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Detenidos en València los trabajadores de una funeraria por robar cadáveres y venderlos a universidades

La Policía Nacional ha desvelado que los acusados cobraban 1.2000 por cada cuerpo vendido y que, además, se encargaban de incinerarlos en secreto bajo petición de las facultades involucradas.

Fotografía de un agente de la Policía Nacional.
Fotografía de un agente de la Policía Nacional. ARCHIVO / EFE

La Policía Nacional ha desarticulado en València un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Los detenidos falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias y venderlos a universidades por 1.200 euros.

Además, la investigación policial ha desvelado que llegaron a cobrar 5.040 euros por realizar 11 incineraciones una vez que los cadáveres ya habían sido estudiados.

Los detenidos son cuatro hombres de entre 41 y 74 años, uno de ellos con antecedentes policiales. Según fuentes cercanas a la investigación, han sido puestos en libertad provisional y se han remitido diligencias al juzgado de Instrucción número 1 de València.

Los inicios de la investigación

A principios de 2023, la Policía descubrió que una funeraria había retirado de forma irregular un cadáver de un hospital. Para ello, los acusado falsificaron el registro del cuerpo y toda su documentación. Más tarde, los investigadores determinaron que el cuerpo no había recibido sepultura y que había sido vendido a una universidad valenciana.

Los detenidos buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, que fuesen extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias. De esta manera, querían asegurarse de que no se hiciera ningún seguimiento por parte de algún familiar, según ha indicado la Policía.

Cobro por incineraciones

Los agentes también averiguaron que se habían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, cuando las universidades finalizaban los estudios de los cadáveres, la funeraria se hacía cargo de incinerarlos.

De esta forma, los acusados llegaron a facturar 5.040 euros por 11 incineraciones. La Policía ha indicado que aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos. Realizaban solo una incineración de varios y, así, se ahorraban dinero.

Declaraciones de las universidades

Varias universidades han querido comunicar de manera pública que no tienen ninguna relación con el caso. Por una parte, fuentes de la Universitat de València se han apresurado por asegurar que su facultad de Medicina y Odontología "no compra cadáveres, sino que acepta donaciones en vida tras del cumplimiento de unos requisitos rigurosos".

"Recibimos donaciones de entre 40 y 50 cuerpos por año y solo sufragamos los gastos del traslado hasta la facultad", han añadido para después remarcar que "las donaciones son siempre altruistas y realizadas en vida".

En paralelo, la Jaume I (Castelló) ha hecho lo propio: "La facultad de Ciencias de la Salud solo trabaja con donaciones de cadáveres y nunca se han adquirido a través de un pago". También ha apuntado que "velan por el comportamiento ético de todas aquellas personas que tengan que estar en contacto con los cuerpos".

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