De rescatador a náufrago. Esta ha sido la transformación sufrida por el buque de la ONG catalana Proactiva Open Arms ante la falta de respuesta de una "Europa inhumana" que "sigue de vacaciones", tal y como afirma la organización en Twitter. La embarcación acoge a 121 migrantes desde el pasado jueves y sigue inmovilizado a 28 millas de la italiana isla de Lampedusa, a la espera de un puerto abierto donde poder desembarcar. La situación todavía es estable, pero el tiempo juega en su contra.  

Las opciones viables para desembarcar ahora mismo son Italia o Malta, según ha confirmado en una entrevista para Catalunya Ràdio el fundador de Open Arms, Òscar Camps. "No toca. No podemos permitir que la gente sufra ahora un viaje de cinco días. Si se tuviera que hacer, se hace, pero mejor llegar a Italia o Malta y repartir vía aérea", comentaba sobre la posibilidad de atracar en España. 

"Entraremos a Italia si tenemos problemas graves a bordo", aseguraba Camps. Ello supondría enfrentarse a las sanciones que Italia amenaza imponer a la ONG si entra en sus aguas. Además, dichas sanciones se han endurecido recientemente gracias a un Decreto de Seguridad impulsado por el ultraderechista Matteo Salvini. Tras la aprobación de esta norma en el senado, el ministro del Interior tendrá la potestad de limitar o prohibir la entrada de barcos en aguas italianas y eleva las multas por el incumplimiento de esta orden de 50.000 hasta 1 millón de euros. 

Por su parte, Salvini continuaba con sus amenazas a la ONG este miércoles a través de su cuenta de Twitter. El mandatario calificaba de "provocación política" los movimientos de la organización y asegura que durante estos días "habría tenido tiempo de sobra para llegar a España". "Las aguas italianas están cerradas y estamos listos para tomar el barco", sentenciaba amenazante el ultraderechista italiano. 

Más allá del viaje para poder desembarcar en otros destinos, la jefa de misión del buque, Anabel Montes, también destacaba en una entrevista a Onda Cero lo que esa cesión ante Italia o Malta significaría. "El hecho de ir a otro puerto que no nos corresponde sería una manera de legitimar ese quebrantamiento de la ley" y acuerdos internacionales que sostiene están incumpliendo ambos países del Mediterráneo. Mientras, la Comisión Europea se mostraba "preocupada" por la situación de los migrantes, pero aseguraba no tener competencias para facilitar un desembarco. 

Respuesta ambivalente de España

En las entrevistas mencionadas a los responsables de Open Arms, ambos denunciaban un comportamiento contradictorio y poco contundente por parte del Gobierno español. Montes aseguraba que desde el barco comunicaron al ejecutivo su situación, pero "no ha mediado más comunicación". 

Camps era más duro y, aunque reconocía que nunca se les ha negado un puerto, aseguraba que han sufrido consecuencias por desembarcamientos previos: "Desde su despacho nos cortaron las horas de navegación, nos prohibieron muchas actividades". "Los políticos se mueven por impulsos políticos y mediáticos. En ese momento le comprometía políticamente y ahora estamos en otro momento", sentenciaba contundente. 

Este mismo miércoles, el fundador de la ONG ha pedido por carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que actúe para activar el mecanismo de reparto europeo, por el cual podrían desembarcar en Italia o Malta. Esta petición de ayuda llega después de que en Open Arms aseguren estar "agotando todas las vías ordinarias y legales". "Consideramos que la Comisión Europea debe estar informada para que inicie y coordine un procedimiento de reparto de las personas rescatadas. Para poner este mecanismo en marcha, la solicitud debe proceder de un Estado miembro", comenta Camps.

Más allá del Gobierno central, a nivel autonómico ha habido varias regiones que se ofrecieron a mediar en la complicada situación del Open Arms. Uno de los primeros fueron el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana, ofreciendo sus puertos para el desembarque. Precisamente este miércoles, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, afeaba al Gobierno en funciones que "bloquee la entrada del Open Arms en Valencia". 

También se ofreció Euskadi, al igual que en el caso del Aquarius, a acoger a una parte de los migrantes rescatados, los cuales sugirió que podrían ser repartidos por el país siguiendo criterios de población, ingresos fiscales y desempleo. La Junta de Extremadura también se ofreció para la acogida, mientras que el presidente del Govern, Quim Torra, también abrió los puertos catalanes a la llegada del Open Arms. 

Por su parte, el Gobierno, a través del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, rehuía una posible acogida asegurando que la Comisión Europea y el resto de países de la región mediterránea deben "asumir su responsabilidad y no eludirla". "España no puede ser el único puerto seguro del mundo", aseguraba el socialista. En este sentido, Montes destacaba que lo que puede hacer el país es "interceder para que puedan desembarcar, pero en la zona competente".

Cronología del rescate

Esta compleja situación de abandono que actualmente vive el Open Arms se inició el pasado jueves 1 de agosto, cuando su buque rescató a 55 inmigrantes, entre ellos dos bebés mellizos de apenas 9 meses. Solo unas horas después, en la madrugada del jueves al viernes, la embarcación rescataba a otros migrantes náufragos en el Mediterráneo, concretamente 69 personas procedentes de Libia. Muchos de ellos presentaban signos de haber sufrido violencia o abusos en sus países de origen y sufren estrés postraumático por ello, según denuncia la organización. 

En total, 124 rescatados pendientes de encontrar un puerto donde pisar tierra firme tras su travesía desde entonces. El viernes, desde Open Arms denunciaban en Twitter las amenazas de sanciones del Gobierno italiano y también del español. Con estas últimas, hacían referencia a las multas de hasta 900.000 euros y posibles suspensiones de la tripulación que denunciaban el pasado junio. 

El sábado, 3 de agosto, dos mujeres embarazadas eran evacuadas por la Guardia Costera italiana. Según informaba Montes en un vídeo en Twitter, una de ellas estaba embarazada de 9 meses y tenía 32 años, tenía una hernia abdominal de gran tamaño y su bebé estaba atravesado y no en la posición correcta. La otra evacuada, de 22 años, estaba embarazada de ocho meses y medio y también su bebé descansaba en una posición peligrosa. Esta última, además, fue acompañada por su hermana, debido a su débil situación, ya que había sufrido "torturas, violencia física y sexual y habían matado a su marido delante de ella" en Libia. 

Tras estas marchas, comenzaron a llegar los ofrecimientos de diferentes regiones del país anteriormente mencionadas, pero de poco servía para solucionar la situación del Open Arms. El lunes, 5 de agosto, en Italia salían adelante las duras medidas contra las ONG citadas, por lo que, descartando la posibilidad de partir hacia España, el desembarque se complicaba. 

Así se llegaba hasta este miércoles, en el que se cumplen seis días desde que el Open Arms busca puerto sin respuesta y con 121 migrantes a bordo.