Se le pone todo tipo de obstáculos a una "necesidad imperiosa" para mantener el ritmo económico y el pulso demográfico. Se instala el discurso del "no los queremos" pero, en realidad, los necesitamos. "Hay que insistir en que cada vez más, la inmigración va a ser una necesidad imperiosa, y hay que presentarla como un activo, un recurso y una inversión", sostiene Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Es una de las principales conclusiones que han puesto sobre las mesa los expertos en migraciones del Centro de Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB), que este jueves han presentado la 12ª edición de su anuario de inmigración en el Caixa Forum de Madrid bajo el título "Inmigración, elecciones y comportamiento político".

Según estos expertos, que han contado con la presencia de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, el 2019 ha sido un "annus horribilis"  marcado por un clima político internacional que ha trasladado "una representación negativa de la inmigración y el asilo" . En España ha llegado de la mano de Vox y, según estos expertos, no se debe a la inmigración, aunque es claramente un partido "que saca rédito de lanzar mensajes hostiles contra los migrantes". Un partido antiinmigración que amenaza, no sólo con contagiar al resto de partidos conservadores, sino con "blanquear sentimientos xenófobos en la sociedad llevando el suyo a la agenda política", han apuntado.

Este clima político, sostiene, está favoreciendo "la adopción de políticas crecientemente restrictivas y hostiles a ambos lados del Atlántico". Una pequeña muestra de ello es la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos de Humanos que ha avalado las devoluciones en caliente de migrantes en las fronteras. Un giro de 180 grados a su propia interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que, sin duda, se ha visto condicionado por el decidido rumbo europeo hacia la externalización y control de fronteras.

Y mientras Europa se blinda y exige a los que quieren entrar que no recurran a modos irregulares, los expertos han señalado la contradicción más evidente: no se han explorado las vías legales y seguras de entrada de inmigrantes. "Si vamos a ser muy duros y exigentes en las fronteras, tenemos que tener mecanismos legales de acceso", ha expuesto David Moya, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

Externalización de fronteras

En España se ha seguido con Marruecos la misma política de subcontratación del control del flujo migratorio que Italia ha seguido con Libia o Europa con Turquía. Y lo más dramático, advierten, en que "ha sido eficaz", tanto a nivel discursivo como estadístico, ha destacado Arango.

De ser  en 2018 el principal puerto de entradas irregulares de migrantes, con 64.000 llegadas, España ha reducido estas cifras casi un 50% en 2019 gracias a la labor marroquí en la represión. Pero estos expertos advierten de que el foco político y mediático se pone en la frontera sur mientras se ignora que, en 2018, las entradas desde el extranjero por vía regular crecieron un 21%, alcanzando el máximo de la última década, con 643.384. El 87% eran de nacionalidad distinta a la española.

Este movimiento ha logrado paliar el crecimiento vegetativo (nacimientos menos muertes) más negativo de la historia del país, que fue de -56.000 personas, y ha hecho posible que la población nacional haya crecido y superado los 47 millones, de los que el 11% son extranjeros. 

Entre las razones del aumento del saldo migratorio está que España está dejando atrás la crisis económica, lo que atrae a trabajadores extranjeros. Pero al mismo tiempo se puede invertir la causalidad: "La recuperación económica está siendo liderada en buena medida por la recuperación del pulso migratorio", especifica el anuario.

La población extranjera supone el 16% del total de trabajadores. "Desde el final de la crisis, la totalidad del incremento de la población activa se debe a ciudadanos extranjeros", apunta el anuario, que destaca que el 36% de los nuevos empleos generados corresponden a trabajadores extranjeros. "Para crecer como lo hacemos y como lo hicimos antes de la crisis, necesitamos mano de obra extranjera", zanja Arango.

Y a pesar de eso, "tenemos un problema importante de ampliación de vías de acceso legal al mercado de trabajo. Los canales resulta inapropiados y deberían ser una prioridad", apunta este experto.

Récord de solicitantes de asilo

Aunque no todas las llegadas apuntan a la recuperación económica. El número de personas que han llegado a España para buscar protección internacional ante situaciones de conflicto se ha duplicado respecto a 2018 y se ha triplicado respecto a 2017. Ha sido casi 118.000, ha advertido Blanca Garcés, investigadora senior del área de migraciones y coordinadora de investigación de CIDOB, que mantiene que el Gobierno no ha estado a la altura.

El aumento sin precedentes  ha desbordado el sistema de acogida español, que ha tenido que pasar de 930 plazas de acogida en 2015 a casi 13.000 en 2019. Un crecimiento "reactivo y sin planificación a medio plazo" que no servido para paliar el drama de que muchas de estas personas acaben en situación de calle.

Y pese a ser el quinto país europeo receptor de solicitantes de asilo (sobre todo provenientes de Latinoamérica), España sólo ha resuelto favorablemente un 5% de las 60.000 solicitudes que ha tramitado, dejando más de 100.000 pendientes de resolver.

Para Garcés es importante conocer las condiciones de vida de los solicitantes de asilo cuando llevan tiempo en el país, "porque hay pocos datos y tienen un perfil muy distinto en formación, motivaciones migratorias y expectativas en España, como el caso de los venezolanos", sostiene. "Eso influye y determina distintas trayectorias de acogida e integración", apunta.