Apenas 36 explotaciones, de un total de 2.701, se llevan más de un tercio de las aguas subterráneas de uso legal que se extraen de las tres masas declaradas en riesgo en el entorno de Doñana.

Esos negocios ocupan 32 fincas de entre 50 y 250 hectáreas y otras cuatro de más de 250 y se llevan 30,98 hectómetros cúbicos de los 85 hectómetros autorizados por la administración cada año.

Dicho de otra manera, el 1,3% de los usuarios se llevan el 36,4% del agua. Estos son, sobre todo familias de la oligarquía latifundista, e industrias agrarias, sociedades anónimas dedicadas al arroz, un cultivo que requiere de mucha agua, los cítricos y también la fresa.

"La desigualdad en la propiedad de la tierra se traduce también al regadío, sin que el carácter de dominio público del agua corrija esta situación de partida en el régimen de propiedad de la tierra", se lee en el estudio Análisis de la explotación de las masas de agua subterránea del acuífero Almonte-Marismas declaradas en riesgo cuantitativo.

Este trabajo, del que están extraídos los datos antes enunciados, lo han elaborado el ingeniero agrónomo Joan Corominas y el catedrático de Geografía Leandro del Moral, ambos expertos en gestión hídrica y miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua, a partir del estudio de los censos de concesiones de agua de la CHG.

"Más agua para menos terreno. El caso es que cuando más grande la finca, mas agua por hectárea requiere", resume Del Moral en conversación con Público.

Sobreexplotación

La Confederación divide el acuífero de Doñana en cinco zonas, de las que tres, llamadas La Rocina, Almonte y Marismas, están "en riesgo de no alcanzar buen estado cuantitativo". Es decir, que está sobreexplotado y no tienen agua suficiente.

Las zonas más afectadas sufren "descensos de niveles continuados desde hace 50 años", cuando en los años 70 comenzó la explotación del acuífero para riego, y en alguna puntos "alcanzan los 20 metros", según el análisis de Corominas y Del Moral.

De estas tres masas de agua se extraen legalmente hoy 85 hectómetros cúbicos, según recoge el estudio. 29 de Almonte, 28,1 de Marismas y 27,9 de La Rocina. Sirve para que 2701 usuarios en total rieguen 19.558 hectáreas.

La mayoría son regantes en propiedades de menos de 10 hectáreas (2.493). Hay también ocho comunidades de regantes, que gestionan una cuarta parte del territorio, 5.760 hectáreas. Los ayuntamientos y entidades públicas tienen 1.392 hectáreas. El resto, más de 8.000 hectáreas son explotaciones mayores de 10 hectáreas, entre las que destacan esas 36 que recoge el trabajo.

El proceso de apropiación

La organización agraria COAG, que apuesta por un modelo familiar de agricultura sostenible basado en la explotación profesional de pequeñas superficies que mantenga la población en el territorio y cuide del entorno ya manifestó en una comparecencia en el Parlamento de Andalucía para hablar de Doñana que en los regadíos legales ya "existían desigualdades muy relevantes".

Eduardo López, su secretario de Organización, el mes de junio pasado, expuso que en la comarca se advertía "un modelo de grandes explotaciones, fondos de inversión que buscan rentabilidad a corto plazo sin preocuparse de los recursos ni de la gente", recoge Europa Press.

El estudio de Corominas y Del Moral corrobora ahora esa manifestación: "La masa Almonte, en la que predominan el cultivo del olivar y los frutales, tiene el mayor número de usuarios y la menor dotación por hectáreas, mientras que la masa Marismas en la que predomina el arroz, los frutales y los cítricos, 28 usuarios riegan 4.572 hectáreas con una elevada dotación por hectárea. En la masa La Rocina, especializada en la fresa y frutales, las explotaciones también tienen un mayor tamaño y una dotación superior a la media. La dotación por hectárea aumenta con el tamaño de la explotación".

Los expertos explican en el trabajo que "el deterioro de los ecosistemas de Doñana ligado a la creciente sobreexplotación del acuífero [debido al riego legal e ilegal] ha sido fruto de un proceso largo y continuado en el tiempo bajo la premisa de la apropiación privada de los recursos de agua subterránea, que son de dominio público, con la tolerancia de las diversas administraciones públicas competentes y en algunos casos con su connivencia, recogen Corominas y Del Moral.

"Distintos procesos de autorizaciones del uso del agua se han producido ante situaciones claras de transformaciones en regadío sin concesión o autorización administrativa previa", añaden.

"En un proceso de este tipo, las explotaciones más grandes, tecnificadas y con capacidad de gestión administrativa e interlocución con las administraciones han conseguido regularizar sus regadíos, mientras que las pequeñas explotaciones y las familiares han encontrado, frecuentemente, todo tipo de trabas para legalizarlas. El que la mitad de la superficie de regadío corresponda a grandes explotaciones es un reflejo de este proceso", remachan los autores del trabajo.