Un hombre ha asesinado este lunes en Valga (Pontevedra) a su expareja, a su exsuegra y a su excuñada en un mismo acto violento. Sin embargo, sólo una de ellas engrosará la negra lista de víctimas de la violencia machista. La legislación española sólo reconoce como víctimas directas de la violencia de género a aquellas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y a los hijos de las mismas, pero no a las otras víctimas "colaterales" que se producen en este tipo de violencias. Por tanto, sólo la expareja de J.L.A, que se entregó a la policía tras confesar los hechos, será considerada víctima de la violencia de género.

Hasta el pasado 19 de agosto la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reconocía en sus estadísticas el asesinato de 40 mujeres por dicha violencia. De confirmarse finalmente el crimen de Pontevedra como violencia de género, las víctimas entre enero y septiembre subirán a las 41 en lo que va de año.  El triple crimen de Pontevedra incrementará en una víctima las estadísticas globales hasta las 1.016 reconocidas por este tipo de violencias desde que en 2003 se comenzaran a recopilar estadísticas.

Desde hace años las organizaciones feministas reclaman que se recopilen estadísticas que recojan el total de asesinatos machistas y no sólo las que se dan en las relaciones sentimentales.

El movimiento feminista lleva ya años reclamando cambios en la forma en la que se recogen las estadísticas de esta violencia y explicando que la violencia de género responde a unos patrones ya bien conocidos que incluye la violencia vicaria (hacer daño a través de otros), que no sólo incluye a los hijos sino a otros miembros de la familia y relaciones afectivas de las víctimas.

En 2013 se comenzaron a contabilizar a los hijos de las mujeres víctimas de la violencia machista, como víctimas directas, pero los cambios se producen de forma muy lenta. Por ello, el movimiento feminista empujó la puesta en marcha de un pacto de Estado contra este tipo de violencias.

Este pacto, aprobado en el Congreso en septiembre de 2017 establece la necesidad de contabilizar todas las víctimas de violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, tal como lo exige el Convenio de Estambul, un instrumento internacional firmado y ratificado por España en 2014, que obliga a los Estados firmantes a llevar una contabilidad de todas las violencias machistas.

A pesar de que el Pacto de Estado supuso un acuerdo de todas las fuerzas políticas para luchar contra el drama de la violencia y que contenía medidas que debían ser de urgente aplicación en un plazo de cinco años, a día de hoy poco se ha avanzado en su puesta en marcha.

La delegación del Gobierno afirmó hace ahora un año que había dado orden a las distintas comunidades autónomas para que recabaran y enviaran los datos de todas las violencias machistas. Pero a día de hoy y tras el parón institucional de las elecciones, poco se ha avanzado en esta tarea.

Algunas fuentes alternativas, como la página de Feminicidio.net, hacen una recopilación más amplia de los casos de violencia. Según su página web, en lo que va de año han contabilizado un total de 70 feminicidos, que se incrementarán a 73 cuando se incluyan las tres víctimas de este lunes en Galicia.