Mercy entró en España en 2015 por el aeropuerto de Barcelona. A pesar de ser nigeriana y de que su avión provenía de Costa de Marfil, su pasaporte decía que era ciudadana de Guinea Conakry. Lo había conseguido de un compatriota en Costa de Marfil (país en el que residía hacía tres años) y con el que se endeudó por valor de 50.000 euros para poder llegar a Europa. No sabía cuánto dinero era, pero sí que debía ganárselo ejerciendo la prostitución.

Cuando la brigada de frontera detectó que se trataba de un pasaporte falso, quedó detenida en la sala de retornos del aeropuerto y no pudo ser recogida por un miembro de la red que la hubiese llevado a un club o a un piso. Allí mismo pidió asilo, aduciendo ser perseguida en su país de origen por un un tema de orientación sexual. Explicó, tal como le había asesorado la red de trata, que era lesbiana y que por ello estaba siendo perseguida en Nigeria.

Desde ese momento Mercy fue conducida a una casa de acogida por unos pocos días y poco después trasladada a otra comunidad en donde la organización Accem, una ONG de defensa de los derechos fundamentales y que está especializada en refugio y migraciones, se hizo cargo de ella. 

Durante dos largos años, recuerda la abogada de esta organización, Dolores Ferri, Mercy mantuvo la coartada que le había dado la red de trata, aunque la historia tenía demasiadas lagunas.

"Las víctimas de trata vienen con historias inventadas por las mafias que las trafican y es preciso detectarlas porque ellas nunca se van a reconocer como mujeres tratadas. Las redes tienen mecanismos para controlarlas. Pero hay indicios que las delatan", relata Francisco Rojo, coordinador del servicio jurídico de Accem. Entre estos indicios, afirma este experto, está el país de procedencia, el medio por el que entraron, el tipo de historias que cuentan, cómo se comportan, el hecho que lleven varios teléfonos, que realicen salidas a horas extrañas... "En general son historias muy cortitas, que se nota que le han dicho que cuenten, pero no tienen sostén ni consistencia". Y las mantienen por temor a que la red haga daño a hijos o familiares en su país de origen.

Durante esos dos años Mercy había ido pagando pequeñas cantidades a la red a través de una cuenta bancaria que le habían hecho llegar al teléfono móvil. Nunca ejerció la prostitución, porque su petición de asilo y el hecho de que estuviese bajo custodia de asistentes sociales (que controlan que no salgas por las noches o si tienes demasiadas llamadas telefónicas) se lo impidió. Pero sí pasó penurias y mendigó para ir ingresando pequeñas cantidades en la cuenta de sus tratantes para ir pagando su deuda. 

Su mayor preocupación: que sus hijos, hoy de 16, 12 y 10 años (la mayor y la menor son mujeres) no sufrieran daño o que no fueran secuestrados por la mafia para cobrarse la deuda. A diferencia de algunas otras mujeres provenientes de Nigeria, a Mercy no le realizaron un ritual de vudú que ata a las víctimas a la red ante el miedo de que ocurran desgracias a sus seres cercanos, sino que los tratantes se quedaron con fotos y con la dirección donde viven sus hijos para asegurar que ella pagara la deuda. 

A mediados del año pasado, Mercy recibió una citación para ser entrevistada en la oficina de asilo de Madrid y ante el ultimátum de su abogada a contar su verdadera historia o su petición sería denegada, se derrumbó y contó por primera vez su historia real ante las instituciones: que no puede volver a su país por miedo a la mafia. Que salió de allí huyendo de una relación de malos tratos y que teme por sus hijos, amenazados por la mafia de la trata.

En junio pasado, finalmente, a Mercy le concedieron el asilo y desde hace unos meses se está tramitando la reagrupación con sus hijos en España. Hace un tiempo encontró trabajo como cocinera en un restaurante de la ciudad en la que ahora reside y afirma que es posible que pronto la asciendan a jefa de cocina.

Una excepción cada vez más habitual

Si bien desde Accem reconocen que el de Mercy es un caso de éxito, apuntan a que está dejando de ser una excepción y que la concesión de asilo a las víctimas de trata comienza a ser una vía más habitual.

"Desde hace dos o tres años, hemos visto cómo la oficina de asilo y refugio ha dado un giro radical a la interpretación que hace de estos casos y ha comenzado a dar protección a estas víctimas, cosa que no habíamos vivido en la historia del asilo en España", afirma Ferri. Según esta abogada, lo que siempre se aducía es que la vía del asilo no era para estas víctimas y que tenían que ir por el artículo 59 de la ley de Extranjería, lo que las obligaba a interponer una denuncia contra la mafia de la trata y a aportar información suficiente para poder desmantelar la red. Sólo entonces podía acceder a un permiso de residencia o corría el riesgo de ser deportada. 

Hace unos años, explican desde Accem, la oficina de asilo denegaba todas las solicitudes de asilo argumentando que era obligatorio ir a la vía de Extranjería. "Pero hace unos cinco años conseguimos que a una víctima de trata Mexicana se le concediera en nuestro país el estatuto de asilada sin presentar denuncia. A partir de ese momento poco a poco comenzó a cambiar el criterio. Es verdad que en los dos años siguientes se resolvieron muy poquitos casos por esta vía, pero en los últimos tres comenzó a haber una línea generalizada de ampliar la concesión de asilo a los casos que se podían probar que eran víctimas de trata y que de volver a su país de origen no tenían ningún tipo de protección", relata Rojo.

"Lo que estamos consiguiendo ahora, y el caso de Mercy es un referente, es que el consentimiento que da la víctima no se tenga en cuenta. Creemos que saber que viene a prostituirse no invalida en nada la condición que tiene como víctima de trata. Lo que se debe tener en cuenta es la situación de vulnerabilidad de una mujer a la hora de venir a ejercer la prostitución en España", explica Ferri. En este caso, comenta la abogada, "defendemos que se mirara su situación de vulnerabilidad, de mujer sola, analfabeta, víctima de malos tratos por parte de su expareja, su situación de extrema pobreza, con tres hijos menores a su cargo… todas esas condiciones de vulnerabilidad hace que una mujer preste su consentimiento, aunque sea forzado".

"Lo que siempre hemos defendido es que tiene que primar el carácter garantista hacia la víctima. Protegerla y si además podemos desmantelar esas redes para que no sigan trayendo mujeres, genial. Pero lo principal es el enfoque de derechos humanos hacia la víctima. Lo que no puede primar es el enfoque policial. Además hay que tener en cuenta que la información que suele tener la víctima sobre la red es tan extremadamente escasa que pocas veces es útil. Se suele restringir a un número de teléfono con un nombre falso y en muchos casos no pueden dar más datos que ese", añade Ferri.

Otra práctica que ha comenzado a cambiar, explica esta abogada, es la escucha que se hace de estas víctimas. "Anteriormente los funcionarios de asilo se quedaban con ese relato inicial de los hechos que las víctimas daban en el aeropuerto y los expediente se instruían con esas historias sin escuchar a las mujeres ni mirarlas cara a cara y ver sufrimiento. Esas narraciones estaban preparadas por las propias mafias y con ellas no se podían demostrar las necesidades de protección".

Falta una ley integral contra la trata

A pesar de estos avances, la realidad es que en nuestro país falta aún una ley integral sobre trata de personas que mire y ataje este problema desde distintos ámbitos y que ponga un énfasis en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual que mayoritariamente sufren mujeres y niñas. Una ley que garantice la adecuada protección de las víctimas, así como la formación y sensibilización de los agentes administrativos y sociales que participan en las labores de detección y persecución de la trata. Así lo vienen reclamando desde haca años las organizaciones que trabajan con estas víctimas. Lo que existe en la actualidad es un Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Nuestro país está considerado como uno de los principales destinos del tráfico de trata con este fin y país de tránsito y tiene el dudoso honor de encabezar la lista europea en demanda de prostitución y el tercer lugar del mundo, aunque los datos son difíciles de calcular.

Según las últimas estimaciones realizada por Cruz Roja, en el mundo existen unos 21 millones de personas víctimas de trata, sobre todo mujeres y niñas que son explotadas con fines sexuales. 

También la Fiscalía General del Estado exponía en su memoria anual relativa a 2018 que la trata de mujeres con fines de explotación sexual está "gravemente asentada" en España y que el proxenetismo es una actividad "en constante e imparable expansión" que constituye un negocio "boyante" con unos beneficios diarios que superan los cinco millones de euros, la mayor parte en dinero negro.

El Ministerio Fiscal reconocía que la normativa española no tiene previsto un régimen de protección integral para estas víctimas, por lo que urgía elaborar una Ley Integral contra la trata. También Cruz Roja ha pedido en un comunicado este jueves que se impulse en España la ley integral de protección y atención a las víctimas y supervivientes de la trata.

Para Accem, además, es importante que los datos que ofrecen en torno a la trata estén desagregados y que de fácil acceso. Hasta el momento, explican, las cifras de concesión de asilo, por ejemplo, no indican si se han concedido por motivos políticos u otros, por lo que es imposible saber con seguridad cuántas peticiones de asilo son concedidas en nuestro país por esta causa.