La fiscal ha asegurado este lunes ante el tribunal de jurado que enjuicia a Ana Julia Quezada por la muerte violenta de Gabriel Cruz que el niño, de tan solo ocho años, "no tuvo opción alguna de salir con vida de aquella finca" de Rodalquilar, en Níjar (Almería), a la que fue en coche con su presunta asesina.

"Yo tengo una convicción subjetiva y personal que no sirve de nada pero tengo la convicción jurídica de que Ana Julia Quezada cometió un delito de asesinato y otro de lesiones sobre los padres del menor", ha trasladado, no sin advertir a los integrantes del jurado que van a oír un "audio que les va a impactar por las expresiones usadas por la acusada" cuando trasladaba el cuerpo sin vida de Gabriel en maletero del coche en el que fue detenida.

La fiscal Elena Fernández ha subrayado el "destrozo moral" y "la total desolación" que sembró Ana Julia Quezada en los once días en los que se prolongó la búsqueda del pequeño y ha tildado de "incuestionable" que "le causó la muerte" de forma independiente a las circunstancias que hacen que sea un asesinato o un homicidio.

"Actuó con claro ánimo de ocasionar la muerte a Gabriel, de modo deliberado y consciente, a sangre fría, con desprecio de la vida del menor, de forma impredecible y que anuló por completo la capacidad de reacción de Gabriel, quien no podía esperar de ninguna manera que el ataque fuera a proceder de la pareja de su padre, una persona que le generaba confianza por formar parte de su entorno", ha afirmado. En esta línea, ha remarcado que Ana Julia Quezada "aprovechó la situación de desamparo, de ese desequilibrio de fuerzas" que le daba una "mayor facilidad" para cometer el delito y "asegurar el resultado de la muerte" aquel 27 de febrero de 2018.

"Estado de aflicción compungida y falsario"

Sobre su comportamiento en los días posteriores a la desaparición y a la postre muerte del niño, la fiscal ha reprochado la "sobreactuación en los medios" en los que mostró un "estado de aflicción compungida y falsario" en manifestaciones, "alentando los ánimos de los padres". "Pensamos que el impacto emocional de ese comportamiento en el estado de conmoción emocional, de angustia e incertidumbre de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, permite acusarla de dos delitos de lesiones psíquicas por su absoluto desprecio a su estado".

La fiscal ha demandado a los miembros del jurado popular que, frente a la tesis de la defensa de Ana Julia Quezada que sostiene que su criterio está "contaminado por influencia previa" derivada de la difusión mediática del caso, se "abstraigan" y demuestren que "eso no es así y que van a ejercer con responsabilidad su función". Ante los siete mujeres y dos hombres que deben dirimir la culpabilidad o no culpabilidad de la única procesada por la muerte violenta de Gabriel Cruz, les ha solicitado que abandonen "cualquier idea preestablecida" sobre los hechos y se centren en las pruebas que se van a practicar a lo largo de las ocho sesiones de la vista.

"El juicio oral contra la acusada se va a celebrar realmente aquí", ha remarcado con énfasis la fiscal Elena Fernández bajo la atenta mirada de Ana Julia Quezada, quien se ha derrumbado con las manos en la cara y ha roto a llorar a la entrada de los miembros del jurado popular en la sala. El resto del tiempo se ha mantenido sentada al lado de sus abogados, con los grilletes retirados de las muñecas después de que contestara afirmativamente a la pregunta de la magistrada sobre si iba a permanecer "en calma" en sala.

Por su parte, el letrado Francisco Torres, abogado que ejerce la acusación particular, ha reiterado este lunes que el pequeño estuvo "cerca de una hora con posibilidad de salvarse de haber habido una simple llamada".

Prisión permanente revisable

Se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, así como diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor, que pide la Fiscalía.

Solicita también el pago de los 200.203 euros de los gastos generados en la búsqueda del menor, y además, en concepto de reparación del daño moral reclama 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por los gastos médicos en conceptos de lesiones psíquicas y secuelas.

La Fiscalía también solicita que Quezada, compañera sentimental del padre de Gabriel cuando el niño, de 8 años, murió en febrero del año pasado, no pueda comunicarse o aproximarse a menos de un kilómetro de los padres durante treinta años.

El escrito de calificación fiscal señala que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición del niño por "asfixia mecánica por sofocación al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz utilizando una fuerza desproporcionada con respecto a la del menor hasta vencer la resistencia de la víctima".

Diez sesiones de juicio

Durante este martes, y no este lunes como estaba previsto, tendrá lugar la declaración de la acusada, mientras que un día después está previsto que declaren Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor, y otros siete testigos más, entre ellos la hija de Quezada, que reside en Burgos.

La magistrada Dodero, a petición del abogado Torres y la Fiscalía de Almería, ha acordado la declaración a puerta cerrada de los padres, la abuela y una prima menor de Gabriel, lo que también sucederá el 16 de septiembre, sesión reservada para los médicos forenses y del Instituto Nacional de Toxicología.

El 11 de septiembre declararán otras siete personas, entre ellas guardias civiles y un policía local de Níjar (Almería). Un día después continuarán otros miembros de la Guardia Civil, tanto de la Policía Judicial, como del Laboratorio de Criminalística y del Servicio Cinológico y Desaparecidos.

El día 13 proseguirán las testificales de diversos guardias civiles, incluido el coronel jefe de la Comandancia de Almería. El 17 se llevará a cabo la reproducción de audios y vídeos, y la reconstrucción de hechos y tras esto se llevarán a cabo las conclusiones e informes de las partes personadas, de forma que el 18 se entregará el objeto del veredicto al jurado popular.