El PSOE y ERC mantendrán el jueves su primera reunión de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Un día antes, este miércoles, ambas formaciones se verán las caras a cuenta del decreto aprobado por el Gobierno en funciones con el fin de "frustrar la república digital catalana", una norma que permite al Ejecutivo intervenir redes y comunicaciones en situaciones "excepcionales".

La Cámara Baja reúne a la Diputación Permanente por última vez en esta legislatura, a menos de una semana de que se constituyan las nuevas Cortes surgidas de las elecciones del 10 de noviembre. El Parlamento deberá decidir si convalida o rechaza cinco decretos del Ejecutivo en funciones que decaerán si no se aprueban en la sesión parlamentaria.

La primera norma que se debate contiene medidas urgentes para paliar los efectos económicos y laborales de la quiebra del operador turístico británico Thomas Cook. La Diputación Permanente convalidó el decreto en su última reunión, pero la mayoría de los grupos apoyaron que se tramitara como proyecto de ley para que los partidos pudieran introducir enmiendas al texto del Gobierno.

Ya hay más de 60 enmiendas presentadas para modificar el decreto y, aunque en un principio el Ejecutivo socialista se abrió a que la norma pudiera sufrir cambios, los ajustados tiempos podrían dar al traste con las enmiendas de los grupos. Si esto sucede, se aprobará el texto original, ya que ya ha sido convalidado por el Congreso.

Es el segundo punto del orden del día en el que se prevé que haya un enfrentamiento entre los socialistas y ERC. El decreto de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones ha recibido numerosas críticas, tanto por parte de las formaciones catalanas como de algunas asociaciones de internautas y expertos en redes.

Durante el anuncio de la norma, Sánchez manifestó que la intención era la de "poner punto y final al proyecto independentista de la república digital" que, a su juicio, se está impulsando desde la Generalitat. La medida, añadió, obligará a que todos los servidores de las administraciones públicas del Estado español estén localizados en la Unión Europea y no puedan ubicarse en "paraísos digitales".

El líder socialista acusó al Govern de utilizar datos de la administración pública "con fines espurios" tratando de "violentar al Estado en el mundo online". El decreto fue calificado por los partidos catalanes como un "155 digital", ya que permite intervenir y asumir la gestión de redes y servicios de comunicación electrónicos en situaciones "excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".

600 millones para la Seguridad Social

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, adelantó este martes que el decreto no entraría dentro de las negociaciones de cara a la investidura, "no mendigamos con gestos", pero el debate en la Diputación sobre esta polémica norma puede servir de termómetro sobre el estado de las relaciones entre ambas formaciones a solo 24 horas de que arranquen las negociaciones.

El tercer decreto que se debatirá en la Cámara recoge una transferencia de 600 millones por parte del Estado a la Seguridad Social con el fin de "garantizar su equilibrio presupuestario". De esta manera, volverá al Parlamento uno de los temas más polémicos y que más ha dividido a los grupos en las dos últimas legislaturas: la viabilidad del sistema público de pensiones y las fuentes de financiación de la Seguridad Social.

Los dos últimos decretos hacen referencia a las medidas para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Madrid del 2 al 13 de diciembre, y a las reformas para garantizar una rentabilidad razonable a las instalaciones de energías renovables a partir del próximo año, con el fin de paliar las consecuencias de la reforma aprobada por el PP en 2013.