Irídia, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, ha exigido una investigación en profundidad de los "indicios de delito" que ha dejado la gestión improvisada de la llamada crisis migratoria en Canarias, a donde llegaron alrededor de 24.000 personas migrantes en cayucos y pateras durante el pasado año y que, en el primer mes de este 2021, continúa por la misma senda, con el plan de choque del Gobierno en punto muerto y con un aumento de la tensión social en las islas, alimentada por la extrema derecha en un contexto de crisis económica.

La organización, apoyada por 54 entidades sociales, ha entregado este jueves un exhaustivo informe a 28 a organismos internacionales, al Ministerio de Interior, al Defensor del Pueblo y a los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión de Interior del Congreso, a los que pide la apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre las situaciones de privación de libertad en e muelle de Arguineguín y el posterior Centros de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) de Barranco Seco en Gran Canaria. También exige a Gobierno que se depuren responsabilidades a nivel político y policial por estas presuntas vulneraciones de derechos. 

En el informe se repasan al detalle las decisiones políticas y el contexto migratorio que han llevado a que Canarias y Melilla se conviertan en tapones migratorios de la Europa continental a costa de la vulneración de los derechos fundamentales de miles de personas migrantes. "Son lugares jaula con hacinamiento, inseguridad jurídica e insalubridad que, junto a las deportaciones y otros obstáculos, conforman una telaraña de la que es difícil escapar", ha resumido la investigadora Daniela Lococo este jueves en rueda de prensa. "Estos espacios y la situación de bloqueo prolongada en el tiempo genera un fuerte impacto en la salud mental de las personas y facilita la proliferación de discursos racistas y xenófobos", ha advertido.

"Se conocen indicios de delito que deberían ser investigados en profundidad, tanto por parte de los Juzgados competentes como por la Fiscalía", asegura Irídia, que pide que se tenga en cuenta "de manera rigurosa, tanto la normativa española y la internacional en materia de derechos fundamentales, así como la Jurisprudencia en la materia".

Centros de detención informales y arbitrarios

En concreto, los autores del informe se centran en las presuntas irregularidades y arbitrariedad en los puntos de recepción de las personas rescatadas en el mar — el muelle de Arguineguín y su sustituto, el CATE de Barranco Seco— convertidas de facto en "centros de detención informal" donde se vulneraron sus derechos, tal y como señalaron varios jueces, el Defensor del Pueblo, ONG y los testimonios de las personas privadas de libertad.

Tanto Interior como la Policía, añade el informe, "han podido generar situaciones en las que se han flexibilizado, a priori sin el oportuno amparo legal, tanto las condiciones como por los tiempos de la detención", en referencia a la privación de libertad durante más de las 72 horas establecidas, el hacinamiento en el muelle de Arguineguín, la alimentación deficiente, la falta de agua potable y de medidas higienicosanitarias y la ausencia de asistencia letrada e intérpretes para las personas retenidas.

La abogada de la Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, ha caificado estas instalaciones como "espacios de excepcionalidad jurídica" en los que "no se aplican las normas y leyes aprobadas en España, donde se crean situaciones de facto" que contravienen la legislación nacional e internacional. "Son centros de detención policial que carecen de regulación clara y crean una ficción jurídica", ha aseverado. Sobre todo en la "prolongación" del tiempo máximo legal de privación de libertad de las personas recién rescatadas de una patera.  "Es algo intolerable en un Estado de derecho y quiebra todas las cautelas de protección de las personas en custodia policial, es una violación flagrante", ha denucniado.

"Se habrían detectado casos de personas que han superado los 10 e incluso los 20 días detenidas. En el caso de confirmarse dichas situaciones, no hay duda de que nos encontraríamos ante una grave vulneración de derechos humanos", advierten. "Con independencia de la situación de emergencia sanitaria derivada de la covid-19 o del aumento exponencial de llegadas de personas migrantes a las islas Canarias, no existe justificación para la prolongación del tiempo de privación de libertad de ninguna persona y en ninguna circunstancia que no se prevea de manera legal", inciden los investigadores.

Depurar responsabilidades

Las organizaciones concluyen que tanto la Policía como el Ministerio del Interior "han tenido alternativas para que la legalidad fuera respetada en todo momento", por lo que exigen "la depuración de responsabilidades" en el Gobierno y en el Cuerpo. De la misma manera, insisten en que la sustitución del centro de detención del muelle de Arguineguín por el campamento improvisado en Barranco Seco no ha resuelto los problemas.

Allí, las condiciones de vida "no respetan los derechos de las personas", retenidas en "tiendas de campaña que no aíslan del frío ni de la humedad", sin adecuadas medidas higiénicas y sanitarias y excediendo también los tiempos máximos de privación de libertad, incluso en el caso de menores de edad.

En paralelo, a juicio de los investigadores, la respuesta al drama migratorio por parte del Gobierno se ha centrado en la contención y ha reforzado la apuesta por la deportación del máximo numero de personas, una política llevada a cabo con total opacidad y arbitrariedad que impide la observación y la rendición de cuentas ante posibles vulneraciones de derechos, denuncian.

Por ello, Iridia ha pedido al Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos de las personas migrantes y al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que realicen una visita de urgencia a las islas y a Melilla —donde también denuncian posibles vulneraciones de derechos de las personas migrantes— para que "evalúen el grado de cumplimiento por parte de España de sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos".

Entre sus numerosas recomendaciones, pide al Gobierno una investigación "interna y profunda" en el seno de la Dirección General de la Policía ante "las eventuales vulneraciones de derechos" en Arguineguín y Barranco Seco.

Los autores recuerdan que, actualmente, hay varias actuaciones judiciales abiertas, impulsadas por ayuntamientos locales ante la dramática situación en el muelle de Arguneguín, aunque está sobreseída, la Fiscalía tiene posibilidad de recurrir. También hay actuaciones por la prolongación de la custodia policial de migrantes ejercidas por varios afectados a través de organizaciones sociales y varios habeas corpus solicitados. Sin embargo, piden a la Fiscalía que ejerza sus competencias para promover una investigación sobre las condiciones del CATE de Barranco Seco.

"Es importante visibilizar esta situación. Hay que decir 'basta' al Gobierno español, que ha cruzado línea rojas absolutamente intolerables. En este escenario no vales medias tintas: los derechos de las personas detenidas en un CATE son claros e inflexibles", ha concluido el codirector de Irídia y abogado Andrés García Berrio.