. La titular del juzgado granadino se ha declarado incompetente, además de determinar la "improcedencia" para adoptar las medidas cautelares que Rivas pidió respecto a sus dos hijos sin perjuicio del derecho de la denunciante a que las instara ante el tribunal competente italiano. La defensa de Rivas va a presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Granada. 

Juana Rivas había solicitado en su denuncia contra el padre de sus hijos que se adoptaran medidas cautelares antes del 14 de agosto, fecha en las que los menores tienen que regresar a Italia con su padre tras haber llegado a España el pasado 6 de junio. Rivas pedía al juzgado que emitiese una orden de "alejamiento e incomunicación del progenitor con sus hijos, y medidas de carácter civil, consistentes en la solicitud de suspensión cautelar de la patria potestad custodia y régimen de visitas del progenitor respecto de sus hijos".

El juzgado ha rechazado la solicitud bajo el argumento de que "no es competente" y porque, dice la jueza, Arcuri tiene derecho a defenderse y a ser escuchado: "La 
pretensión que consta en la denuncia no puede sostenerse, además de porque este juzgador no es competente para conocer del fondo del asunto, porque resulta en flagrante vulneración de los derechos de audiencia y defensa". 

Además, la juez estima que "no se cumplen los presupuestos básicos que requiere la adopción de toda medida cautelar urgente, que son la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora".

Precisamente la demora en denunciar es lo que la titular del juzgado granadino reprocha a Juana Rivas. La jueza sostiene que, de acuerdo con la denuncia presentada, los hechos habrían ocurrido, el primero de ellos, el 29 de mayo de 2019 en Italia, el segundo unos días después en la localidad italiana de Caloforte, y el tercero el 6 de junio de 2019, igualmente en dicha localidad, justo el día anterior a ser entregados los menores a su madre con motivo de las vacaciones. La jueza viene a preguntarse por qué pide Rivas medidas cautelares urgentes si tardó 46 días en denunciar los hechos : "No se entiende como se ha tardado exactamente 46 días en denunciar, sino que se hubiera presentado la denuncia el mismo siguiente día inmediatamente después de observar tales indicios, esperando 
encontrarse en España para presentar la denuncia". 

"No se ha escuchado a los menores"

Respecto a la denuncia, en la que Rivas afirma que sus hijos "presentan trastornos de sueño y crisis puntuales de ansiedad", y relatan haber "seguido sufriendo maltrato, incluidas amenazas de muerte por parte de su padre" en las semanas anteriores a la entrega a su madre el pasado 6 de junio, el juzgado también se lava las manos: vuelve a declararse incompetente porque los hechos tuvieron lugar en Italia. 

La defensa de Juana Rivas aduce por su parte que la denegación de las medidas cautelares se ha adoptado "sin escuchar a los menores y sin practicar ni una sola diligencia de investigación", por lo que ya ha anunciado que va a recurrir la decisión.

Juana Rivas sostiene que sus hijos han sufrido malos tratos por parte de su padre. Su preocupación es tal que ayer mismo, viernes, Rivas pidió auxilio a través de una carta pública en la que solicitaba que alguna institución en España se haga cargo de sus hijos porque "no se pueden defender y corren mucho peligro".

Cuatro días después de su llegada a España el pasado 6 de junio, Rivas llevó a sus hijos al pediatra. Éste advirtió ciertos síntomas en los niños, como insomnio y ansiedad, y por ello los remitió para su valoración a la Unidad de Salud Mental que tras una meticulosa exploración de los menores emitió un informe SIMIA, un procedimiento de notificación que los profesionales de la sanidad pública están obligados a activar cuando detecten un posible caso de malos tratos infantiles en el ejercicio de su profesión y lo remitió a la Fiscalía. "Pero dicho informe no ha llegado todavía al juzgado, ni ha sido solicitado por la jueza pese a que esta parte se lo pidió expresamente", sostiene la defensa de Rivas. 

Según los abogados defensores, "Juana Rivas interpuso denuncia tan sólo tres días después de que el Sistema Andaluz de Salud finalizara ese informe, pero el auto judicial le reprocha injustamente que lo hiciera 'cuando sus hijos llevaban ya 46 días en España'".

La defensa de Rivas también destaca que la decisión judicial destaca que "ni se ha escuchado a los menores, ni hace ningún esfuerzo por dar traslado de la petición al señor Arcuri para que pueda oponerse, ni tiene en cuenta que pueden acordarse provisionalísimamente medidas tendentes a evitar el riesgo para los niños que los profesionales sanitarios han detectado y documentado". 

La jueza acuerda esta decisión sin perjuicio de que, una vez que esta sea firme, se remita a la autoridad judicial legalmente competente en Italia la denuncia interpuesta de conformidad con el Estatuto de la Víctima.

La juez sostiene que, de acuerdo con la denuncia presentada, los hechos habrían ocurrido, el primero de ellos, el 29 de mayo de 2019 en Italia, el segundo unos días después en la localidad italiana de Caloforte, y el tercero el 6 de junio de 2019, igualmente en dicha localidad, justo el día anterior a ser entregados los menores a su madre con motivo de las vacaciones.

Arcuri anuncia medidas legales contra Juana Rivas

Mientras, en reacción al auto del juzgado de instrucción número 3 de Granada, Francesco Arcuri ha anunciado que instara "cuantas acciones legales correspondan contra quien corresponda" cuando el Tribunal Supremo resuelva acerca de la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que condenó en marzo de 2019 a Juana Rivas a cinco años de prisión por sustracción de menores, sin descartar "medidas inmediatas ante el sinsentido de los últimos días", en el cual "los únicos gravemente perjudicados son los dos niños".

Arcuri, además, expone que en el entorno de la madre "saben lo que dijeron los médicos en Italia al respecto de esos hechos que vuelven a denunciar aquí" y que los servicios sociales de Carloforte (Italia) "lo tomaron como hechos definitivos para solicitar al tribunal de menores –de Italia– que se restrinjan las visitas a tuteladas de Juana Rivas a sus hijos", o sean en sede de los servicios sociales con psicólogos presentes.

El padre argumenta que los servicios sociales italianos advierten que "cada vez que los niños pasan días con Rivas, retroceden en su estado psicológico debido a la diagnosticada y probada manipulación de la madre y del Centro de la mujer de Maracena".

Arcuri señala como "la prueba más evidente" al actual periodo de vacaciones en España que disfrutan los menores con su madre, que finaliza con el retorno de los niños el 14 de agosto a su padre; al informe de 177 páginas de la perito judicial del procedimiento que otorgó la custodia a Arcuri, "fruto de cuatro meses de decenas de exploraciones científicas a los niños, a los padres, incluso con entrevistas a la directora del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados", y a "todos los actores que han estado alrededor de los menores".