Madrid, la comunidad que planea recurrir ante el Tribunal Constitucional el plan de ahorro energético del Gobierno que se debate este jueves en el Pleno Congreso de los Diputados, es la comunidad más deficitaria en producción eléctrica de toda España porque apenas genera un 5% de la electricidad que consumen sus industrias, negocios y habitantes. Madrid gasta en un año el equivalente a el 97% de toda la energía eólica que se produce en España, aunque en territorio madrileño no se produce ni un sólo megavatio de esa fuente.

Los parques de aerogeneradores son la opción escogida por la mayoría de gobiernos autonómicos del Estado para descarbonizar las economías de sus territorios, sustituir por renovables las energías contaminantes y combatir así el cambio climático.

Pero mientras la potencia eólica instalada en España se ha multiplicado por treinta, hasta representar casi un 25% de toda la electricidad que se genera en el país, Madrid, gobernada por el PP desde hace veinte años, no se ha movido de cero. En su territorio no hay ni un sólo parque eólico, ni un sólo generador, ni proyecto alguno para instalarlos.

¿Hay alguna razón que explique que los gobiernos de Gallardón, Aguirre, González, Cifuentes, Rollán -en funciones- y finalmente Ayuso hayan renunciado a producir electricidad eólica en la tercera comunidad que más energía consume de España?.

"Sucede que Madrid está rodeada de parques naturales, y en los parque naturales no se pueden construir parques eólicos", explica Piluca Núñez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Eólica Española, con más de 270 empresas asociadas que representan al 90% del sector.

"No es un tema de opinión, sino de regulación: para levantar un parque hay que tener una declaración de impacto ambiental positiva, que no se supera si el proyecto está dentro de un parque natural, si afecta a la biodiversidad o al entorno natural o si está previsto en una zona de paso de aves", recuerda.

En Madrid hay un parque nacional, tres parques regionales, una reserva natural, un sitio natural de interés nacional y un paraje pintoresco, entre otros espacios protegidos que suman más de 132.630 hectáreas. Pero la suma total de superficie con algún tipo de figura legal que la protege representa casi la mitad de todo el territorio de la comunidad.

"No hay interés de la industria porque las zonas donde sí se podrían instalar parques eólicos no tienen la velocidad de viento suficiente", explica Paloma Tejero Toledo, portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente. Vivienda y Agricultura de la Asamblea regional. "Nuestra apuesta es la energía solar fotovoltaica, ahí es donde podemos ser una potencia", añade Tejero, quien afirma que las ayudas del Gobierno regional a la instalación de placas solares en viviendas particulares y comunidades de vecinos "se agotaron en muy poco tiempo".

En otras comunidades gobernadas por el Partido Popular hay porcentajes elevados de espacios protegidos y, también, molinos: en Andalucía está protegida el 19% de la superficie y es la quinta comunidad con más potencia eólica instalada, con el 13% del total. Castilla y León es la primera, con el 24% de la producción nacional y un 9% de su superficie protegida. La Galicia de Feijóo, con un 13,4% de su territorio con alguna categoría de protección, es la tercera del Estado en generación eólica con un 14% de cuota.

Precisamente, Galicia es una de las comunidades donde los nuevos megaparques, con molinos que ya no miden 30 metros, sino entre 150 y 200, provocan un mayor rechazo social por su impacto paisajístico y natural y también sobre las vidas de quienes habitan cerca de ellos.

"Hace años lo molinos tenían 0,5 megavatios hora de potencia, hoy son de 5 megavatios, y ya no se instalan en lo alto de los montes, sino que bajan a las laderas y a los valles y afectan a los núcleos de población", afirma Luis Bará, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, la principal fuerza de la oposición en Galicia.

"Durante los gobiernos de Feijóo la Xunta allanó el camino a los megaproyectos eólicos, que apenas crean empleo, tienen un impacto enorme y benefician a empresas con sede fiscal fuera de Galicia", dice. "Hay una sensación de invasión, como si Galicia tuviera que asumir los costes de la transición energética en beneficio de otros territorios", apunta Bará.

Tambien advierte de que la comunidad exporta un tercio de la electridad que produce pero "la paga al mismo precio que el resto porque los gallegos también tienen que abonar en su factura los costes de transportarla" hasta otras zonas, como Madrid. "Lo del Gobierno de Ayuso, negándose a ahorrar y cargando en el resto los costes de la transición, es de escándalo", concluye.

Para Alejandro Sánchez, fundador de Equo y portavoz de Más Madrid en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea regional, la presidenta del Ejecutivo madrileño no sólo "tiene una posición ideológica" que la lleva a estar en contra de cualquier medida del Gobierno, sino que carece de un plan para reducir el enorme déficit productivo de la comunidad.

"Durante los gobiernos de Esperanza Aguirre hubo una moratoria no escrita que quizá desanimó a la industria, que habitualmente usa la estrategia de presentar decenas de proyectos para conseguir que se aprueben unos cuantos", continúa Sánchez. A su juicio, Madrid no debería quedarse al margen de la apuesta eólica, y, a pesar de la contestación que levantan los grandes proyectos, sostiene que una supervisión adecuada de impacto ambiental podría permitir que no lo hiciera. "España es muy grande y hay sitio para casi todo", subraya.

Según Red Eléctrica Española (REE), la operadora del mercado eléctrico, Madrid consume cerca del 11% de la electricidad que se demanda anualmente en España, más de 250.000 gigavatios hora (Gwh). Pero apenas genera 1.334 Gwh, el 0,5% del total de la producción nacional.

El 75%, corresponde a la incineración de biomasa y residuos y al tratamiento de basura, según el último Balance energético de la Comunidad de Madrid elaborado por su Fundación de la Energía. La solar térmica y fotovolataica representa alrededor de un 15%, y entre la hidráulica y la geotérmica suman el 10% restante.

Los 1.334 Gwh que produce Madrid mediante todas esas fuentes son cinco veces menos de lo que genera Castilla y León sólo con los aerogeneradores de su territorio. Por contra, los más de 27.000 Gwh de electricidad que consumió Madrid representan cuatro veces toda la electricidad a eólica que producen los parques eólicos de aquella comunidad, la principal productora de España.

"Sí, se puede hablar de excepción madrileña", dice Estefanía Suárez Menéndez, portavoz socialista de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid. "El problema es que Ayuso no tiene una estrategia contra el cambio climático, sólo una estrategia negacionista que consiste en ir en contra de cualquier decisión del Gobierno de España", añade.

La diputada socialista opina que el uso que el PP da en Madrid al concepto "verde" es "sólo palabrería", y advierte del peligro que supone esa manera de actuar: "Las olas de calor que hemos vivido y que viviremos tienen un nombre: cambio climático".

La Asociación Eólica Española asegura que los aerogeneradores han producido en los últimos diez años la energía equivalente a la electricidad que se produciría con el gas natural que España importa durante tres años. "Necesitamos instalar 440 aerogeneradores al año para cumplir con el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sólo con ellos estaríamos ahorrando 1.848 millones de euros al año en importaciones de gas", afirma la AEE.