El despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, designado para investigar los casos de abusos a menores en la Iglesia católica, recoge un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas aunque no ofrece una cifra de abusadores.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado este jueves la última edición del informe Para dar Luz al que han incorporado los datos de la investigación que los obispos encargaron al despacho de abogados en febrero de 2022 y que fue entregado a los prelados el pasado día 16.

El informe de Cremades recoge un total de 1.383 denuncias "siendo indeterminado el número de personas victimarias", según la CEE. Sin embargo, advierte de que el análisis de los casos lleva a firmar que el número total de denuncias con arreglo a la metodología indicada asciende a 1.302, es decir 81 menos.

Además, señala que el hecho de añadir las 305 denuncias recibidas desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe a las ya comunicadas por las diócesis y congregaciones, "hace pensar que muy posiblemente esas denuncias están duplicadas" ya que desde 2001 las denuncias recibidas en diócesis y congregaciones se comunican a dicho Dicasterio.

La CEE ha evitado presentar la auditoría de Cremades y ha optado por integrar sus resultados en un trabajo más amplio, como es el informe 'Para dar Luz', que recoge datos de las Oficinas de protección de menores y prevención de abusos de las diócesis, de las congregaciones religiosas, y también de la investigación del Defensor del Pueblo o los medios de comunicación.

Los obispos rebajan así la importancia de este trabajo que se encargó al prestigioso despacho de abogados en febrero de 2022 y que, inicialmente, debería hacer concluido en el plazo de un año, aunque finalmente se ha retrasado diez meses provocando el enfado de los prelados.

De hecho, la CEE critica que el informe de Cremades "comete errores de concepto" como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores.

"El Informe-Auditoría realiza básicamente una recopilación de casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos", lamenta.

Así, presenta de manera desagregada las denuncias, agrupadas en congregaciones religiosas (619), diócesis (322) y otras instituciones como el Opus Deis (10) y los Legionarios de Cristo (10). Estas suman 961 denuncias, sin incluir las que han sido comunicadas exclusivamente del Defensor del Pueblo (118) al Dicasterio para la Doctrina de la Fe (305) y las recibidas por el canal de denuncias (55).

De esta manera el informe de Cremades suma un total de 1.383 denuncias "con un número de víctimas indeterminado, siendo también indeterminado el número de personas victimarias".

Sin embargo, la CEE advierte de que un análisis de la totalidad de los grupos analizados lleva a afirmar que el número total de denuncias con arreglo a la metodología indicada asciende a 1.302. Y un mínimo de 2.056 víctimas, "aunque es objetivamente evidente que el número es superior".

Entre las conclusiones, destaca que el perfil de las víctimas es mayoritariamente masculino, el lugar de los hechos más repetido son los colegios y seminarios menores y mayores y el perfil del abusador es mayoritariamente un sacerdote, religioso, o profesor responsable académico del menor en el 99% de los casos.

También existen casos de celadores, responsables de administración, actividades extraescolares o catequistas. El tipo de delito cometido es mayoritariamente es el "abuso" o "tocamientos", aunque los responsables del informe señalan que la gravedad de los hechos impide a las víctimas relatar lo acaecido.

Las fechas de comisión de los hechos abarcan desde el año 1905 a la actualidad. En cuanto a las consecuencias, el informe señala que "ni la Iglesia ni ninguna institución puede argumentar hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia".

"Los avances de la psicología del trauma han generado la necesidad de una respuesta contundente y sin excusa ninguna porque permiten visibilizar y honrar el daño producido a las víctimas", destaca.

Y para reparar a las víctimas pide que se reconozca el daño producido, que se pida perdón públicamente no sólo por el daño sino por el silencio permitido, que se tomen las medidas de prevención necesarias y propone también una indemnización económica para las víctimas.

Para ello, recomienda la creación de una Comisión Independiente "que no debe excluir la exigencia de una responsabilidad penal de la persona victimaria, donde la reparación sea acordada con la víctima".

Asimismo, Cremades afirma que la CEE debe asumir la responsabilidad de crear una Comisión de Seguimiento y Evaluación de las recomendaciones recogidas en este informe y dentro de cada diócesis se tiene que establecer un equipo coordinador del proceso.

Cada Oficina de asistencia a víctimas de las diócesis debe contar también con una figura de coordinación en contacto directo con el obispo responsable, un servicio de asesoría legal y una figura de acompañamiento a las víctimas con formación en psicología.