En el año 2018, el sacerdote Antonio Casado se presentó ante el notario de Vejer por orden del obispo. Monseñor Rafael Zornoza Boy le había exigido donar las fundaciones caritativas vinculadas con su parroquia.

El notario examinó la documentación, frunció el ceño y se negó a firmar. Las fundaciones, algunas de ellas con siglos de antigüedad, eran fincas donadas a la parroquia por particulares acaudalados para que se ofrecieran misas por su alma y obras de beneficencia.

Sus estatutos estipulan, sin el menor género de duda, unos fines específicos de obligado cumplimiento. Y designan un patronato de gobierno, con el párroco como administrador único. El notario fue claro: el párroco no podía donar una fundación que no le pertenecía. Y los bienes de la fundación no podían ser destinados a un uso distinto al predeterminado en los estatutos.

El obispo no se arredró ante los obstáculos legales de la operación. Le facilitó un nuevo notario menos meticuloso en el cumplimiento de la ley. Un fedatario de su plena confianza y asesor del Obispado. El sacerdote tenía dudas fundadas sobre una donación con clara apariencia de "estafa". Y así se lo transmitió al vicario general, presente en el acto.

"Entonces el notario me dijo que no me preocupara. Que esa firma de donación era buena para mí y me quitaría de líos". Y así lo hizo Antonio Casado en acatamiento de un decreto episcopal de una organización estrictamente jerarquizada.

Desde que Antonio Casado tomó posesión de la parroquia de Vejer de la Frontera no ha parado de observar anomalías económicas. Con anterioridad, había sido destinado en Algeciras, Zahara de los Atunes, El Colorado y también como misionero en Guinea Ecuatorial.

Vejer es una de las parroquias consideraras "ricas", gracias a la explotación mercantil del cementerio y de las capellanías o fundaciones caritativas. Solo el camposanto parroquial factura cientos de miles de euros cada año. Un negocio redondo. Justo por eso el anterior alcalde se decidió a construir una necrópolis municipal. Pero había un problema: sobraba uno de los dos cementerios.

"Del Obispado visitaron al alcalde y le pidieron un millón de euros para cerrar la necrópolis parroquial", asegura el sacerdote. "Yo no lo veía claro y llamé a una empresa de Sevilla para que hiciera un estudio sobre cómo mejorar la gestión".

Antonio Casado afirma que el alcalde se "compinchó" con el sacristán y se produjeron graves irregularidades en la gestión. El caso llegó a juicio y el sacristán resultó condenado. El juez ya advirtió de que el cura es el administrador único de la parroquia, que dispone de un CIF propio y diferente del Obispado. De manera que el prelado, en términos jurídicos, no tiene ninguna potestad ni sobre el cementerio ni sobre las fundaciones.

Una fundación de cementerios parroquiales rentables

Pero monseñor Zornoza, en colaboración con el ecónomo de la Diócesis, creó una "fundación ficticia" donde han incluido todos los cementerios parroquiales rentables. Los que no son productivos no interesan y se han quedado fuera.

"Puso como administrador único al ecónomo, Antonio Diufaín, cuando los cementerios son propiedad de las parroquias", advierte el sacerdote. "Diufaín ha sido el que lo ha liado todo. Ha tratado esto como una empresa y cree que los curas son empleados a su servicio. Y eso no es así", protesta.

De hecho, tras la absorción episcopal de algunos cementerios parroquiales, como el de Barbate, las tarifas han experimentado un incremento exponencial muy protestado por los vecinos. Algunos de los servicios se han multiplicado hasta por tres en menos de seis meses, lo que ha obligado a intervenir al Ayuntamiento, que estudia fórmulas para frenar el vertiginoso aumento de las tasas.

En el caso de los cementerios de Barbate y Zahara de los Atunes, además, se produce un hecho insólito. Ambos camposantos están construidos sobre suelo público y fueron inmatriculados por el Obispado en los años ochenta gracias a un subterfugio hipotecario previsiblemente inconstitucional.

El caso de las fundaciones reviste, si cabe, más gravedad. La mayor parte de ellas proviene de los siglos XVII y XVIII y en Vejer su número puede superar la treintena. Algunas son particularmente rentables. Es el caso de una finca arrendada a una compañía fotovoltaica, que genera más de 100.000 euros anuales.

Para la gestión de todo ese considerable conglomerado, Antonio Casado contrató a un administrador profesional. "Entre el cementerio y las capellanías pueden rentar varios millones de euros. No sabría decirlo concretamente", explica el ex párroco de Vejer.

"En muchos casos, el único patrono que queda vivo de las fundaciones es el párroco. Y ese dinero lo tiene que cobrar él, porque es el administrador general. No puede cobrarlo el obispo, que no pinta nada y tiene otra personalidad jurídica distinta", argumenta Casado.

El párroco envía el 90% de todos esos ingresos al Obispado para un fondo del clero, aunque a veces Casado los dedicaba a fines caritativos en Vejer. Cuando las relaciones se tensaron con el Obispado, el prelado interpuso una denuncia contra el párroco por administración desleal y lo suspendió como sacerdote.

"El obispo de Cádiz me obligó a donar las fundaciones de caridad para controlar directamente el dinero. Después fue en persona a la parroquia y se llevó todos los libros de las fundaciones. Solo se salvó una que escondió el sacristán. El obispo tiene miedo de que se vean todos esos estatutos que son del siglo XVIII, donde se impide que el dinero se utilice para lo que quiera él", manifiesta Antonio Casado. Y añade: "Para anular una fundación tienen que extinguirla legalmente. Tú no puedes decir que ya no existe porque hay unos herederos".

Un proceso que dura cinco años

El Obispado acusa al párroco de haberse quedado con 300.000 euros, en un proceso que ya dura cinco años. Ese dinero que echa en falta el prelado, según Antonio Casado, ha sido empleado en obras de caridad, que el sacerdote asegura haber acreditado ante el juez.

"El párroco era el administrador de esas fundaciones. Lo que no me parece lógico es que ese dinero que es para obras de caridad se utilice en comprar retablos o reformar casas del Obispado. Si es para los pobres, es para los pobres", subraya el sacerdote.

Casado fue suspendido en agosto de 2018. Desde entonces no tiene destino ni trabajo. Rafael Zornoza intentó secularizarlo. "Y eso sí que es grave. Quería sacarme de cura. Mandó a Roma un documento diciendo cosas falsas. ¿Qué pasó? Hubo un juicio en Sevilla y el Vaticano dijo que no había ningún motivo para secularizarme. Así que tiene que seguir pagándome el sueldo".

Cobra 1.000 euros y se ha visto abocado a vivir en una ermita de El Colorado que él mismo restauró con sus propias manos hace años. El obispo no quiere recibirlo ni responde a los escritos que le envía su abogado.

"Le he escrito al Papa y me ha respondido que tenemos que dialogar. Pero el obispo no habla porque no le da la gana. Sabe que ha metido la pata".

Antonio Casado no es el único cura díscolo de la Diócesis gaditana. En 2019, un centenar de sacerdotes protestaron por los abusos del obispo, que, según las denuncias, ha convertido el Obispado en una empresa especulativa. Con decenas de pisos propiedad de la Diócesis está haciendo negocio en lugar de dedicarlos a obras de beneficencia.

"Ha vendido todas esas viviendas a sus propias fundaciones para que la prensa no se le eche encima ni los cristianos de base. ¿Y de quiénes son esas fundaciones? De ellos mismos. Del obispo y del ecónomo. El obispo es patrón de una y el ecónomo patrón de otra".

Otro sacerdote y canónigo, Rafael Vez, también fue suspendido por orden episcopal tras escribir una carta crítica en la prensa denunciando todas las irregularidades de Zornoza. El obispo procede de una familia acomodada del madrileño barrio de Salamanca. Y, según Casado, tiene estrechas vinculaciones con la élite económica española.

"La Iglesia tiene que dar ejemplo como el Evangelio. Y por encima de la Iglesia está la caridad. Yo me he metido a cura y llevo treinta años aquí porque creo en la caridad", concluye.