500.000 euros. Es la diferencia que llevó a los Padres Paúles a decantarse por un fondo de inversión y no por una iniciativa de covivienda para gente mayor en la venta del antiguo Hotel Buenos Aires en Vallvidrera, Barcelona. La titular del juzgado de instrucción número 8 de Barcelona sentenció esta semana que el edificio, ocupado por colectivos vecinales del barrio desde marzo, deberá desalojarse después de que la Congregación y el fondo London Private Company denunciaran a dos de las activistas. En estos cinco meses se han puesto en marcha decenas de actividades que ahora corren peligro.

La Buenos Aires fue durante más de un siglo residencia de estudiantes de la Universitat de Barcelona. En la Guerra Civil se convirtió en refugio para enfermos y todo aquel que huía del terror. En su última época, hasta 2012, fue la residencia para personas mayores Llar Betània, propiedad de la congregación Padres Paúles, que había comprado el edificio en 1960. Antes de todo eso, en sus inicios, fue el hotel Buenos Aires. Y ahora está a punto de volver a ser un hotel.

Cuando aún era residencia, las familias de Vallvidrera envejecían en la Buenos Aires. Iban a visitarles sus hijos y nietos y la casa estaba abierta al barrio. Una profesora recuerda ahora que el proyecto convivía con una escuela para niños. Clara, que ahora vive en la casa, conocía de pequeña a la monja cocinera que tenía las puertas de su cocina, en los bajos, abierta a los vecinos. Todo eso acabó en 2012. El edificio necesitaba unas reformas que la Congregación decidió que no podía asumir y la Casa quedó vacía a excepción de la celebración de alguna comunión.

Proyecto de covivienda

Así que en 2017 un grupo de vecinos decide retomar el sueño y hace, a través de Sostre Cívic, una cooperativa de vivienda, una oferta de compra a los Padres Paúles. 2,5 millones de euros para convertir la Buenos Aires en un proyecto de cohabitatge sénior, es decir, para personas mayores de 55 años. La idea es que fuera una casa abierta al barrio y que pudiera funcionar también como centro de día para la gente mayor de Vallvidrera que se queda sola entre semana y proponerles actividades como acompañarles a hacer la compra.

Las vecinas dicen que se encontraron con la pasividad de la congregación, que al cabo de unos meses dijo que no le interesaba ninguna oferta por debajo de los 4 millones de euros. Los Paúles tienen 57 propiedades repartidas por todo el Estado español, según su página web misionerospaules.org. Público ha intentado ponerse en contacto con la congregación para obtener su versión de los hechos, sin éxito.

En marzo de este año, diversos colectivos decidieron ocupar el edificio. La misma semana, London Private Company hizo público que lo había comprado por 3 millones de euros, 500.000 euros más de lo que ofrecía Sostre Cívic. La congregación y el fondo pusieron una denuncia conjunta a dos de las ocupantes. La compra por parte del fondo no es aún efectiva, ya que lo que tienen firmado las dos entidades es un compromiso de venta.

Su objetivo es construir un hotel en uno de los pocos barrios a los que no afecta la moratoria que prohíbe que proliferen más en el centro. De hecho, Eulàlia, una de las activistas denunciadas, considera que Vallvidrera "es víctima" de esos intentos de proteger el centro. "Desde que la presión vecinal creció en Barcelona, el turismo se ha trasladado en parte aquí y se nota", denuncia, "se está gentrificando el barrio con la expulsión de muchos de sus vecinos". La de los que han ocupado Buenos Aires podría ser la siguiente.

La jueza les ha condenado ya a pagar 1.000 euros de multa y a desalojar el espacio. Sin embargo, los activistas han recurrido y ahora el caso está en la Audiencia Provincial. Mientras, las vecinas han ido construyendo su proyecto. Desde que se ocupó la Buenos Aires, se celebran desde cinefórums a conciertos de música barroca. El Casal de Joves tiene ahora un espacio propio, hay un huerto colectivo, se ofrece alojamiento temporal a los clubes de tiempo libre para niños y viven además unas 20 personas.

El Ayuntamiento podría proteger la Casa Buenos Aires

Los ocupantes de la Buenos Aires llevan mucho tiempo pidiendo al Ayuntamiento de Barcelona que intervenga en la situación. Querían que se catalogara el edificio para su protección. A pesar de ser una finca modernista, obra de Jeroni F. Granell, el mismo arquitecto que diseñó los vitrales cenitales del Palau de la Música, no está protegida. El consistorio decidió encargar recientemente el informe para estudiar hasta qué punto se podría preservar el edificio, pero aún está esperando a que llegue, informan fuentes del Ayuntamiento. Con el cambio de gobierno, aún no se ha podido estudiar. El nuevo concejal de distrito será Albert Batlle, del PSC.

Aunque se protegiera, seguiría siendo posible la construcción del hotel. Lo que sí estaría obligado a respetar elementos del interior que los planos actuales se llevarían por delante. Eulàlia, la activista denunciada, cuenta qué si se construyera ahora, desaparecería el comedor de la planta baja, lleno de vitrales modernistas. Los planos también hablaban de aprovechar una escalera central en esa misma planta que en realidad, no existe.

Las otras ventas de los Padres Paúles

La teoría que sostienen las vecinas es que desde hace dos o tres años la congregación está intentando deshacerse de su patrimonio. A raíz del caso de la Casa Buenos Aires, otros colectivos han empezado luchas parecidas con la misma congregación en Madrid o Guadalajara.

En el barrio de Hortaleza de la capital, la congregación quiere construir un gran edificio con 300 plazas de parking y un macrogimnasio que explotaría Go Fit. Para ello, tendría que demoler una decena de edificios, algunos de ellos históricos. Ahora, la Comunidad de Madrid ha revisado el plan y si cumple con los requisitos de la Dirección General de Patrimonio, podrá seguir adelante con el polémico proyecto que ha movilizado a los vecinos.

El caso de Guadalajara es más controvertido. En la década de los 60 se construyeron en la ciudad 96 viviendas protegidas para realojar a las familias que hasta entonces habían hecho su vida en cuevas. Muchos eran presos políticos de la dictadura que habían conseguido su libertad. Las casas las administraba la congregación, que debía traspasar la propiedad a los inquilinos después de que éstos terminaran de pagar los préstamos de su construcción. Pero eso nunca ocurrió y a día de hoy los Padres Paúles siguen siendo los dueños de la gran mayoría de las viviendas. Seguían cobrando las cuotas a muchos de los vecinos, ya gente mayor, que desconocía los acuerdos. Cuando una persona fallecía, la congregación se quedaba con el piso.

Desde febrero del 2014, la congregación es administradora única de un fondo de inversión de capital francés, Bailallier Servicios Generales, con el que ha intentado desahuciar a algunas de las familias. En enero de 2018, el PSOE llevó el asunto al pleno del Ayuntamiento de Guadalajara y se han iniciado los trámites para que las viviendas se las queden quienes pagaron por ellas durante años. En los últimos meses y bajo la presión mediática, los Paúles las han cedido al Ayuntamiento de Guadalajara.