Laura (nombre ficticio) hablaba a Público por primera vez en el año 2018, cinco años después de la agresión sufrida, tras una detención policial en enero de 2013 en la ciudad de Córdoba. Casi dos años después de sus declaraciones, la víctima ha logrado que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) estimara que la denuncia por una brutal agresión en una detención policial y que fue desestimada por falta de pruebas, sea hoy ratificada por la ONU. “Me han hecho caso, he logrado que me escuchen y ya por ese motivo ha merecido la pena la espera”, declara en exclusiva a Público.

Laura ya ha pasado la treintena. Esta mujer cordobesa relata hoy a sus 40 años que “no hay un solo día que haya podido olvidar los hechos”. Entra a trabajar en menos de una hora pero Laura decide pararse para reflexionar de cómo se ha sentido en esta larga espera. Aunque “me habré recuperado de las lesiones físicas, las secuelas de aquella tortura estarán siempre en mi cabeza”. Esta mujer se encuentra actualmente en tratamiento psicológico y con medicación, una “rutina que muy a su pesar “no le ha permitido olvidar aquella noche que marcó mi vida para siempre” afirma.

La denuncia planteada a la ONU llegó gracias a la ayuda prestada a Laura por parte de la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, En el año 2014, esta víctima vio como “ni el Juzgado de Instrucción sobre el que recayó el caso, ni la Audiencia Provincial ni el Tribunal Constitucional reconocieron vulneraciones de derechos”. Según la justicia española “no había pruebas para demostrar la brutal agresión que sufrió Laura” a pesar de la rotura de su nariz y los fuertes golpes recibidos la noche del 27 de enero de 2013 cuando iba camino de su domicilio con 33 años de edad.

La justicia española nunca reconoció la agresión policial 

El informe del Comité contra la Tortura, al que ha tenido acceso Público, ha considerado que “el Estado español no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones no fueron causadas durante la detención”. Y pide en noventa días al Gobierno de España que se revise el caso y pueda iniciar el enjuiciamiento contra todos los responsables, incluso los policías que formaron parte de su detención. La condena del CAT llevaría a un enjuiciamiento de los responsables “por tratos crueles y falta de atención médica” a una ciudadana cordobesa dentro de una comisaría de la Policía Nacional.

Laura relata que a “día de hoy se conocen los nombres y apellidos de los agentes que estuvieron aquella noche en la comisaría”. Y que nunca ha borrado de su memoria. “Solo espero que este sea el paso definitivo para iniciar un expediente contra aquellos responsables, agentes de policía, responsables del 112 en los que nunca lograré confiar por mi falta experiencia”.

“Le tiraron del pelo y le golpearon"

A pesar del paso de los años, la víctima recuerda como iba caminando hacia la estación de trenes la noche del 27 de enero, “cuando fue interceptada por cuatro oficiales (tres hombres y una mujer) vestidos de civiles que, alegando ser policías, solicitaron revisar su bolso” . En el informe enviado a la ONU se aclara como “al encontrar en él una cartera que no pertenecía a la autora, los oficiales comenzaron a golpearla y a preguntarle dónde tenía las cosas supuestamente robadas”. Sin haber tenido derecho a un interrogatorio, la joven fue esposada “sin notificarle por qué la arrestaban, le tiraron del pelo y le golpearon contra el canto de la puerta del coche” Los golpes que sufrió en el coche policía, la vejación y el maltrato físico y psicológico es para Laura un duro trance que recordar.

Las secuelas de aquella agresión no fueron tomadas en cuenta por los agentes. “Los policías me dejaron salir con la nariz rota, media hora después de la detención sin tener pruebas. No me llamaron ni a un ambulancia”. A los dos días Laura, era intervenida en quirófano.

Laura espera justicia y reparación por todo lo ocurrido

Laura concluye que su abogado y la asociación APDHS se encuentran a la espera de que pasen los 90 días, para que la agresión sea reconocida por la justicia española y no le ocurra a nadie más. “Por eso tiene que ser contando, para que los ciudadanos conozcan que esto pasa en nuestras comisarías y se reconozcan la impunidad que existe”, señala. La víctima también espera que el reconocimiento de su denuncia también permita percibir una indemnización, después de siete años de los hechos.