A Julio Aponte ahora se le conoce como "el conserje". Hay quien le apoda también "el monaguillo", y no es de extrañar porque lleva cuatro meses y medio viviendo en una de las salas de la parroquia San Carlos Borromeo, en Entrevías, Vallecas (Madrid). Es un centro pastoral humilde bajo la batuta de Javier Baeza, un sacerdote distinto, de los que no lleva alzacuellos y se dedica a hacer lo que la extrema derecha recrimina a los críticos progres: él mete a los migrantes y solicitantes de asilo en su casa, aunque el deber sea de las instituciones. La de Baeza es de las pocas iglesias de Madrid —si no la única— que está respondiendo como mandan los cánones a la emergencia social que viven los demandantes de asilo que llegan a capital cada día sin más equipaje que una historia de violencia, miedo y hambre.

Aponte, de 39 años es uno de ellos. Alto, espigado y con el don de gentes propio del Caribe, llegó de Venezuela el pasado 12 de julio con su mujer, Margareth Jiménez, de 37, y su pareja de mellizos, Sarah Valentina y Moisés Nicolás, de ocho años; dos niños que hace ya tiempo que llaman casa a los colchones en el suelo de esta iglesia, donde juegan con algunos voluntarios o hacen los deberes del colegio. Es la única tranquilidad que tienen sus padres, saber que al menos están escolarizados desde la tercera semana que llegaron. "El colegio Giner de los Ríos, los profesores y los otros padres nos han ayudado mucho, con libros, con el chándal... Estamos muy agradecidos", dicen.

Jiménez y Aponte eran funcionarios del Gobierno venezolano. Vivían en Caracas, en el barrio 23 de Enero, uno de los tradicionales bastiones del chavismo donde la vida diaria ha degenerado tanto como la propia revolución venezolana, como pudo comprobar Público hace varios meses. Las razones por las que decidieron marcharse son demasiadas. Estaban hartos de que su sueldo sólo diera para comprar una docena de huevos, de que les obligaran a asistir a las marchas organizadas por el chavismo, de no poder quejarse de lo mal que están las cosas por miedo a represalias, de la violencia y la inseguridad en las calles... Pero la gota que colmó el vaso fue la intimidación y amenazas de los llamados 'colectivos', grupos de moteros defensores del Gobierno, muchos de ellos, armados y convertidos en auténticos gánsteres. "Dan miedo y cuentan con el beneplácito del Gobierno. Van armados por las calles del barrio, intimidan, tienes que hacer lo que ellos digan y no se puede discutir. Empezamos a temer que nos hicieran algo porque tuvimos problemas con uno de sus miembros a quien queríamos vender nuestra casa", resume a vuelapluma la mujer. Al final lograron vender su piso a otro comprador y sacar los billetes de avión a Madrid. Después de eso, les quedaron 300 euros en el bolsillo, afirman.

Perdidos en Madrid

"Nuestra vida quedó en cuatro maletas y dos bolsos", explica Jiménez. Están amontonados en el cuarto, al lado de las mantas y el radiador eléctrico que les calienta las noches desde hace casi cinco meses. La familia asegura estar harta de esperar a que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS) les llame para decirles que hay una plaza disponible en el programa de acogida para solicitantes de protección internacional. Ellos registraron su petición de asilo a los pocos días de llegar a España, no tienen recursos económicos y le corresponde al Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones —dirigida por Consuelo Rumí— proporcionarles una primera acogida básica (techo y comida) hasta que puedan acceder a la primera fase del sistema de asilo y refugio. Pero cada llamada que reciben de los trabajadores sociales del ministerio sólo les causa decepción. "La semana pasada me llamaron diciendo que había una. Salté de alegría, pero cuando llegué al colegio para recoger a los niños recibí otra llamada. Se habían equivocado con las plazas. Toca seguir esperando", asegura a mujer.

"No teníamos ni idea de que se podía solicitar asilo ni de qué era eso. Estábamos muy perdidos cuando llegamos", reconoce Jiménez. Sólo tenían referencias de la Cruz Roja y fueron allí tras pasar varias noches en un hostal. Les mandaron al Samur Social y la historia ya es demasiado conocida: tampoco había plazas. Cuando fueron a pedir asilo a la comisaría de Aluche, un policía les habló de San Carlos Borromeo y del párroco Baeza, y al ver la cola de gente en la puerta del Samur, también desbordado cada días, decidieron ir. "Esto es más que un techo y comida. Es una calidad humana enorme. Te hacen sentir seguro, en familia. Mis hijos dicen que ya tienen abuelos en España", apunta emocionado el padre, refiriéndose a un matrimonio del barrio, voluntarios que pasan a verlos cada día, a llevarles medicamentos para el asma de su mujer o a enseñarles a cocinar acelgas y patatas con carne.

Julio Aponte junto a su mujer Margareth Jiménez (ccentroedntro), juegan con sus hijos y voluntarios de la parroquia en la habitación de la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, donde llevan casi cinco meses esperando una plaza en el sistema de asilo y refugio.- JAIRO VARGAS

La frustración de ser los últimos

Ahora, el matrimonio conoce tan bien las etapas y las ventanillas del sistema español de asilo que hacen de guía para las nuevas familias que llegan a la parroquia, les acompañan a las citas y les dan ánimos. Son los veteranos. No saben por qué, pero desde hace cuatro meses y medio han dado la bienvenida y acomodado en los colchones de la iglesia a decenas de familias en la misma situación que ellos. "Nos alegramos cuando nos dicen que les han dado una plaza, pero claro, nos entra una angustia enorme. Aquí no estamos mal, pero somos una familia que quiere salir adelante y llevamos atrapados en esta situación mucho tiempo", dice.

Han presentado quejas en el Ayuntamiento y en la Secretaría de Estado de Migraciones. Al principio era reacio, pero Aponte ya ha explicado con pelos y señales a los medios de comunicación lo que está pasando. Más bien, lo que no está pasando mientras Gobierno y Ayuntamiento se echan en cara lo mal que se está gestionando este aumento de llegadas de refugiados ante un sistema colapsado desde hace varios años. "Nosotros no estamos en posición de imaginar ni de desear. Nos iríamos a cualquier sitio al que nos manden. Lo que único que quiero es poder contestar a mi hijo cuando me pregunta qué día vamos a tener un sitio para nosotros", señala Aponte.

Mientras eso se materializa, el matrimonio se dedica a colocar las donaciones que llegan a la parroquia, a mantener limpias las estancias, a buscar colchones y sábanas para los nuevos refugiados que Baeza recoge cada noche, cuando el Samur confirma lo habitual, que hay gente que se queda en la calle en Madrid cada día. "Intentamos devolver lo que nos están dando a nosotros. Pero la presión te va a afectando cada día más", lamenta Jiménez. "Asustados, cansados y sin información", así es como están, replica Aponte.

Según Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios, su caso ha excedido el límite legal permitido al Ministerio para dar algún tipo de respuesta, porque por muchas plazas que falten, el Gobierno tiene obligaciones legales con los solicitantes de asilo. Si en diciembre su situación no ha cambiado, advierte la letrada, llevarán el caso a los tribunales. Para entonces, los mellizos ya tendrán su primer boletín de notas de un colegio español. "Son buenos estudiantes. Es una alegría", sentencia Jiménez mientras Sarah Valentina y Moisés Nicolás repasan ejercicios de matemáticas sobre los colchones en el suelo de su habitación. Mañana tienen un examen, dice la niña. Está tranquila, la semana pasada sacó un 8,7 en Lengua. Las instituciones ni siquiera están llegando al suficiente.