El Gobierno se ha comprometido este lunes a aplicar «en los próximos años», las recomendaciones que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el pasado viernes junto con un durísimo –e histórico– trabajo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en España. 

A través de dos vías fundamentales de investigación, por un lado, el trabajo con las víctimas –analiza las experiencias de 487–, y por otro, una encuesta con más de 8.000 entrevistas –una cifra que permite algún nivel de precisión, según los expertos en demoscopia–, concluyeron que el daño había sido inmenso, "devastador", en expresión de Gabilondo. 

Para Juan Cuatrecasas, miembro fundador de la Asociación Infancia Robada el informe llamado Una respuesta necesaria "ha recogido las propuestas y reivindicaciones de las víctimas y de las asociaciones que han colaborado en su redacción, las víctimas han dicho lo que querían decir y han abierto el camino". 

Estas son las claves fundamentales del trabajo, la reacción de la Iglesia y del Gobierno y las tareas pendientes que tiene el Estado en la tarea de buscar la "sanación".

1- Los datos del informe

El informe indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública" y revela que son extensos, mucho más de lo que jamás ha admitido la curia. 

"[Es] un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.

Así, la encuesta realizada por GAD3 concluye que el 0,6% habría sufrido abusos por parte de un religioso o un sacerdote. La cifra sube al 1,13% si se tienen en cuenta las agresiones de laicos que ejercen en ambientes religiosos. El trabajo no recoge cuántos agresores han producido el daño.

Además, el sondeo ha permitido constatar, una vez más, el grave problema del abuso sexual en la infancia. La encuesta, más allá de la Iglesia, ha revelado que un 11,7% había sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia (antes de los 18 años). Más mujeres que hombres (17% y 6%, respectivamente).

Además, el 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se estaban tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.

2- ¿Qué dice la Conferencia Episcopal?

La respuesta de la Iglesia católica, a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación, la ocultación y la minimización del problema. Y su primera reacción, tras la publicación del informe, continúa en esa línea. Juan José Omella pidió perdón a las víctimas, pero puso en duda las cifras publicadas en los medios de comunicación. 

"El informe del Defensor del Pueblo no hace ninguna extrapolación, la hacen intencionadamente algunos medios de comunicación. Se refiere a 487 casos documentados por el Defensor. Y constan en el referido informe los datos aportados por la Iglesia de aproximadamente 1.125 casos. Cada víctima es un drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos. Pero una cosa es la verdad y otra extrapolaciones sin fundamento. Seguimos trabajando para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la sociedad", escribió Omella en su cuenta de Twitter. 

Los medios, entre ellos el diario El País, que ha colaborado aportando sus propias pesquisas a la causa del Defensor, calcularon a partir de los porcentajes dados en la encuesta, que unas 440.000 personas había sufrido agresiones sexuales.

Para este lunes, la Conferencia Episcopal convocó una asamblea extraordinaria para analizar el informe del Defensor.

El trabajo del Defensor recoge además los problemas y trabas que afrontaron durante su investigación: "La respuesta de la Conferencia Episcopal Española a la petición de información refleja todavía una actitud caracterizada por las cautelas y reticencias. Por encima de una declarada voluntad de colaboración, los datos han sido presentados de una forma que tiende a minimizar el fenómeno y a relegarlo a un aspecto marginal en el seno de la institución, enfatizando la dimensión social del problema y rehuyendo abordar los factores internos que pueden favorecer las dinámicas de abuso y de encubrimiento".

Todo ello resulta en "una deficiente atención a los derechos y necesidades de las víctimas en el proceso penal canónico, si se tienen en cuenta los estándares internacionales y nacionales sobre derechos mínimos de las víctimas en el proceso penal".

3- División en los obispados

"La colaboración de los representantes de la Iglesia ha sido dispar", recoge el trabajo. El Defensor solicitó información a la Conferencia Episcopal Española y a todas las diócesis, de quienes recibió contestaciones "centradas sobre todo en los datos recogidos en las oficinas de atención a las víctimas y en los protocolos sobre prevención y respuesta a los abusos". 

Algunas diócesis, según la oficina del Defensor, "han mostrado una actitud colaboradora y han aportado datos relevantes para los objetivos de la investigación», pero otras «han rechazado colaborar con esta investigación". 

Incluso, "un obispado ha cuestionado la propia encomienda de que esta trae causa y no ha aportado ningún dato". Y otro "ha reconocido la existencia de dos casos, pero no ha ofrecido ningún dato sobre ellos". 

El argumento defensivo, analiza el Defensor, de que la investigación "debería extenderse a los abusos sexuales en otros ámbitos olvida o minimiza la relevancia social de la Iglesia y su poder en España, durante gran parte del siglo XX". 

Además, "no transmite la impresión de que la Iglesia esté especialmente interesada en el conocimiento de los delitos respecto a los que pueda tener algún tipo de responsabilidad a la hora de prevenirlos o darles respuesta".

4- La oscuridad. El silencio de las víctimas

El Defensor constata en su trabajo "la opacidad, la arbitrariedad y el silenciamiento que han formado parte de las dinámicas del abuso".

La Iglesia no guarda apenas información sobre las denuncias y los casos de abusos, lo que ha contribuido a que el problema se oculte. Así recoge el defensor: "La constancia de información en los archivos diocesanos, incluso en los expedientes personales de los clérigos, sobre abusos o sospecha de abusos sexuales ha resultado ser excepcional y casi inexistente, incluso en casos de agresores señalados por varias víctimas". 

"De las respuestas de las diócesis –añade el trabajo– debe deducirse que no ha sido práctica habitual guardar esta información. El archivo de la información sobre abusos ha sido algo dependiente de las decisiones de cada obispo, de su interés en que se guardaran datos y de la gravedad percibida del caso". 

"Los datos de la encuesta confirman que los casos registrados oficialmente, a partir de denuncias, así como los que han sido conocidos por las oficinas de atención a las víctimas de la propia Iglesia, los que han sido recogidos en la investigación del periódico El País o los que [el Defensor ha conocido] no representan más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida". 

"Los estudios victimológicos han puesto de relieve las múltiples barreras (internas, interpersonales, institucionales y sociales) que deben superar las víctimas a la hora de denunciar estos hechos, entre las que cabe destacar la falta de apoyo, la estigmatización y la presión derivada de las dinámicas de ocultamiento presentes durante mucho tiempo", recoge el Defensor.

5- Un problema más intenso durante la dictadura.

"El problema del abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia alcanza su mayor prevalencia en los años de la dictadura franquista, empezando a decrecer a partir de los años ochenta del siglo pasado", se lee en el informe. 

En ello, abunda el Defensor, coinciden los resultados de la encuesta y los de los testimonios recogidos. "La evolución del fenómeno tiene también un paralelismo con lo ocurrido en otros países, habiendo decrecido el fenómeno después del proceso de secularización y la disminución de la influencia social de la Iglesia, proceso que en España se produjo con un cierto retraso respecto a otros Estados". 

"El problema de los abusos sexuales en la Iglesia católica ha afectado especialmente a niños, niñas y a adolescentes y debe situarse en el contexto de la problemática del abuso sexual infantil y, más en concreto, de la victimización en contextos institucionales", recoge el informe.

6- Las consecuencias de las agresiones. 

La Unidad de Atención a las Víctimas, creada para abordar los trabajos del Informe del Defensor, ha recogido información relevante sobre 487 víctimas. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres.

Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos. "Se han considerado como tales las expresiones referidas a la sensación de vacío, desesperanza y falta de confianza en el futuro, anhedonia y tristeza en general, experimentada de forma continuada y entendida como un sentimiento relacionado con esta vivencia en la infancia".

La atención a las víctimas ha sido el trabajo de un equipo formado por especialistas contratados para la ocasión (tres psicólogos, una trabajadora social, una criminóloga y un abogado-psicólogo sanitario, que han contado con el apoyo administrativo de dos personas). Las primeras víctimas fueron atendidas, en la Unidad de Atención a las Víctimas, el 6 de julio de 2022.

"Siguieron problemas de relación interpersonal, los problemas funcionales (tales como trastornos del sueño o de tipo alimentario) y los problemas sexuales. Menos frecuentes resultaron ser los problemas cognitivos". Al analizar de forma más concreta las consecuencias informadas de los abusos sufridos, la Ofician del Defensor "observa que el problema más frecuente son las dificultades en las relaciones de pareja".

"En una quinta parte de los casos se han encontrado sentimientos de vergüenza y estigmatización. Estas dos características, especialmente la última, pueden explicar en gran medida la dificultad de las víctimas para relatar sus experiencias a lo largo de su vida. La sensación de que lo que han hecho es algo malo, la culpabilización y la creencia de ser diferente a las personas que le rodean favorecen el aislamiento de la víctima". 

Otras consecuencias mencionadas por las víctimas en las entrevistas fueron la ideación suicida asociada a la vivencia de abuso, por la imposibilidad de soportar sus consecuencias; problemas de autoestima; bajo rendimiento académico; fobias, ira y hostilidad. "Mención especial merecen el abuso de sustancias y el rechazo al contacto físico, que aparecen en un 15 % de los relatos y son vividas de forma muy dolorosa por las personas que lo refieren". 

"La problemática asociada a la dificultad para el contacto físico es especialmente destacable cuando afecta a la dificultad para expresar emociones positivas con personas cercanas, hijos o nietos. Las consecuencias informadas por las víctimas han sido ampliamente reconocidas en los estudios previos publicados sobre esta cuestión. Ser víctima de abuso se ha relacionado con un elevado aislamiento social y una baja autoestima". 

7- Los deberes por hacer: el papel del Estado

El informe del Defensor no ahorra críticas al papel del Estado: "A lo largo de los años, no ha actuado según la responsabilidad que le incumbe ante un problema que tiene una dimensión institucional que se ha producido en el ámbito de sus obligaciones de prevención, supervisión y control".

Así, por un lado, "las víctimas no han obtenido reparación del daño causado ni suficiente apoyo por parte de las instituciones". 

Además, "la mayoría de casos denunciados, pese a ser una muy pequeña parte, no han encontrado respuesta por parte del sistema de justicia penal". Ello, a causa, en gran medida, "de la aplicación de las normas de prescripción", lo que ha generado "un sentimiento de frustración, al no poder obtener justicia".

El Defensor es también muy claro sobre la implicación que debe tener el Estado en la Educación, y que hasta ahora no ha tenido. "El modelo de doble red no implica que el Estado pueda desentenderse de la educación que se lleva a cabo en los centros privados", especifica.

El presidente Pedro Sánchez está por la labor de que el Estado se implique, según dijo hace unos días. Por un lado, dijo: “Hoy nuestro país es un poco mejor. Es una realidad que todo el mundo sabía, pero de la que nadie hablaba”. Y por otro aseguró que su Gobierno va a estudiar ahora las recomendaciones. “Este no es el último día, es el primero”, manifestó Sánchez. 

Lo mismo manifestó este lunes la ministra portavoz Isabel Rodríguez. "El informe es el comienzo de una deuda que tenía España, una deuda para saldar con las víctimas de esas terribles agresiones", dijo. El Gobierno, dijo, va a "tomar buena nota de las recomendaciones para poder abordarlas en los próximos años".

"Creo que también la Iglesia debería de tomar buena nota y hacerse cargo de un informe que tiene rigor y dar respuesta a esas víctimas. Quizás, estamos llegando tarde, pero siempre es mejor llegar que darlo por cerrado", agregó Rodríguez.

El trabajo del Defensor propone un doble camino de acción, "una vez reconocido el problema de las agresiones sexuales en la Iglesia". Por una parte, en la prevención y, por otra, en la reparación. 

Así, recoge una serie de recomendaciones dirigidas, en su mayor parte, al poder legislativo y al resto de los poderes públicos. Entre ellas, están "la realización de un reconocimiento público del prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020".

También considera necesario "que la Iglesia católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas, la reparación y la reforma institucional".

Además, encarga a la inspección educativa que haga una "supervisión efectiva" en los centros "con independencia de su titularidad pública o privada".

El informe también recomienda "la creación de un órgano especial de carácter temporal que se ocupe de la reparación de las víctimas de agresión sexual infantil cuando no se haya podido seguir un proceso penal".

El Defensor propone aprobar además "un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas". También apuesta por modificaciones legales para reformar el régimen de prescripción de los delitos de agresión sexual de menores y para "facilitar los procesos de justicia restaurativa". La idea es asegurarse de que "mediante profesionales especializados se ofrezca una vía de reparación a las víctimas". Siempre con participación voluntaria. 

Además, el Defensor promueve que el Estado se asegure de que "todas las víctimas tengan derecho a asistencia integral especializada". El objetivo es que reciban ayuda para superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales o de otra índole derivadas de la violencia". 

También es importante que el sistema judicial aprenda a "priorizar la escucha" de estas víctimas.

Para Cuatrecasas, de la Asociación Infancia Robada tres medidas deberían ser de inmediata aplicación. Las terapias gratuitas; la protección de las víctimas en el sistema judicial –«ir a denunciar un delito de estos es aún una cuestión de heroicidad»– y combatir «la exclusión social, laboral, estudiantil que suelen tener las víctimas», que «tienen picos en su rendimiento».