Madrid quiere dar vía libre a la cuarta universidad privada en año y medio pero no abre una pública desde hace 25 años

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere reconocer el carácter de universidad privada al Centro de Educación Superior EAE Madrid, centro adscrito que ha funcionado en los últimos años en una universidad pública, la Universidad Rey Juan Carlos. La promotora de la denominada '‘Universidad Internacional de la Empresa’ es OntreoPLUS, perteneciente al grupo Planeta Agostini. El proyecto, sin embargo, no cuenta con el visto bueno ni del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid ni de la Fundación para el Conocimiento Madri+d ni de los sindicatos. El anteproyecto de ley para su reconocimiento, publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, evidencia enormes deficiencias.

El documento que debe avalar el reconocimiento de la nueva universidad privada genera grandes dudas sobre las instalaciones y sobre el profesorado. El texto se publicó el pasado 12 de junio. Según la memoria del análisis del impacto normativo de la ley, las cinco instalaciones que se utilizarían para albergar esta universidad se encuentran en régimen de arrendamiento y los contratos están en vigor. Sin embargo, en el documento se reconoce que "el vencimiento de alguno de ellos será en fecha próxima". No se aclara cómo se garantizarán las futuras instalaciones cuando acabe el periodo de alquiler. "En relación con este aspecto, los promotores han garantizado que, en el momento del inicio de su actividad, la universidad contará con las instalaciones adecuadas", se dice en el texto sin dar más garantías.

Además, ni siquiera los edificios previstos para alojar la universidad son del todo adecuados. Hay cinco inmuebles: en la calle Joaquín Costa, 41, (sede actual de las instalaciones del centro EAE Madrid), y que consta de 3.998 m2; en Príncipe de Vergara, 108, (donde se imparten sesiones de los másteres propios de EAE global); en Príncipe de Vergara, 156; en Suero de Quiñones y en Dulcinea. Las últimas dos no cuentan con ningún aseo accesible.

La inexactitud se repite en las ratios. El porcentaje del Personal Docente e Investigador (PDI) acreditado es del 26,96%, cuando debe ser como mínimo del 60% (artículo 72.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). Mientras que la ratio profesor/alumnos es de 1/45, cuando debe ser como máximo del 1/25 (artículo 7.2 del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios). El listado de profesores tampoco incluye el "personal docente externo". Sin embargo, y otra vez sin garantías de ello, la memoria indica que estos incumplimientos no impiden proseguir con la tramitación porque "los promotores han presentado el compromiso sobre el cumplimiento al inicio de la universidad y en los cursos siguientes". Por este compromiso de los promotores la Conferencia General de Política Universitaria, en sesión celebrada el 26 de febrero, presentó un informe favorable respecto al proyecto pese a que las otras instituciones no lo hicieron.

Estos aspectos son los que llevaron a que el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid votara en contra del proyecto hasta con nueve votos (los correspondientes a los representantes de cinco universidades públicas y sus consejos sociales). No obtuvo ningún voto a favor y hubo seis abstenciones, según el acta de la reunión celebrada el 25 de abril, a la que ha tenido acceso Público.

Según el informe que explica los votos desfavorables, se sostiene que el proyecto parece "poco realista" por la experiencia previa del centro adscrito al querer pasar de impartir seis títulos de máster a implantar inmediatamente cursos de otros nuevos dos máster y seis grados. Además, señalan que hay "contradicciones y omisiones en los datos aportados sobre la oferta de estudiantes en las titulaciones, el tipo de docencia y la justificación de demanda". "No hay un calendario de incorporación del personal docente e investigador necesario, ni información clara sobre su categoría académica y su experiencia docente e investigadora acreditada", detallan.

Por otro lado, el informe desfavorable de la Fundación para el Conocimiento Madri+d también señala la no aportación de un calendario de extinciones y del régimen de convalidaciones, así como de la Programación Plurianual de la actividad investigadora: "Es muy genérica, toda vez que no informa de la labor investigadora actual, ni de las publicaciones que ya tengan los actuales profesores, ni de si los mismos tienen sexenios de investigación, además de que las referencias a las líneas de investigación son muy genéricas y no se concretan objetivos específicos ni se mencionan grupos de investigación".

Todo esto ha llevado a que CCOO e incluso docentes individuales de universidades presenten alegaciones en contra del anteproyecto. El plazo se terminó el pasado 3 de julio.

"La realidad es que con la creación de esta nueva universidad privada no se atiende a ninguna necesidad estratégica del mapa de titulaciones de la Comunidad de Madrid, sino más bien todo lo contrario. La creación de esta universidad privada no responde a una necesidad educativa, sino a satisfacer la solicitud y los intereses de los promotores de esta iniciativa. Favorece el trasvase de alumnado del sistema universitario público al ámbito de las universidades privadas. Los estudiantes que venían cursando sus estudios en el actual centro adscrito a la URJC eran, a todos los efectos, alumnado de la universidad pública a la que se adscribía el centro. Con su conversión en universidad privada, unos 1.600 estudiantes pasarían de la universidad pública a la privada", argumentan desde el sindicato.

El proyecto no reconoce un impacto directo en el gasto público, pero sí supone una pérdida para la Universidad Rey Juan Carlos. Los grados y másteres que ahora quiere impartir esta universidad (todos de la rama económica) antes se daban como centro adscrito, es decir, los estudiantes que formaban parte de este centro recibían el título oficial de la universidad y el centro estaba sometido a la tutela académica de la URJC. La universidad ha cuantificado entre 1.500.000 y 2.000.000 euros lo que dejará de ingresar. Este importe se justifica por la tutela académica así como por las gestiones administrativas consecuentes, al ser ella la que emitía los títulos universitarios oficiales, comprobaba los requisitos para su expedición, tutelaba las convalidaciones de asignaturas y otorgaba "la venia docendi" a los profesores del centro (autorizaciones académicas).

El precio de la matrícula de Grado será 8.000 euros, mientras que de Máster estará entre los 13.000 y 26.000

Las irregularidades, así como la pérdida de dinero que supone para la universidad pública, se desarrollan en el anteproyecto de ley que, sin embargo, supone para el Gobierno de la Comunidad un incremento de "la competitividad" y tiene el objetivo de "potenciar el sistema madrileño de educación superior". Sin embargo, los sindicatos y profesores dudan de su demanda social al no responder a una necesidad estratégica del mapa de titulaciones de la región y porque todos los estudios ya se imparten en otras universidades.

Esta nueva universidad está promovida por la entidad Grupo Planeta de Agostini, S.L., a través de la entidad Ontreo Plus, Sociedad Limitada Unipersonal (S..L.U.), fundada en 2007 con un capital social de 3.200 euros. La previsión de la nueva universidad es ofertar 1.790 plazas el primer curso de funcionamiento, para llegar a las 3.772 el cuarto curso desde su creación. El precio de la matrícula de Grado se situaría en 8.000 euros, mientras que el precio de la matrícula de Máster se estima en 13.500 euros (excepto para el Máster Universitario en Alta Dirección con un precio de 26.500 euros).

El problema del modelo y la devaluación de la enseñanza

Las privadas han proliferado en la región en los últimos años, pero no se crea un centro público desde 1996, la Universidad Rey Juan Carlos. Hace casi 25 años. "En la Comunidad de Madrid hay una sobrerrepresentación de la universidad privada que no tiene sentido sobre el contexto español. Lo estuve diciendo en la Asamblea de Madrid. Esto genera una especie de universidades académicamente y a nivel de investigación muy poco relevantes y una élite económica por los precios que tienen", argumenta la diputada de Más País en la Asamblea de Madrid y Doctora Europea en Filosofía (UCM), Clara Ramas. Juan Varela-Portas de Orduña, Profesor de la UCM y Militante de Más Madrid, es uno de los docentes que ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de esta última universidad privada que se pretende reconocer.

En la región ya se han reconocido once universidades públicas. Con esta serán doce. Las tres últimas universidades en incorporarse a la lista de las privadas han sido Cunef Universidad y la Universidad Internacional Villanueva (hasta ahora eran centros adscritos a la Complutense), y ESIC Universidad (antes adscrita a la Rey Juan Carlos). Se reconocieron oficialmente en marzo de 2019 con 65 votos a favor (PP y Ciudadanos) y 64 en contra (PSOE y Podemos).

Además, en la región funcionan las universidades privadas Alfonso X el Sabio; Antonio de Nebrija (con tres escuelas universitarias adscritas); la Camilo José Cela; la Europea de Madrid; la Francisco de Vitoria; CEU San Pablo; Universidad a Distancia de Madrid (Udima), y la Pontificia de Comillas. 

Mientras, la región sigue teniendo seis universidades públicas: la Complutense, la Autónoma, la Politécnica, la de Alcalá, la Carlos III y la Rey Juan Carlos, fundada en 1996. Desde este año se han creado siete de las once universidades privadas y ninguna pública.

Pese a que hay más universidades privadas, son las públicas las que siguen sosteniendo a la mayoría del alumnado. "Casi el 80% sigue estando en las públicas pese a que éstas están ahogadas de financiación. El problema del tejido universitario madrileño es la baja financiación y los pocos recursos, los precios públicos que están disparados y esto es lo que hay que cuidar", sostiene Ramas.