Hace tres años Blanca (nombre ficticio), de 21 años, volvía sola a casa cuando un desconocido la violó y dejó inconsciente en su portal. Cuando la joven acudió a comisaría con su madre se sintió cuestionada por los agentes. “El hombre dijo: Quién fue la violada”. Pensaba que la Policía no la creía: “Las preguntas eran muy repetitivas siempre. Hacía caras y me hacía sentir incómoda”, añade.

Nadie les informó a dónde acudir después de denunciar. Una vez tomaron el autobús al hospital más cercano de la Cruz Roja, les dirigieron a La Paz, el único hospital que se encarga de este tipo de procedimientos en Madrid. Blanca cuenta que “el forense llegó de una mala actitud, me cogió de la mano y trató de encerrarme en una habitación a solas con él y el médico de guardia le dijo que eso no era profesional”.

Dos años después, la joven no recibió ninguna llamada por parte de la Policía sobre la investigación de la agresión sexual que sufrió.

“Aparte de ser violada, tener ese trato por parte de las autoridades que se supone que tienen que ayudarnos... Es muy fuerte, para mí fue lo peor. No digo que peor que la violación, porque fue horrible, pero una espera otro trato por personas que esperas que te den ayuda porque son policías. Y no lo recibí”, denuncia la joven.

El periplo de Blanca es uno de los muchos testimonios de mujeres recogidos por Amnistía Internacional para defender el apoyo a las víctimas ante la violencia sexual.

Un escenario de desprotección

Cada día son más las mareas sociales que han salido a la calle para visibilizar esta violencia invisible. Sin embargo, la urgencia de combatirla no termina de despegar en las instituciones. De las 17 comunidades autónomas de España, ninguna dispone de un centro de crisis 24 horas para atender a las víctimas de violencia sexual, a pesar de que, según el Consejo de Europa, debe funcionar al menos uno por cada 200.000 mujeres o uno en cada provincia.

Asimismo, Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional, recuerda que hace un año publicaron el informe Ya es hora de que me creas precisamente para denunciar la falta o ausencia de políticas públicas y recursos que hay en temas de violencia sexual. "Con motivo del 25 estamos dirigiéndonos a los gobiernos autonómicos para que asuman un compromiso firme de adoptar medidas en esta materia y de dotar recursos específicos para atender a las víctimas”, sostiene la activista.

Desde la organización insisten en políticas públicas a nivel estatal y una ley integral contra la violencia sexual que recoja una serie de medidas que se apliquen a todo el territorio por igual “para evitar esa falta de atención especializada de recursos que depende de dónde te encuentres”.

Evitar la revictimización secundaria

La ruta de las víctimas de violencia de sexual que acuden de un sitio a otro relatando su vivencia es una realidad que favorece la “revictimización de la mujer”. Marian Marcos, psicóloga de FAMUVI, explica cómo la coordinación de recursos y una mayor dirección ayudarían a facilitar que la mujer no tuviera que dar trescientas vueltas y contar su historia varias veces.

Los centros de crisis son una de las soluciones para romper el paradigma y acercarse a las víctimas, que no sean las víctimas las que tengan que “buscarse la vida” para acceder a servicios especializados.

“Es necesario mejorar las redes y recursos, nosotros nos hemos dado a conocer porque muchos no nos conocían”, denuncia Marcos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid es quien ha dado el primer paso, con la anterior Junta de Gobierno, para abrir un centro de este tipo a principios de diciembre.

Existen espacios de asistencia y carácter ambulatorio como el CIMASCAM en la Comunidad de Madrid, pero este no es un centro de crisis 24/7, sino que presta atención en horario de oficina.

María Naredo, exdirectora general en Prevención y Atención frente a la Violencia de Género de Madrid, destaca que la base del centro es la “atención interdisciplinar personal y telefónica las 24 horas con un componente muy fuerte de ayuda psicológica, jurídica, de acompañamiento a cualquiera de los eslabones de la cadena a los que tiene que acudir una víctima de violencia sexual”.

La filosofía de este centro de crisis se basa en los modelos anglosajones que surgieron en Estados Unidos en los años 70 como un pilar fundamental del movimiento antiviolación para brindar servicios y acompañamiento a las víctimas.

El objetivo es evitar el peregrinaje entre los diferentes recursos que deben intervenir, que “el primer lugar al que tenga que acudir a las tres de la mañana una mujer cuando ha sido violada no sea a la comisaría o a un hospital, sino que pueda ser atendida en un centro especializado con un personal con enfoque feminista, que va a estar a su lado en ese momento de contención”, sostiene Naredo.

Necesidad de ajustar los recursos

La dimensión del problema es preocupante, según el informe más reciente del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2019 se produjeron 829 agresiones sexuales con penetración y 7.258 delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Para la portavoz de Amnistía en Madrid, Safira Cantos, “hace falta un diagnóstico adecuado porque no se tienen unas cifras ajustadas de la prevalencia y la extensión de la violencia sexual”.

La cifras de denuncia han aumentado en los últimos años, de acuerdo con la macroencuesta de 2015 realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, casi un 14% de las mujeres manifiesta haber sufrido violencia sexual a lo largo de su vida por parte de sus parejas, exparejas o terceros, “pero no tenemos, más allá, datos exactos para ajustar los recursos, hay un porcentaje muy alto de violencia invisibilizada y tiene que ver con la confianza de las víctimas de que el sistema va a representar una mejora después de la agresión sufrida”, manifiesta Cantos.

Cinco años después del Convenio de Estambul, que establece que haya asistencia especializada 24 horas, al menos telefónica, España lo incumple de manera generalizada. “Es una norma que al haber sido ratificada por nuestro país y al estar en vigor forma parte directa de nuestro ordenamiento jurídico, es decir todas las autoridades, da igual del poder que sean, están vinculadas al Convenio de Estambul”, manifiesta Safira. 

Por otro lado, Amnistía lamenta que de las 69 medidas del Pacto de Estado dedicadas a la violencia de género “sólo una está solo una está enfocada a la violencia sexual”.

La presión por parte de la sociedad civil ha puesto sobre la mesa y en las agendas de los partidos políticos este tema. Sin embargo, desde las organizaciones denuncian que esto no debe quedar en un compromiso social, sino que se tiene que materializar en hechos “tiene que haber una adaptación presupuestaria, medidas efectivas y políticas públicas que aborden ese tema”. Aún queda mucho por hacer.