El Gobierno de coalición va camino de afrontar el segundo mayor desafío de su corta trayectoria, tras la pandemia del coronavirus, con motivo de la guerra de Ucrania. Más allá del debate suscitado en las últimas semanas en torno al envío de armas a la resistencia ucraniana, el Ejecutivo ya está completamente volcado en cómo paliar las consecuencias económicas provocadas por el conflicto, en un momento en el que la creciente inflación está marcando precios sin precedentes en productos y servicios como la gasolina y el suministro eléctrico.

Aunque de momento no se ha suscitado ninguna discusión en público ni ninguna negociación en el seno del Gobierno, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos están poniendo las primeras piedras para tratar de dirigir la hoja de ruta del Ejecutivo en materia económica. El objetivo es claro: definir cómo va a afrontar España las consecuencias de la guerra y cómo va a ser la recuperación tras el conflicto.

El primero que está volcado en esta materia es el propio presidente, Pedro Sánchez, que el domingo anunció en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma que estaba abierto a una rebaja de impuestos en los sectores más afectados por la invasión de Rusia a Ucrania.

Antes, Sánchez ya había marcado su posición en un asunto económico trascendental, al mostrarse dispuesto a desacoplar el precio del gas del precio de la electricidad fijando límites, incluso aunque la Unión Europea no acompañara esta decisión (finalmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aseguró que se estudiarían medidas a nivel comunitario para que el mercado del gas no contagiara al de la electricidad).

En Unidas Podemos también han virado el foco hacia cómo afrontar las consecuencias económicas derivadas del conflicto. El pasado viernes Podemos celebró un Consejo Ciudadano en el que se habló de que el envío de armas a Ucrania había logrado estrechar los márgenes del debate público al monopolizar todas las reflexiones en torno a la guerra, lo que había dejado prácticamente sin espacio otros debates importantes, como el económico.

Por este motivo, el partido de Ione Belarra presentó una propuesta de "escudo social y verde" para paliar el impacto económico de la guerra, una serie de medidas que pretenden replicar el modelo de protección social que el Ejecutivo de coalición desplegó durante buena parte de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

Un nuevo escudo social

En aquel momento, el Gobierno impulsó medidas trascendentales en los ámbitos más afectados por la pandemia y por las restricciones (los ERTE en el ámbito laboral, la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros, la moratoria en el pago de alquileres...). La formación morada quiere volver a desplegar medidas de protección social en los sectores que están recibiendo un mayor impacto económico.

En su propuesta se incluye un plan de emergencia energético que contempla, entre otras medidas, un cheque único de 300 euros para 19 millones de familias (las que están en el denominado mercado regulado) con el objetivo de que tengan una ayuda para pagar la factura de la luz; o la detracción de los denominados beneficios caídos del cielo de las grandes empresas eléctricas, un dinero que se destinaría a rebajar la factura de la luz de los consumidores.

Podemos también ha propuesto una reforma para mejorar el Ingreso Mínimo -Vital, subiendo la cuantía hasta en un 18% y haciendo esta herramienta más accesible a través de la rebaja de 23 a 20 años de la edad legal para poder beneficiarse de la misma, y también reduciendo los umbrales de renta necesarios para poder percibirla.

En su propuesta de escudo social, la formación morada incluye buena parte de su reforma fiscal, en la que se recoge una subida impositiva del IRPF y de Sociedades para las grandes fortunas y las grandes empresas, y una serie de rebajas para las pequeñas y medianas empresas y para las familias vulnerables.

Podemos ya le habría trasladado su propuesta de escudo social al PSOE, aunque todavía no ha recibido respuesta acerca de las medidas que se han puesto sobre la mesa. En el partido dirigido por Belarra están a la espera de que Pedro Sánchez termine de concretar las rebajas de impuestos anunciadas, aunque se muestran favorables a reducir tributos como el IVA en determinados sectores o servicios "si eso ayuda a las familias".

Aunque desde Hacienda se ha dejado claro que, precisamente debido a la guerra en Ucrania, no se va a abordar una reforma fiscal de calado en el corto plazo, en Podemos insisten que es precisamente el impacto económico causado por el conflicto "lo que hace más necesaria que nunca una reforma fiscal para ir hacia un sistema progresivo, porque al final esta crisis la van a pagar los de siempre, los más vulnerables y el ciudadano, mientras que las grandes eléctricas siguen haciendo negocio", advierten.

Está previsto que en los próximos días y semanas este debate se intensifique en el seno del Ejecutivo, sobre todo si la inflación continúa escalando.