Los pozos ilegales de la finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), propiedad de una de las más importantes familias aristocráticas del mundo, la Casa de Alba, han podido causar graves daños al acuífero del que se abastece un terreno de 200 hectáreas de naranjos en el entorno de Doñana.

Eso es lo que concluye la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el informe que ha remitido al juzgado que investiga la extracción ilegal de agua en esa finca tras una denuncia de la Fiscalía. 

El informe, al que ha tenido acceso Público, fue requerido por el Juzgado Mixto número 5 de Sanlúcar la Mayor, a petición de la Fiscalía, para determinar si la extracción de agua desde ocho pozos sin autorización administrativa ha causado o puede causar graves
daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado o perjudicar gravemente su equilibrio natural.

La Comisaría de Aguas de la CHG emitió el pasado 22 de enero el informe, en el cual concluye que la extracción de agua a través de los pozos no autorizados a Eurotécnica Agraria, la empresa de la Casa de Alba que explota la finca Aljóbar, "es susceptible" de haber causado daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado o de haber perjudicado gravemente su equilibrio natural.

Según el dictamen, las posibilidades de haber causado daños sustanciales y graves al acuífero son aún mayores si se tiene en cuenta que las extracciones de agua "se han producido sin control volumétrico alguno y sin conocimiento de su régimen estacional". 

La Confederación Hidrográfica intentó en junio del año pasado precintar los pozos ilegales como medida cautelar, pero en la finca les impidieron el paso, tras lo cual la Guardia Civil denunció ante la Fiscalía la comisión de un posible delito contra el medio ambiente por detracción ilegal de aguas y otro de desobediencia.

Posteriormente, en septiembre, el ministerio público presentó una querella en el juzgado contra los responsables de Eurotécnica Agraria, en cuyo consejo de administración figuraba entonces como presidenta Eugenia Martínez de Irujo y tres miembros de su familia, como consejeros. 

En el informe que emitió entonces para la adopción de medidas cautelares mediante el precinto de los pozos, la CHG valoró en 36.702 euros los daños ocasionados hasta ese mes al dominio público hidráulico en la última campaña agrícola de la finca, a causa de
los riesgos ilegítimos con un consumo de 305.851,73 metros cúbicos de agua.

En el dictamen que ahora ha remitido al juzgado, la Confederación Hidrográfica refiere que, en el marco de la investigación que se llevó a cabo en mayo de 2023, se detectó un riego localizado de 153 hectáreas de naranjos con aguas derivadas de diez pozos, "sin que dos de ellos contaran con el amparo que ofrece el aprovechamiento inscrito en el Catálogo de aguas privadas". 

Según este informe, las captaciones de agua en la finca Aljóbar incurrieron en un agravante, ya que, cuando se produjo la intervención, la unidad territorial que estaba asociada a ese sistema de explotación "se encontraba en prealerta en el informe de sequía de 30 de abril de 2023". 

Progresivo deterioro del acuífero tras los riegos

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señala, además, que el acuífero de Aljarafe Sur, del que toman el agua los pozos de Aljóbar y otras fincas agrícolas, ha sufrido "un progresivo deterioro", con una tendencia descendente desde el año 2011 y con un mínimo histórico registrado el pasado mes de septiembre.

Ese descenso ha motivado, según el informe, que la recuperación del nivel del acuífero, tras los ciclos de bombeo de las campañas de riego, haya sido parcial, de manera que cada nueva campaña agrícola ha empezado con una cota de agua inferior a la anterior. 

La CHG incluye en su informe un análisis más amplio, a escala regional, de las masas de agua limítrofes, las de Almonte y Aljarafe Norte, en el que destaca que ambas están declaradas "en riesgo de no alcanzar el buen estado (sobreexplotadas)", con un descenso generalizado desde 2011. 

"Atendiendo a la evolución del nivel piezométrico registrado en los puntos más cercanos a la finca Aljóbar (y borde occidental de la masa de Aljarafe Sur), queda patente la explotación intensiva de recursos subterráneos durante los últimos años, viéndose acrecentado el efecto de los bombeos a causa de las escasas precipitaciones", advierte el
informe de la Confederación remitido al juzgado. 

Según la Comisaría de Aguas del Guadalquivir, con una potencia de pocas decenas de metros y una recarga que depende en gran medida de la infiltración de agua de una lluvia muy escasa en los últimos años, el acuífero "no soporta la tasa de extracción actual, registra los niveles mínimos de la serie y está provocando el agotamiento de pozos históricos". 

"Este hecho supone un claro riesgo cuantitativo (y cualitativo) para el acuífero, pudiendo extrapolarse (a corto plazo) la situación observada en Aljóbar a otras fincas/zonas colindantes", subraya la CHG, que pronostica que "posiblemente este hecho de agotamiento
de la masa e insuficiencia de recursos es el que motivó que en la explotación agrícola se incrementara el número de tomas". 

Cientos de hectáreas regadas ilegalmente

El entorno de Doñana es, según un informe de WWF publicado en 2020, uno de los cuatro puntos negros de España por el robo de agua. Esta organización para la defensa del medio ambiente estima que hay más de 4.700 hectáreas -el equivalente a 5.700 campos de fútbol- regadas con agua extraída ilegalmente dentro y en las proximidades de un espacio clave para la biodiversidad, fundamentalmente en la comarca del Aljarafe sevillano. 

En el procedimiento que se ha abierto en un juzgado de Sanlúcar la Mayor se ha personado como acusación Ecologistas en Acción, la asociación que denunció ante la Confederación Hidrográfica, junto a un particular, la toma ilegal de agua en Aljóbar. Esta organización estima que para regar un terreno de 200 hectáreas de naranjos se necesita el doble de los 605.000 metros cúbicos de agua al año que tiene autorizados la finca propiedad de una empresa de la Casa de Alba. 

Una contabilidad interna de la producción de la finca, a la que tuvo acceso Público, refleja que sus propietarios recolectaron 60,1 millones de kilos de naranjas de diferentes variedades entre 2010 y 2021, lo que supone una media de cinco millones de kilos por año. 

La Fiscalía ha pedido que declare en el juzgado como investigada la persona que ostente la representación legal de la empresa Eurotécnica Agraria, en cuyo consejo de administración figuran Eugenia, Cayetano y José Martínez de Irujo Fitz-James Stuart, y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.

Esta familia se presenta en la página web de la Casa de Alba como la mayor propietaria de tierras de España, con 38.000 hectáreas de explotación agrícola. Además, el ministerio público ha solicitado que preste declaración el gerente directo de la finca Aljóbar. 

La empresa difundió en octubre un comunicado en el que aseguró que la extracción de agua en Aljóbar en ningún momento había superado el
volumen máximo autorizado por la Confederación Hidrográfica. Además, subrayó que Luis Marínez de Irujo es el miembro del consejo de administración responsable de la explotación de la finca y que Eugenia Martínez de Irujo nunca ha participado en esa gestión.