La persecución de la extracción ilegal de agua subterránea para el riego de cultivos en las lindes de Doñana apunta a varios terratenientes de postín, que han sido denunciados, investigados o condenados por una práctica que puede poner en riesgo la supervivencia de uno de los espacios naturales más importantes de Europa. Son miembros de la aristocracia, del mundo taurino y ganadero, habituales de la prensa rosa, en algún caso con vínculos con familias de la alta burguesía madrileña, acusados de explotar acuíferos sin permiso para aumentar la producción agrícola.

El último caso que ha llegado a los juzgados es el de la familia de la Casa de Alba, pero antes fue el del torero onubense retirado Miguel Báez, El Litri, uno de los primeros en el escalafón taurino durante varias temporadas, denunciado por la Fiscalía por extraer de forma ilegal casi 2,4 millones de metros cúbicos de agua para regar olivos, y el de unos hermanos terratenientes condenados a tres años y medio de cárcel por robar cerca de 20 millones de metros cúbicos.

El entorno de Doñana es, según un informe de WWF, uno de los cuatro puntos negros de España en el robo de agua. Esta organización calcula que hay más de 4.700 hectáreas -el equivalente a 5.700 campos de fútbol- regadas con agua extraída ilegalmente en el corazón de un espacio clave para la biodiversidad y en sus alrededores, fundamentalmente en la comarca del Aljarafe sevillano. 

Agentes de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir descubrieron que la Casa de Alba extraía agua de ocho pozos sin autorización

La Casa de Alba, que se presenta como una de las familias aristocráticas más importantes del mundo y la mayor propietaria de tierras de España, es la dueña de la finca Aljóbar, situada en el término de Aznalcázar (Sevilla), próxima a las lindes del Espacio Natural de Doñana. Allí, el pasado mes de mayo, agentes de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) descubrieron durante una inspección ocho pozos que extraían agua del subsuelo sin autorización para regar unas 200 hectáreas de naranjos. La CHG estimó que solo en la última campaña se había hecho un consumo ilegítimo de 308.851 metros cúbicos de agua, con un valor de 36.702 euros.

La Comisaría de Aguas de la Confederación acordó en junio llevar a cabo el precinto de los pozos como medida cautelar, pero en la finca les impidieron el paso para que pudieran hacerlo. Como consecuencia de ello, la Guardia Civil denunció ante la Fiscalía la comisión de un posible delito contra el medio ambiente por detracción ilegal de aguas y otro de desobediencia.

Y la Fiscalía ha decidido formular una querella en los juzgados de Sanlúcar la Mayor contra los responsables de la empresa Eurotécnica Agraria SA que explota la finca Aljóbar, en la que actualmente figura como presidenta-consejera Eugenia Martínez de Irujo, hija de la duquesa de Alba y con título de Grande de España. El juzgado encargado del caso, el de Primera Instancia e Instrucción número 1, ya la ha citado a declarar, según han informado a este periódico fuentes judiciales, aunque no han precisado en qué fecha.

El ministerio público ha solicitado que se practiquen varias diligencias, entre ellas un informe de la CHG que aclare si la extracción de agua ha causado daños sustanciales a la calidad y al equilibrio del acuífero afectado, denominado Aljarafe Sur, e incluso un grave perjuicio para la salud de las personas, tal como recoge el artículo 325 del Código Penal. Y, además, que se cuantifiquen los perjuicios económicos causados para la restauración de la zona a su estado originario.

Ecologistas en Acción, que denunció en junio estos hechos ante la Confederación Hidrográfica, calcula que un terreno de 200 hectáreas plantado con naranjos necesita el doble de los 605.000 metros cúbicos de agua que tiene autorizados al año la finca Aljóbar, mediante la extracción de los dos únicos pozos que figuran en la relación de concesiones de captación autorizadas. Según esta organización, la masa de agua Aljarafe Sur de la que se abastece esa finca puede tener, además, una conexión con el acuífero Almonte-Marismas, antes conocido como Acuífero 27, del que se nutre el Espacio Natural de Doñana.

Una contabilidad interna de la producción de la finca a la que tuvo acceso Público refleja una recolecta de 60,1 millones de kilos de naranjas de diferentes variedades entre los años 2010 y 2021, lo que supone una media de cinco millones de kilos por año. Son naranjas de categoría gourmet, como otros productos que la Casa de Alba obtiene de sus numerosas propiedades en España, cuya extensión total alcanza las 38.000 hectáreas de explotación agrícola.La investigación sobre un grande del toreo

También se encuentra involucrado en una investigación por extracción ilegal de agua otro habitual de la llamada prensa del corazón, el torero retirado Miguel Báez, El Litri, último de una larga dinastía de matadores onubenses, divorciado de una hija de la diseñadora de moda Carolina Herrera y casado ahora con una hija del propietario del potente grupo empresarial Ybarra en el sector del aceite y la alimentación. Su finca Carrascalejo, de 404 hectáreas, situada entre los términos de Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor en la provincia de Sevilla, no muy lejos de Doñana, cambió en 2019 del cultivo de cereal y herbáceas de secano a olivar de regadío intensivo sin autorización ambiental, según la Fiscalía.

En la querella que presentó también ante los juzgados de Sanlúcar la Mayor, la Fiscalía señala que el nuevo cultivo de regadío intensivo requería un volumen de agua “muy superior al requerido hasta entonces”, un obstáculo que el querellado “superó detrayendo grandes cantidades de agua subterránea perteneciente al Sistema de Explotación Guadiamar, identificado como deficitario por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

En la finca del ex torero Miguel Baéz se obtuvieron de forma ilegal alrededor de 2,39 millones de metros cúbicos de agua desde 2019

La Fiscalía asegura que en esa finca se obtuvieron de forma ilegal alrededor de 2,39 millones de metros cúbicos de agua desde 2019 hasta el 15 de julio de 2022 -fecha en la que fue presentada la querella en el juzgado-, con un daño al dominio público estimado en 574.308 euros. Según su escrito, el Organismo de Cuenca comprobó en sendas inspecciones realizadas en junio de 2020 un riego por goteo con aguas subterráneas procedentes de cuatro pozos en un olivar súper intensivo de 360 hectáreas para lo que carecía de autorización.

Mediante fotografía aérea se pudo determinar que hubo un “riego continuo, incluso en meses de sequía absoluta”, gracias a la detracción ilegal de aguas subterráneas, según la Fiscalía, que apunta que esa extracción se hace “especialmente grave” en un espacio declarado Zona protegida de aguas destinadas a la producción de vida piscícola.

Estos hechos, a juicio del ministerio público, son presuntamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente, para el que se prevén hasta cinco años de cárcel en el artículo 325 del Código Penal, y con otro de daños al dominio público hidráulico, para el que se establecen de uno a tres años de prisión.Cambio de secano a regadío sin autorización

WWF fue la organización que presentó la denuncia contra los propietarios de la finca Carrascalejo en 2021, cuando comprobaron que un terreno que era de secano se había transformado en cultivo intensivo de olivares con regadío. “Hicimos la consulta a la Confederación Hidrográfica y nos dijeron que no tenían permiso de agua y en Medio Ambiente de la Junta de Andalucía nos confirmaron que tampoco contaban con la autorización ambiental para el cambio de uso. Es una zona muy próxima al río Guadiamar y vimos que el acuífero estaba en riesgo, así que lo denunciamos ante la fiscalía”, explica a Público el coordinador del área de agricultura de WWF España, Felipe Fuentelsaz.

Para esta organización ecologista, la denuncia contra tal extracción ilegal de agua es muy simbólica por el gran tamaño de la finca -más de 400 hectáreas-, que está dedicada a un cultivo súper intensivo que requiere mucho riego. Según Fuentelsaz, una superficie como esa requiere alrededor de un millón de metros cúbicos al año de agua, mientras que la empresa de El Litri contaba con una autorización para regar menos de cinco hectáreas.

No obstante, WWF subraya que, aunque pueda llamar más la atención los casos en las proximidades del Doñana por la importancia del enclave, el robo del agua se está produciendo en todo el territorio español, fundamentalmente en la zona de Daimiel, en Castilla-La Mancha; en el Mar Menor, en Murcia, y Los Arenales, en Castilla y León, que duplican y hasta multiplican por diez las hectáreas regadas de forma ilegal en el entorno del Espacio Natural andaluz.

“El regadío es el gran consumidor de agua de España y su superficie no ha dejado de crecer en las últimas décadas. En aquellas zonas donde no existe agua disponible en ríos y embalses, se hace uso del agua subterránea, poniendo en peligro nuestra seguridad hídrica y sobreexplotando acuíferos. Esto ha llevado a que España sea el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa. Y esto sin contar la que se consume de forma ilegal”, advierte WWF en su informe sobre el robo de agua en nuestro país.Los cinco hermanos terratenientes

Una familia de cinco hermanos terratenientes ya ha sido condenada, en primera instancia, por haber extraído de forma ilegal durante más de cinco años casi 20 millones de metros cúbicos de agua para regar una finca de unas mil hectáreas de algodón y arroz, Hato Blanco Viejo, situada en las proximidades de Aljóbar, la propiedad de la Casa de Alba. El Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla los condenó el pasado septiembre a 3 años y 5 meses de prisión cada uno por un delito contra el medio ambiente y por otro de daños, así como a pagar una indemnización de 1,96 millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, una sentencia contra la que cabe recurso.

Los hermanos Campos Peña son latifundistas y también ganaderos de reses bravas, y un miembro de su familia saltó a la prensa rosa hace unos meses al casarse con una hija del empresario Javier Moro, marido de Patricia Rato, una sobrina de Rodrigo Rato, ministro con José María Aznar, dirigente del Fondo Monetario Internacional, condenado por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black y procesado por otros supuestos delitos.

En la sentencia firmada por la magistrada Isabel de Luque Piñana se detalla que, entre los años 2008 y 2013, los cinco hermanos acusados, entre ellos un sacerdote, “teniendo plena conciencia de la protección legal y valor ambiental del espacio de su propiedad”, detrajeron volúmenes de agua “muy superiores” al autorizado, poniendo “en serio riesgo el ecosistema”.

“Ha quedado acreditado que los acusados, por medio de la sociedad familiar en Hato Blanco, dispusieron de una instalación de tuberías y pozos que les permitió por un largo periodo de tiempo extraer las cantidades de agua subterránea pública sin tasa ni control administrativo de ninguna clase, de forma descontrolada (…) lo que alteró el balance hídrico en el acuífero y quebró el necesario equilibrio del sistema natural”, concluye la magistrada, quien luego añade: “Resulta acreditado que las cantidades de agua detraídas ilegalmente del acuífero por los acusados son de tal importancia que necesariamente coadyuvaron a poner en peligro el acuífero que alimenta al Parque Nacional de Doñana”.

Ecologistas en Acción ha estado años denunciando una extracción ilegal de agua en esta finca sevillana, transformada por el Plan Almonte Marismas que -subraya- convirtió zonas de gran valor ecológico en tierras de escaso potencial agrícola que precisan de una gran cantidad de agua, debido a su carácter salobre. Esta organización, sin embargo, ha criticado la impunidad con la que, a su entender, ha actuado durante años la familia Campos Peña.

“Es este caso, un claro ejemplo de responsabilidad compartida, la directa, achacable a los propietarios de Hato Blanco por el saqueo de las aguas de Doñana, pero también por parte de las Administraciones Públicas, porque permanecieron impasibles durante años y más años, conocedores del constante saqueo de aguas en los Hatos de la marisma de Doñana, que ha derivado en una de las situaciones más sangrantes de impunidad, en beneficios exclusivo de los intereses económicos de unos particulares y todo ello en detrimento de un Bien Común y Patrimonio Mundial que es Doñana”, afirmó Ecologistas en Acción cuando se emitió la sentencia.

La investigación sobre el uso del agua en la finca Aljóbar es un asunto que también afecta a varios hermanos, aunque Cayetano Martínez de Irujo ya se ha apresurado a desvincularse de la gestión de la empresa que explota la finca. En declaraciones al periódico Abc, el aristócrata y empresario ha desligado igualmente del caso a su hermana Eugenia, de la que dice que es presidenta temporalmente porque tienen un sistema de cargos rotativo.

“Esta finca es propiedad de mi hermano Alfonso y el que está designado por él para llevarla y representarle es su hijo Luis, que será el que se tenga que presentar en el juzgado. A mí este asunto no me compete desde 2015, cuando la finca pasó totalmente a manos de Alfonso y su hijo Luis”, ha manifestado Cayetano Martínez de Irujo. 

El PP suspendió el pasado 3 de octubre el proyecto de ley que ha acordado con Vox para ampliar los regadíos en el entorno de Doñana en contra del criterio de la Comisión Europea, la Unesco, científicos y organizaciones ecologistas. Los populares decidieron paralizar su iniciativa tras el acuerdo al que llegaron la Junta de Andalucía y el Gobierno central para destinar 350 millones de euros a proyectos en la comarca afectada en la provincia onubense afectada.