Mark Swidan es un ciudadano estadounidense condenado a muerte en China por tráfico de drogas. Su caso reavivó el debate sobre la pena capital que en Estados Unidos y Occidente en general sólo parece cuestionarse cuando la aplica una potencia o país enemigo. El Departamento de Estado informó la semana pasada que un tribunal chino de Jiangmen había rechazado un recurso de apelación, pese a que la sentencia quedaría suspendida por los próximos dos años.

Mientras se desconocen estadísticas oficiales de Pekín en la materia, Estados Unidos está prácticamente dividido porque la pena de muerte se mantiene vigente en 24 de sus 50 estados. El senador republicano Ted Cruz, un duro entre los duros, presentó a principios de 2023 junto a su colega John Cornyn una resolución para que liberaran a Swidan. Pero la hemeroteca lo deja en evidencia porque, cuando era procurador general de Texas en 2007, se negó a revisar la situación del mexicano José Medellín, quien fue ejecutado el 6 de agosto de 2008.

Esa decisión complicó las relaciones diplomáticas con México, que tiene el número más alto de sentenciados a muerte entre los extranjeros residentes en EEUU. Hasta la fecha son 47 los detenidos en esa condición sobre un total de 131 que esperan la pena máxima, según estadísticas del Centro de Información de la Pena de Muerte (DPIC) con sede en Washington. Entre ellos también hay un argentino: Víctor Hugo Saldaño, condenado el 11 de julio de 1996 por un tribunal texano y que ya pasó más de la mitad de su vida en el corredor de la muerte.

El caso Swidan

El caso Swidan se convirtió en un tema de conflicto más en la deteriorada relación bilateral con el país asiático. Estados Unidos suele utilizar la palabra "rehén" para referirse a muchos de sus ciudadanos detenidos en otras naciones bajo diferentes cargos. No fue la excepción con este ejecutivo de Houston (Texas), arrestado en 2012 cuando lo acusaron de traficar con estupefacientes y cuya condena a muerte fue apelada sin éxito.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró que el Gobierno de Joe Biden estaba "decepcionado por esta decisión y seguirá presionando para lograr su liberación inmediata y su regreso al país". Katherine, la madre del empresario, se había quejado a principios de año de la situación de su hijo: "Me niego a aceptar que el país más poderoso de la Tierra no pueda traer a Mark a casa". Lo dijo en vísperas del viaje a Pekín del secretario de Estado, Antony Blinken, que fue suspendido cuando se agravó la tensión bilateral porque fueron detectados supuestos globos de espionaje chinos sobre territorio estadounidense.

La Corte Popular Intermedia de Jiangmen rechazó el jueves de la semana pasada el recurso de Swidan. Un caso del que se quejó el senador Cruz a principios de este año. El republicano que alzó la voz contra China es el mismo que ignoró el derecho elemental del ejecutado José Medellín a informarse de que podía recibir asistencia de los funcionarios de su consulado después de ser detenido. En aquel momento (2007-2008) había 51 mexicanos en los corredores de la muerte.

Ese doble rasero para juzgar a los condenados según su nacionalidad queda en evidencia ahora con el caso Swidan. Cruz fue más allá cuando era procurador: desconoció un fallo de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas antes de que Medellín fuera asesinado con una inyección letal. A su vez, cuestionó al entonces presidente de EEUU, George W. Bush, porque según él "se extralimitó" al ordenarle a la Corte de Texas la revisión de la condena.

Países que aplican la pena de muerte

De acuerdo al ranking de países que aplicaron la pena de muerte en 2021 –las últimas estadísticas validadas son de ese año– Estados Unidos ocupa el octavo lugar en ejecuciones y es el primero y único de Occidente entre los diez primeros puestos. A Irán se le atribuyeron 314 casos, Egipto con 83, Arabia Saudita con 65, Siria con 24, Somalia con 21, Irak con 17, Yemen con 14, Estados Unidos con 11, Sudán del Sur con nueve y Bangladesh con cinco.

El año pasado, según un artículo de la CNN publicado por Jennifer Hansler, las familias de estadounidenses detenidos en el exterior le pidieron auxilio al presidente Biden para lograr la liberación de sus parientes. Varias personas serían devueltas al país tiempo después. Los casos más sonados han sido el de la jugadora de baloncesto Brittney Griner encarcelada en Rusia que fue intercambiada por un vendedor de armas ruso detenido en Estados Unidos y el del exmarine Matthew Heath, arrestado en Venezuela en 2020 bajo acusaciones de terrorismo. Hoy continúa vigente una campaña para conseguir la libertad de los detenidos que se llama Bring our Families Home (Llevar a nuestras Familias a Casa).

Biden piensa que al ciudadano estadounidense le asiste un derecho diferencial sobre el resto de los habitantes del mundo. "Este verano firmé una orden ejecutiva –señaló en un comunicado– que impondrá nuevos costes, incluyendo sanciones y prohibiciones de visado, contra los autores de tales actos (por las detenciones que EEUU considere arbitrarias). Además, el Departamento de Estado ha introducido un nuevo indicador de advertencia D que está diseñado para ayudar a los estadounidenses a entender dónde y cuándo los viajes pueden incurrir en mayores riesgos de detención injusta, potencialmente por largos períodos de tiempo", declaró el presidente norteamericano.