Emergencia sanitaria por el coronavirus La sanidad privada pide al Gobierno que financie el 75% de su facturación

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha pedido al Ejecutivo medidas urgentes para afrontar "el enorme desgaste en recursos" en la lucha contra el coronavirus que ha sufrido sin haber recibido "contraprestación alguna". En este sentido, ha pedido al Estado que se cubra el 75% de su facturación al detener su actividad.

En un comunicado publicado el lunes, la patronal asegura que la fidelidad y voluntad colaboradora con el Gobierno contra la covid-19 "ha sido siempre máxima" pero ha solicitado medidas que aseguren la viabilidad financiera de los hospitales y clínicas privados "ante una grave crisis de liquidez".

Así, recoge un paquete de medidas económico-financieras para la "inmediata" liquidez de los centros sanitarios, como la exención de las cuotas de la Seguridad Social durante el tiempo en que se prolongue el estado de alarma y la del pago de impuestos y retenciones del IRPF de los trabajadores en ese periodo.

Acceder a líneas de financiación gratuita o con carencia en la devolución de principal, y a las líneas de avales establecidas en el RD 8/2020 o a las líneas ICO de financiación de circulante para permitir la cobertura del déficit de circulante, son otras de las reclamaciones.

ASPE pide líneas de liquidez por parte de los bancos avaladas por el Estado para afrontar pagos al contado que exigen los proveedores sanitarios, así como créditos blandos por inversión en material imprescindible en la lucha contra el coronavirus.

El acceder a una línea de financiación específica para el sector, por importe del 75% de la facturación del sector hospitalario durante 2 meses y la reducción del IVA sanitario a tipo superreducido para facilitar la adquisición de material son otras de las medidas que solicita.

Además, reivindica subvenciones para compras "por el aumento elevado" de los precios de material sanitario, ayudas directas a centros implicados en la atención a pacientes con COVID-19 y la aprobación de fórmulas de cobro excepcionales.

Este jueves, la patronal ha informado de que tienen 2.200 camas de UCI sin usar y ha lamentado que regiones como Canarias y Valencia "no hagan uso o solo testimonial de sus equipamientos y recursos humanos".