Un tribunal de Myanmar ha presentado un nuevo cargo por "incitación" contra la líder depuesta del país, Aung San Suu Kyi, que se encuentra detenida tras el golpe de Estado, del que este lunes se cumple un mes. El presidente derrocado, Win Myint, también ha sido imputado por el mismo delito.

Suu Kyi, de 75 años, compareció mediante videoconferencia ante el tribunal en la capital, Naipyidó, indicó a Efe el abogado de la dirigente, Khin Maung Zaw. 
La nobel de la paz y líder de facto del país fue acusada el pasado 3 de febrero de la importación ilegal de un dispositivo telefónico y 14 días más tarde de un delito relacionado con la ley de desastres naturales.

La comparecencia se produjo mientras que cientos de birmanos volvían a salir a las calles este lunes para protestar contra el golpe y pedir la liberación de Suu Kyi y el resto de los detenidos tras la sangrienta represión policial de la víspera que dejó una veintena de muertos.

Este lunes, la Policía lanzó botes de gas lacrimógeno en las calles de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, mientras que varios medios locales informan además del despliegue sobre el terreno de militares en tareas de apoyo a la Policía.

Algunas personas en primera línea se protegían con cascos de plástico y rudimentarios escudos para desafiar un día más a las autoridades, que el domingo dispararon munición real. "Devolvednos la democracia" o "Abajo el régimen militar", son algunas de las proclamas que entonaban los manifestantes, quienes prometen "luchar hasta el final", conforme a los vídeos de medios locales que retransmiten en directo las protestas.

La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) indicó en su última actualización que durante el domingo se registraron víctimas mortales en al menos las ciudades de Rangún, Mandalay, Dawei, Bago, Magwe, Pakokku y Kyaukse, además de 200 personas que resultaron heridas. Con las muertes del domingo se elevan a 30 las víctimas mortales, conforme a las cifras de la AAPP, a raíz de la violencia desatada tras el golpe de Estado militar.

El relator especial de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, condenó la violencia y reclamó una acción más severa contra el Ejército, entre ellas sanciones específicas y coordinadas contra los responsables del golpe de Estado y contra los negocios de los militares, además de un embargo global de armas contra el país.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015. Según la AAPP, 1.132 personas, incluidos políticos, activistas y manifestantes, han sido detenidos desde el 1 de febrero, de los que 833 continúan bajo arresto.