“Lo que se pretende autorizar ahora no es propiamente una actividad agro-ganadera, sino una industria, una explotación en sí misma”, señala la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón en la sentencia por la que tumba la autorización para instalar en un paraje de Casbas (Huesca), en pleno parque natural de la Sierra de Guara, una macrogranja de seis naves con capacidad para 615 unidades ganaderas, un tecnicismo que, traducido, equivale en este caso a más de 2.600 cerdas: 1.140 reproductoras (con lechones de hasta veinte kilos), 1.200 de recría y 330 de reposición.

La sentencia pone en su sitio, jurídicamente, a las macrogranjas que en los últimos años se están extendiendo por toda España para, con mayor intensidad en el caso del porcino pero también en otros como la avicultura, devorar la ganadería extensiva y las explotaciones familiares: más de la tercera parte de estas últimas, 20.837 de 57.041, acabaron cerrando por falta de rentabilidad entre 2006 y 2018, según señalan los Indicadores Económicos del sector que publica el Ministerio de Agricultura. 

Y también pone en su sitio al promotor, Álvaro Bescós, diputado provincial del PP en Huesca, presidente de los conservadores en la comarca de La Hoya y secretario ejecutivo de Organización a nivel provincial, que lleva casi cinco años pleiteando para instalar la macrogranja junto a su pueblo, prácticamente en el corazón del parque natural.

La sentencia, histórica en el sentido de definir abiertamente como industrial una actividad que tiene esa configuración a pesar de basarse en un proceso aparentemente tradicional como es la crianza y el engorde de animales de abasto, anula otra anterior del Juzgado Contencioso de Huesca, que avaló la ubicación de la cuadra en el parque natural.

Este, tras plantear el promotor que un estudio de impacto ambiental respaldaría la construcción de la macrogranja, interpretó que las normas de gestión de la zona no incluyen ningún veto específico a la ganadería intensiva, mientras el Gobierno de Aragón mantuvo que si esa normativa “ni siquiera hace referencia a la ganadería intensiva, es claro que es porque no se contempla esa posibilidad, esto es, está directamente prohibida” toda cuadra.

¿Qué es una actividad fabril?

“En ningún punto del Plan de Ordenación de Recursos se contempla y permite el desarrollo de una actividad de la naturaleza y envergadura de la que se pretende autorización”, señala la sentencia del TSJ aragonés, que indica que, aunque en ocasiones el Supremo “ha entendido como actividad ganadera, y no fabril, una explotación porcina”, esa calificación “es variable en función de las características físicas” de cada proyecto.

En este sentido, y siguiendo la jurisprudencia del Supremo sobre medio ambiente, anota que “no puede reducirse” el concepto de “industrial fabril” a “aquella actividad que precisa de determinada maquinaria para elaborar o transformar los productos ofrecidos al público, sino que ha de considerarse extensivo a todas aquellas actividades que supongan un tratamiento industrializado de los elementos que constituyen su objeto comercial”.

Al explorar esa vía, los magistrados llegan a la conclusión de que “lo que se pretende en este caso es la autorización ambiental para un establecimiento fabril, más que para una explotación ganadera”, dice la sentencia, que añade que “no cabe obtener una autorización para explotación de ganadería intensiva, de configuración más fabril que ganadera, al amparo de la posibilidad de autorización de construcciones vinculadas” a la de carácter extensivo.

“Lo que se pretende autorizar ahora no es propiamente una actividad agro-ganadera, sino una industria, una explotación en sí misma”, concluye la sentencia.

"No es un tema jurídico, sino de modelo de desarrollo"

El tratamiento de las macrogranjas “no es un tema de disquisición jurídica sino de modelo de desarrollo”, explica el abogado José Manuel Marraco, uno de los más veteranos ambientalistas españoles, sobre la sentencia.

“Se creía que las granjas iban a ser un medio sencillo de crear empleo, cuando en realidad se trata de una actividad que consume muchos recursos y que tiene intensos efectos contaminantes por el consumo de agua, la generación de purines y el transporte de pienso y de los propios animales, entre otros aspectos”, explica, en sintonía con las conclusiones de trabajos como Alimentando el problema, de Greenpeace, que plantea cómo la ganadería consumen más del 60% de la superficie de cultivo (más del 70% si se incluyen los pastos) de la UE.

La expansión de la ganadería industrial en España, que se está convirtiendo en el establo de Europa con una producción de carne que triplica la demanda con creces, está teniendo otros efectos como la uberización del sector, donde, según denuncia COAG, “el modelo de competencia entre empresas independientes en cada eslabón de la cadena está siendo sustituido por otro modelo de competencia entre cadenas completas de suministro que buscan imponerse al resto en el mercado”.

“Las multinacionales se están llevando el beneficio mientras dejan la contaminación”, añade Marraco. De hecho, seis de los 33 pueblos aragoneses cuya agua de boca contiene nitratos procedentes de la actividad ganadera se encuentran en el interior o las inmediaciones del parque de Guara, según los datos del Gobierno de Aragón.

Mientras tanto, el documento inicial del nuevo Plan Hidrológico del Ebro, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, advierte de que el 64% de las granjas de la cuenca (29.269 de 45.776) tienen efectos contaminantes sobre los acuíferos de sus zonas, a los que vierten casi 130.000 toneladas de nitrógeno al año.